La encuesta Burnout 2022, del portal de empleo Bumeran, que viene de dar a conocer hacia finales de octubre los resultados de su último trabajo regional, ha confirmado lo que muchos intuimos: que 86 por ciento de los trabajadores argentinos se siente “quemado”. Es el porcentaje más alto de la región, cuya media se encuentra en 81 por ciento, un dato por demás inquietante, desde ya.

Pero lo preocupante no parece estar focalizado solo allí, en ese estado de colapso constante en el que se encuentra cualquier empleado o trabajador que debe lidiar con la realidad tan particular que le ofrece a diario el país: tal frustración, dice el informe, lo empuja a otro escenario que es el que permite, a su vez, encontrar una de las tantas explicaciones de la decadencia: en general, cuentan con un nivel educativo menor que el resto y reciben, por consiguiente, los salarios más bajos.

Quemados mentalmente, cansados físicamente, envueltos en una situación de estrés del que no pueden zafar, mal formados y con ingresos que no les alcanzan para alcanzar una mínima buena calidad de vida. Esas parecen ser las características que describen a la fuerza laboral argentina y a buena parte, por no decir toda, de su clase media. Una clase media que ha perdido, desde una buena cantidad de años a esta parte, todo aquello que la identificaba en América latina y que la convertía en sobresaliente: la fuerza innata para buscar el ascenso social permanente y tender siempre hacia él.

El próximo gobierno constitucional, el que suceda al del cuarto kirchnerismo, que tiene Alberto Fernández al frente desde lo formal y a Cristina Fernández de Kirchner en el control del poder real, tendrá desafíos tan descomunales como obligados a enfrentar, empezando desde ya por el de la mentada estabilización económica del país. Un objetivo que supondrá esfuerzos ni siquiera imaginados y mucho tiempo por delante para ver los resultados, siempre de acuerdo con lo que evalúan los expertos.

El dato del no crecimiento del empleo en Mendoza y el país está atado al estado de desquicio general, desde ya, pero también ahora sumado al nivel de capacitación y de formación de quienes están empleados y de aquellos que lo buscan, lo anhelan, lo necesitan imperiosamente, pero no lo consiguen.

El Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la fundación Mediterránea, ha profundizado en el problema y en el diagnóstico. Una de sus economistas miembro, la cordobesa María Laura Caullo, quien ha dirigido la investigación sobre el empleo, el nivel salarial y la comparativa entre lo que sucede en el ámbito público y en el privado, ha identificado que, de los 20 millones de trabajadores que tiene el país –de un total de 46 millones de habitantes–, un tercio de ellos no ha concluido los estudios secundarios.

Con esa particularidad, es muy difícil, sostiene el IERAL, que se pueda planificar y pensar en Argentina en torno a los empleos del futuro, ni tampoco en satisfacer lo que el mundo de la pospandemia y del que se podría configurar para el fin de la guerra en el este europeo entre Rusia y Ucrania demanda: la necesidad de elevar los niveles de productividad de la actualidad.

El panorama, desolador, ha dejado al descubierto otras características, como que alrededor de 17 millones de trabajadores en Argentina denuncian insatisfacción, por los bajos salarios que perciben, por la precariedad y la informalidad en la que se mueven y por tener que apelar, casi sin alternativas, a lo que se conoce como el monotributo social para zafar, si se quiere, del empleo en negro.

En ese universo, los empleados públicos le sacan un pelo de ventaja a los privados desde el nivel de ingresos. El IERAL ha confirmado que en Argentina, por cada $100 que cobra un trabajador estatal, el privado cobra $83 y es peor aún lo que le depara al trabajador informal, que recibe $50 por $100 del público. Los trabajadores informales del país suman 40 por ciento del universo. Son 8 millones de personas que subsisten sin obra social, sin vacaciones, sin aguinaldos y muchos de ellos, una inmensa mayoría, se recuesta en el Estado y en sus políticas de asistencia social.

Un drama que se retroalimenta y que explica el crecimiento de la pobreza y la marginalidad. Todo en un país que viene de enfrentarse con su propia manifestación de fracaso y decadencia, el hecho de que, en un año, solo en un año, la canasta básica alimentaria nacional aumentó 100 por ciento.