El Gobierno nacional ha sido claro respecto de las duras medidas que decidió tomar para sanear la economía de manera urgente. Son iniciativas antipáticas, impopulares, que generan costos en la población porque sus efectos, en el corto plazo, encarecen los
precios.
No han edulcorado nada y han aclarado que generarán efectos negativos. Dicho esto y,
mientras el costo de vida se vuelve aún más cuesta arriba de lo que ya era, llamó la atención de que se volviera a aplicar el impuesto a las retenciones a determinados productos de las economías regionales.
Entre ellas, el vino volverá a pagar impuesto a los derechos a la exportación. Por supuesto, el regreso de las retenciones cayó mal en la principal industria de Mendoza. Si bien el Gobierno ha dado sus argumentos sobre este gravamen –el país necesita dólares–, su aplicación ha sido despareja –no afecta a todos los productos– y, por otro lado, rompe una promesa de campaña hecha por el ahora presidente. El vino es mucho más que la identidad de esta provincia.
No sólo genera miles de botellas que se envían a otros países, sino también contribuye al desarrollo del turismo y, por ende, genera riqueza y empleo, por lo que no debería verse en apenas una dimensión. Es cierto que la emergencia pareciera justificarlo todo, pero también es esperable que exista un plan económico que permita aliviar la carga impositiva tanto de las empresas como de los consumidores. Lo curioso de este país es una lección de historia: hay impuestos que comenzaron a aplicarse a partir de una emergencia y nunca más se fueron.