En julio, cuando la Provincia tomó la decisión de emitir bonos por un monto cercano a 4.000 millones de pesos para hacerle frente a un grupo de diversos vencimientos y obligaciones que se le venían encima, al explicar la situación de complejidad, el gobernador Rodolfo Suarez hacía mención al contexto nacional e internacional que atentaba contra las finanzas públicas y las sometía a zozobras conocidas. Subido a ese tren, Suarez no dejaría pasar la oportunidad que se le presentaba para adelantarse a la discusión presupuestaria que surgiría hacia el último trimestre del año. “Lo que necesitamos los mendocinos, se lo voy a implorar a la oposición, es la herramienta del roll over”, diría casi al final de aquel mes.

El presupuesto del 2023, al que se refería el gobernador casi dos meses atrás, fue presentado el viernes en la Legislatura y, este lunes, en conferencia de prensa, fue largamente explicado y justificado por un Suarez a quien acompañaron Víctor Fayad, el ministro de Hacienda de la provincia, y Alejandro Gallego, titular de Aysam y ex de Hacienda también. La sorpresa del momento apareció por el lado del endeudamiento y por el desistimiento por parte del Gobierno del roll over, un mecanismo que le permite a la administración remplazar los vencimientos cercanos de capital de una determinada deuda por un nuevo endeudamiento con distintas entidades financieras. Con la nueva deuda se paga el vencimiento cercano y se patean hacia adelante las obligaciones, obteniendo nuevos plazos y, en el mejor de los casos, tasas de interés más convenientes. Esto, que se denomina roll over –o también rolleo de la deuda–, les permite a los gobiernos liberar los recursos destinados a pagar los vencimientos inminentes o del año y destinarlos, por caso, a obra pública. Pero, para obtener ese nuevo endeudamiento, la administración necesita la aprobación de la Legislatura con una mayoría especial. Y, aunque el oficialismo domina las dos cámaras, sus votos no le alcanzan para reunir los dos tercios, con lo que, sí o sí, depende del peronismo para conseguir esa herramienta.

Tanto a Suarez como a Alfredo Cornejo, el peronismo les retaceó la aprobación de los diferentes roll over que fueron solicitando. Y, desde un buen tiempo a esta parte, el kirchnerismo espera con ansiedad el momento de la discusión presupuestaria porque sabe que sus votos se transforman en más que importantes y, a veces, en imprescindibles. Nunca como en esos momentos, en los que una norma requiere de la mayoría especial, el peronismo consigue una máxima atención sobre sus movimientos y decisiones.

Pero, este lunes, Suarez confirmó que no hará uso del roll over que en julio le imploraba a la oposición, aunque esto no significa que no necesite de un mayor o de un nuevo financiamiento. 

¿Qué se modificó de julio hasta ahora? Se cree que en el cambio de decisión y estrategia han incidido, posiblemente, tres factores: un escenario de coyuntura donde los pesos en el sistema financiero argentino están sobrando o hay en exceso; una buena conducta de algunas provincias, entre las que está Mendoza, que se han ganado el mote de cumplidoras por historia, y un tercer aspecto que tiene que ver con las expectativas electorales del año que viene porque, según creen ver en Mendoza, el mercado ha comenzado a vislumbrar una probabilidad cercana de que cambie de manos el Gobierno nacional. Tal situación le está impidiendo a la Nación rollear su deuda más allá de octubre, fecha de las elecciones generales en el 2023, pero no así a las provincias que, se cree, podrían continuar en manos de quien actualmente las gobierna, lo que serviría tanto para las administraciones peronistas como para las de la oposición, como Mendoza.

El gobierno de Suarez, entonces, al desistir del roll over, haría uso de la Ley de Administración Financiera. Por esa norma, la Provincia podría endeudarse sin pedirle autorización a la Legislatura, siempre y cuando mejore las condiciones de las deudas que ha contraído en el pasado. Usaría el artículo 68 de esa ley, el que determina los requisitos: “El Poder Ejecutivo puede realizar operaciones de crédito público (…) en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales, o permita liberar o cambiar garantías o modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda”.

La situación que se le avecina al gobierno de Suarez en su último año de gestión es complicada desde los vencimientos de la deuda en dólares. Son unos 120 millones de dólares, entre capital e intereses (90 millones de capital y 30 millones de intereses). Vencen en dos cuotas similares: en marzo y en setiembre, por 60 millones de dólares cada una. Además, tendrá vencimientos de deuda en pesos por unos 5.000 millones, aproximadamente.

Suarez aspira a que sus funcionarios en Hacienda consigan el equivalente en pesos para pagar los dólares que vencen. Con esos pesos irán, si los consigue, desde luego, al Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) del Banco Central. No será la primera vez que el Gobierno use la Ley de Administración Financiera ni será la última. El gobernador ya se aferró a esta norma para renegociar la deuda con el Banco Nación, por caso. 

Ahora bien, ¿por qué no se apela siempre a la misma ley y se evita el desgaste de la aprobación legislativa de un roll over que necesita de una mayoría especial? Se trata, en apariencia, de cómo impacta la coyuntura y, por supuesto, de los condicionamientos: cuando el Ejecutivo consigue un roll over, una autorización de un nuevo endeudamiento, lo hace sin cumplir condiciones especiales ni particulares. En cambio, para aplicar la Ley de Administración Financiera, sí o sí, las condiciones que asuma con la deuda deben ser más beneficiosas que la que remplazará y sin aumentar o incrementar el volumen de la misma.