La fecha clave es el 27 de noviembre. Walter Ricardo Bento sabe que esa es su última cuenta regresiva. Casi que ni le interesa, por ahora, lo que está pasando en la sala de debates de Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza. No es más que la lectura del resumen de un expediente que se sabe de arriba abajo; más que sus abogados, seguramente.
Más allá de la degradación de sentarse en el banquillo de los acusados en el edificio que hasta hace no tanto recorría de manera conspicua y sintiéndose intocable, la vista está puesta en esa fecha. Ese día, el Jury de Enjuiciamiento tendrá que tener un veredicto sobre su desempeño como juez federal. Es a suerte y verdad. Y será el que determine si a partir de ese momento, cada vez que ingrese al juicio, lo hará esposado y proveniente de un calabozo. Lo que está en juego en el juicio político es su libertad.
La legislación marca que, una vez suspendido por el Consejo de la Magistratura y notificadas las partes, el Jury tiene 180 días para llevar adelante todo el proceso y resolver. Caso contrario, el magistrado en cuestión deberá ser restituido.
El almanaque está corriendo. Los delitos por los que Bento está imputado son graves. De ser encontrado culpable, arriesga una pena que va de los 5 y a los 50 años de prisión. Las calificaciones van y vienen del Código Penal, pero las más importantes tienen que ver con su rol como jefe de una asociación ilícita para el cobro de coimas en el seno de la Justicia Federal. A cambio de sumas que iban a los 40 mil a los 500 mil dólares –siempre en efectivo-, Bento morigeraba la situación procesal de imputados que, por lo general, estaban involucrados en causas de contrabando o de narcotráfico. Esa fue la hipótesis de investigación del fiscal Dante Vega, convalidada por el juez Eduardo Puigdéngolas y confirmada por la Cámara.
Por todos esos hechos, y por conductas impropias para un juez, el Consejo de la Magistratura también lo suspendió el 31 de mayo de este año e inició el proceso para su destitución.
Si no fuera por sus fueros –que continúan vigentes a pesar de estar suspendido- estaría detenido en un calabozo dependiente del Servicio Penitenciario Federal. Sobre él pesan varias prisiones preventivas confirmadas, además de la sospecha vigente de un intento de fuga y de la corroboración de que durante la instrucción de la causa intentó interferir con la investigación. De hecho, parte de sus imputaciones son por “abuso de autoridad” y “omisiones y retardo de justicia”. Por eso, a pesar del principio de inocencia, pasaría al menos el resto del juicio oral y público tras las rejas.
“Ninguno tiene intención de convertirse en calabaza. Sabemos que tenemos una fecha límite y vamos a respetarla. Porque, después de eso, sería un bochorno no tener una sentencia”, aclaró un integrante del Jury.
El tribunal está constituido por los jueces Javier Leal de Ibarra y Javier de la Fuente; las diputadas Ana Romero (PRO) y Anahí Costa (Frente de Todos), y los senadores Daniel Bensusán (Frente de Todos) y José Torello (PRO); además, el abogado Alfredo Barrau representa a los profesionales.
El Jury está en marcha. Ya hubo reuniones y se habilitó la etapa de presentación de pruebas y ofrecimiento de testigos. Pero, lo más importante, es que existe consenso para que culmine en tiempo y forma. Si la sentencia será condenatorio o absolutoria, es otra historia.
El inicio estimado de las audiencias es a mediados de septiembre. Como no hace falta que Bento esté de manera presencial, no interferirá con el debate oral. Al contrario, durante esos días irán en paralelo aumentará la tensión de la causa.
El último antecedente de un Jury de Enjuiciamiento se remite a seis años atrás. El protagonista fue Eduardo Freiler, un juez federal muy cercano al kirchnerismo que nunca pudo justificar su nivel de vida a pesar del suntuoso sueldo por su cargo. Fue destituido en noviembre de 2017, aunque, a diferencia de Bento, no enfrentaba un proceso penal tan duro.
El Consejo de la Magistratura también hizo foco en los onerosos gastos de Bento y de su familia y en la vaga explicación para argumentar esos desembolsos de dinero. Autos, viajes, propiedades y una serie de lujos que desafiaron la contabilidad.
La Corte Suprema también está interesada en el tema. Terminar el caso Bento sería una forma de mostrar que a los jueces federales se los está controlando y que también se los sanciona si se cruzan a la vereda del hampa. Por eso habilitó contratos a plazo fijo para que los integrantes del Jury cuenten con asistencia y así acelerar los tiempos. Eso convenios vencen el 27 de noviembre; el mismo día que Bento puede perder su libertad.