La Argentina camina un peligroso camino de riesgo institucional. El proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia conlleva la obsesión de un gobierno con argumentos que son debatibles y no menos polémicos, en un contexto enrarecido por el espionaje ilegal. Como consecuencia, dado que no cuenta con el respaldo político suficiente, la estrategia promete chocar contra una pared.
La deserción de gobernadores, que en un principio apoyaban, ha provocado que la Casa Rosada presione para conseguir las adhesiones. Lo que está en juego, más que el porcentaje de coparticipación de una provincia en particular, son las obras públicas que se requieren para la campaña electoral.
El federalismo, entonces, muere en su misma proclama cuando lo que pesa es la arbitrariedad y la connivencia. Si en verdad lo que importa es lo que cada distrito o jurisdicción reclama para sí de los fondos nacionales, entonces, en algún momento debería haber una discusión en serio sobre el reparto de esta formidable torta, a la que también Mendoza aporta lo suyo en materia de petróleo, por ejemplo.
Pero estamos lejos de que la dirigencia tienda puentes, porque lo urgente es cerrar los números para la campaña que se viene. Por el contrario, lo que se desnuda es la soledad y pérdida de credibilidad en la principal figura de la Nación.