Como era de esperarse, el decreto de necesidad y urgencia que oficializó el Gobierno nacional para reformular lo que considera una maraña jurídica que traba y atrasa el progreso del país y que sólo beneficia a la casta, generó la reacción de distintos sectores que se sintieron tocados por la extensa normativa.
Uno es la CGT, que durante los años de gestión del peronismo no movió el músculo a pesar de que las condiciones de vida de los trabajadores fueron empeorando mientras crecía la inflación.
También es cierto que la norma ha sumado otras críticas, entre ellas, las de referentes de la oposición, que consideran que la iniciativa del presidente avasalla las facultades del Congreso de la Nación y, por ende, le piden que abra ese cuerpo de derogaciones para que se debata en leyes puntuales.
Hay una cuestión técnica que no es políticamente menor. Estas reformas deberían tener el suficiente consenso político para ser blindadas. De otra forma, podrían ser pasajeras, ya que un próximo gobierno de distinto signo podría optar por el mismo camino –pero a la inversa– para dar de baja esas reformas.
Como fuese, lo que se juega en el fondo no sólo es la gobernabilidad sino la modernización de un Estado que durante años creció en regulaciones, burocracia y hasta normas que no se pusieron en práctica. Por fuera de las dobles varas que marcan a más de uno, se esté en la oposición o en el oficialismo, la cuestión es si estos cambios sustanciales permitirán mejorar la vida de los argentinos.