A fines de junio, una organización narco que traía cocaína desde el norte del país fue desbaratada por la Brigada de la División Unidad Operativa de la Policía Federal de Mendoza luego de cuatro meses de investigación. La operación se bautizó Papa Blanca y permitió el secuestro de más de 18 kilos del polvo blanco fraccionados en ladrillos con el sello de un delfín, pequeñas cantidades listas para la venta, armas de fuego y municiones.
En su momento, se habló de un cargamento millonario en pesos para ser distribuidos en algunas barriadas de la zona metropolitana. Y no es para menos: el kilo de esa droga está valuado en la calle en más de 10.000 dólares.
El hallazgo de pistolas de grueso calibre y cientos de proyectiles durante los cerca de diez allanamientos que autorizó la Justicia evidenció que estaban frente a un grupo de alto alcance, que podía llegar a cometer otros delitos o, simplemente, utilizar esos elementos de protección para sus actividades ilegales, tal como contó El Sol cuando reveló los trabajos investigativos.
En total, hubo seis detenidos sospechados de ser parte de una red delictiva dedicada al transporte, acondicionamiento, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo y en grandes cantidades. Entre los acusados quedaron complicados un taxista, su pareja y la suegra, se desprende de los trabajos investigativos.
El trabajador del volante, durante las noches, transportaba la sustancia y su mujer y la madre de ella habrían estado al tanto de las maniobras de comercialización, sin descartar su participación.
Pocos detalles habían trascendido sobre quiénes eran los integrantes de la banda. Sin embargo, este diario supo que entre ellos se encuentra el llamado jefe de una estructura vertical, Luis Aníbal Rodríguez, un hombre nacido el 25 de abril de 1967 y “poco conocido” en el bajo mundo de las drogas.
Domiciliado en la manzana H del barrio Colombia I de Las Heras, era quien se “hacía respetar” cada vez que tenía contacto con los personajes que adquirían la droga para luego repartirla en diversos quiosquitos del Gran Mendoza.
Rodríguez mantenía relación directa –se desprende de las pruebas– con su hijo Eric Gastón (31) y un sujeto identificado como Simón Leonardo Daniel Medina, de 28 años, sin antecedentes por violar la ley 23.737, con domicilio en calle San Luis de ese departamento.
El presunto jefe de la banda también tenía otra propiedad a la que llamaba “rancho”, en la intersección de Pasaje sin número y Puebla de Guaymallén, donde los federales hallaron y secuestraron el llamado cargamento “madre”. El mismo estaba oculto en unos de los sectores de la propiedad y se dividía en 12 envoltorios de papel metalizado con la cocaína compactada con un peso de 13,507 kilogramos.
Hace pocos días, el juez federal Marcelo Garnica procesó con prisión preventiva a todos los sospechosos que cayeron en los operativos desplegados en la vía pública y durante los ocho domicilios que allanaron los efectivos federales a fines de junio. La mayoría de los acusados declaró durante la instrucción e intentó ir en contra de las pruebas que se sumaron durante más de cuatro meses de trabajos de seguimiento en la calle y escuchas telefónicas directas.
A pesar de las estratégicas defensivas, el titular del Juzgado Federal Nº3 de Mendoza, quien también subroga al Nº1 por la suspensión del cuestionado y separado juez Walter Bento, analizó todo el material probatorio incorporado en el expediente en esta etapa y dictó el procesamiento por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas. Además, fijó un embargo de 1.102.500 pesos para cada uno de los sospechosos.
Al señalado cabecilla del grupo le agravó su situación y también le endilgó el transporte de la droga. De las maniobras de los pesquisas federales se concluyó que, días antes de su captura, minutos después de bajarse de una camioneta Fiat Toro bordó, a las 20 del 30 de junio, cerca de la plaza de Las Heras y mientras ocultaba en el vehículo más de dos kilos de cocaína que previamente había retirado del llamado “rancho”, viajó a Jujuy para traer el cargamento mayor del polvo blanco.
Mientras la Policía Federal realizaba los trabajos de campo incorporó información determinante para el futuro de la causa. Detectaron, gracias a las escuchas telefónicas, que Luis Rodríguez estaba en el norte del país el viernes 23 de junio, precisamente, en Jujuy.
Las comunicaciones que hizo durante su estadía en ese territorio y el impacto de las antenas alertaron a los detectives, debido a que se trata un destino usual para los compradores de la cocaína que se produce en Bolivia.
La hipótesis sostiene que el jefe de la banda había viajado a esa provincia para traer el cargamento que luego iba a ser distribuido en Mendoza. Siete días después, el viernes 30, los días en la calle de Rodríguez se terminaron. A las 20 de esa jornada, también gracias a la intervención telefónica directa, se supo que mantuvo una conversación con un hombre identificado como “Daniel”, quien le pedía “dos litros de aceite”.
La respuesta del señalado narco fue positiva. Dijo que no tenía problemas para acercárselos porque “le acaban de llegar dos tachos, uno de Shell y otro de YPF, y que no había problema para llevárselos a su negocio”, tal como declaró en la causa uno de los policías que participó en los trabajos investigativos.
Justamente, para los responsables de la pesquisa, Rodríguez hablaba en código con sus “clientes” para hacer referencia al estupefaciente e intentar burlar cualquier tipo de seguimiento que lo perjudique judicialmente. Mencionaba palabras como “aceite”, “elemento” y destacaba los “trabajos” que tenía que hacer cuando hacía referencia a sus actividades ilegales. Otros de los procesados por ser parte de la banda, también fue detectado hablando de “lomos” que le habían encargado.
Lo cierto es que Rodríguez llegó hasta la zona de la entrega en la Fiat Toro y la dejó estacionada a metros de la plaza Marcos Burgos. Los policías lo estaban esperando y controlaban cada movimiento. Lo ubicaron y fueron tras él. Una hora antes, había salido de la otra vivienda a la que llamaba “rancho”, en Guaymallén, donde estaba escondido el cargamento mayor. Los efectivos también le venían marcando el paso desde ese lugar.
Antes de llegar a local, los policías le frenaron el paso. Al ser identificado mostró una tarjeta verde automotor y manifestó que su hija lo había acercado hasta la plaza, acción que era totalmente falsa porque los efectivos ya lo habían detectado arribando en soledad. Al preguntarle sobre la camioneta, por la identificación que presentó, dijo que se encontraba guardada en un depósito porque pertenecía a un frigorífico, confirmando de esta forma que no decía la verdad.
Acorralado por las preguntas, los policías le dijeron que lo habían marcado desde horas antes y que sabía que había arribado a la zona en la Toro para hacer un “delivery” de cocaína. En ese momento, Rodríguez no tuvo otra alternativa que confesar que “tenía dos paquetitos atrás” y los acompañó hasta el lugar donde la había dejado estacionada. Efectivamente, debajo del asiento del conductor, en la parte trasera, dieron con dos ladrillos envueltos en cinta plateada que hicieron un peso de 2,171 kilogramos.
Las medidas
Confirmada la detención y el hallazgo de la sustancia, se desarrollaron una serie de allanamientos en propiedades que ya habían sido identificadas y que vinculaban a un familiar directo de Rodríguez –su hijo– y otras personas que tenían contacto con él y también hablaban entre ellas. Esos sospechosos, sostiene la hipótesis principal, comercializaban la droga que el citado jefe traía desde el norte.
Hubo medidas en el barrio Colombia I (allí secuestraron 4 frascos con marihuana), un papel con anotaciones varias, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo (132.290 pesos) y se produjo la detención de Eric Gastón Rodríguez. Este hombre de 31 años declaró en la causa y dijo que no tenía relación con la venta de drogas, agregando que el vínculo con su padre era “una relación normal”.
También fue detenido Simón Medina, un hombre que se contactaba periódicamente con Rodríguez, se entiende por las pruebas, para comprarle la cocaína. De las escuchas telefónicas surgió que “Medina le demostraba respeto y consideración” a Rodríguez y que obedecía “órdenes, como si fuese un eslabón más alto en la cadena de venta de sustancias”. Del lugar donde vivía dieron con tres celulares, dinero en efectivo (argentinos, chilenos y dólares) y un VW Gol Trend.
De dos domicilios donde, se cree, que Medina acopiaba estupefacientes y organizaba reuniones con compradores de la droga que venía de Rodríguez, en calles Corrientes y el barrio Dorrego de Las Heras, respectivamente, secuestraron dos cajas de 50 cartuchos calibre 9 milímetros y escasa cantidad de cocaína y marihuana.
Medina, al mismo tiempo, mantenía relación con otras personas para la distribución en los lugares de venta al menudeo. Se destaca el taxista Nahuel Pereira, quien cayó con su pareja, Irene Vázquez, y la suegra, Elena Aguilera. Del registro de la casa de los primeros, en calle España de Las Heras, se incautaron 22 envoltorios de nailon con cocaína (126 gramos), 357.640 pesos, dos pistolas Bersa 9mm, una importante cantidad de municiones calibres 9mm y 22 y cédula de legítimo usuario.
Por su parte, en la casa de Aguilera, en el barrio 26 de Enero, hallaron una caja con 717 gramos de cocaína, un revólver y una pistola calibre 22, municiones, dos balanzas de precisión con restos del polvo blanco y dinero en efectivo.
El taxista Pereira declaró en la causa y dijo que su pareja y la madre de ella no tenían nada que ver con el hallazgo de todos esos elementos. “Yo escondí las cosas allí, yo tenía la llave y mi suegra no sabía nada”, aseguró.
Sin embargo, para la Justicia resultó difícil creer en su versión, debido a que existen comunicaciones entre él y Vázquez en lo que hacían referencia a lo que serían envoltorios de cocaína “similares a los secuestrados en su domicilio”, sostiene la causa.
De acuerdo con fuentes de la causa, los detenidos en la Operación Papa Blanca están complicados de cara a lo que viene. Si bien no sería este año, es posible que los seis sospechosos terminen siendo juzgados durante el 2024.