Faltaban pocos minutos para las 13 de este lunes, hora prevista para la apertura de la inscripción de postulantes para acceder a una vivienda del IPV, y la página oficial reflejaba muchos inconvenientes no sólo para ingresar, sino también para navegar, hasta que, finalmente, colapsó apenas arrancó el operativo. A través del programa Mi Casa, el IPV salió a ofrecer 2.154 unidades habitacionales en más de 60 emprendimientos en varios departamentos. La demanda fue tal que el Gobierno debió abrir un enlace específico para los postulantes y aún no se sabe cuántos lograrán inscribirse y cuántos se quedarán fuera.
En abril, la Corte lanzó aquel famoso concurso para calificar a 200 puestos de trabajo en el Poder Judicial de la provincia, administrativos, básicamente, con un sueldo de 130.000 pesos. En horas, el número superaba los 35.000 inscriptos hasta que terminaron sumando cerca de 50.000.
En la semana se conocerá el dato oficial de la pobreza en el país y la provincia. Se presume que lo que refleje será, cuanto menos, espantoso. Cerca de la mitad de los argentinos vive en la pobreza, y no menos de un tercio de quienes trabajan en la formalidad en el país están por debajo del nivel de pobreza, con un sueldo promedio que ronda los $250.000, sumando todos los sectores, desde los mejor ubicados y calificados hasta los de menos.
El fracaso generalizado está reflejado en la escasez, el vivir en un país en esas condiciones y en una provincia donde somos pobres y cada vez más. Mientras, el desacople de parte de la dirigencia gubernamental es tan descomunal y obsceno que este lunes, el candidato a presidente por el oficialismo presentaba –con bombos y platillos, como trascendental anuncio– la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría: para quienes perciben salarios por arriba de los 1,5 millones de pesos, con un Mínimo no Imponible de un poco más de 1,7 millones de pesos –alrededor de quince salarios mínimos de los que se paga en Argentina– para que se tenga bien en claro.
Todo parece estar trastocado en un país claramente desequilibrado. ¿En qué sentido? El problema está en los millones de argentinos que no pueden acceder por sus propios medios y esfuerzo a una vivienda, porque no hay crédito, o a un mínimo empleo, porque nadie de la fuerza productiva privada lo puede ofrecer, garantizar y otorgar y, porque aquel que tiene el empleo, en todo caso, ha visto caer tanto su salario hasta caer en la pobreza.
Mientras, el candidato del oficialismo, entornado por la CGT encabeza un acto de campaña para festejar la eliminación de un impuesto que está afectando ya a unos pocos. Y el valor que queda por fuera es mucho más curioso: sólo 80.000 argentinos están exceptuados de la medida anunciada este lunes, que sólo esa cantidad de personas están cobrando por arriba de ese 1,7 millón de pesos: el número más claro y explícito del país empobrecido.
La pobreza no es sólo económica, es integral. Es cultural, educativa y de interpretación. Y claro que todo ese déficit se pone de manifiesto en momentos electorales, con un Estado omnipresente, obligadamente, porque no se supieron crear las condiciones para que la mayoría de la población pueda vivir en función de lo que quiere y necesita y con posibilidades de aspirar a más, sin caer en la dependencia del Estado benefactor; esa cara, de las tantas del Estado, que más satisfacciones otorga para quien llegó a administrarlo sólo con intenciones de sacar un provecho narcisista, ya fuese en lo individual o como proyecto o régimen político.
Puede que lo que se necesita que venga esté atado a otras visiones, más sofisticadas de lo conocido, algo que, evidentemente, tendría que ser una demanda que surja del resultado electoral. Y, entre tantas incógnitas, surge esta última: ¿cuánto de todo lo que requieren los nuevos tiempos puede estar reflejado en los resultados electorales que se avecinan? ¿Quién sabe si, en verdad, colectivamente, la mayoría está preparada para exigir de verdad un cambio en serio y no fantasías?