En medio de la polémica por la asignación de 12 mil hectáreas de Malargüe a una empresa para la construcción de un centro de esquí, el gobierno provincial creó la Unidad de Gestión y Administración de Tierras Fiscales (UGATiF), que depende de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.

“Asígnese a la UGATiF la función de aplicar en lo pertinente la normativa referida a la gestión y administración de tierras fiscales. En particular, impulsar y sustanciar los procedimientos administrativos tendientes a cumplimentar lo previsto en las Leyes Nros. 4.711 –de Planes de colonización-, 6.086 –de Promoción y arraigo de puesteros– y 6.920 –de preexistencia étnica y cultural del pueblo Huarpe Milcallac-, como así también lo dispuesto en Leyes especiales dictadas y a dictarse en dichas materias”, destaca el artículo 2 de la resolución de la SAyOT, firmada el 24 de enero y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Casi un mes antes, el 23 de diciembre, el gobierno oficializó la cesión de las hectáreas en el sur provincial a la empresa El Azufre. Esa medida, pese a contar con el aval de la Fiscalía de Estado, fue duramente cuestionada por la oposición y por organizaciones ambientalistas.

En los considerandos de la norma se destaca que es “necesario y oportuno” desarrollar un ámbito de actuación “para la gestión y administración de los procedimientos relacionados a tierras fiscales, planes de colonización y arraigo”. Y añade que la UGATiF “deberá velar por la regularización de los procedimientos en trámite”.

De acuerdo con la resolución de la Secretaría de Ambiente, la UGATiF tendrá nueve “atribuciones y competencias”:

  • Elaborar los proyectos de los actos administrativos referidos a la gestión y administración de tierras fiscales y de colonización. Cuando se trate de adjudicaciones deberá formularse el respectivo programa o proyecto sobre la base de programas enmarcados en la política que fije el Poder Ejecutivo.
  • Gestionar información, evaluación y contralor de los trámites para la implementación de la las leyes referidas en el artículo 1°, y de la normativa referida a la gestión y administración de tierras fiscales.
  • Llevar el registro de las tierras por Colonizar utilizables, debiendo ingresar, registrar y dar de baja los mismos.
  • Diseñar y disponer la aplicación de toda medida correctiva que contribuya a corregir desvíos de los estándares previstos de tiempo y calidad en la gestión a fin de agilizar y/o acelerar las correspondientes tramitaciones.
  • Realizar cualquier otra aclaración, adecuación y/o mejora en cuanto a la tramitación y/o cumplimiento de funciones de las partes intervinientes que sean necesarias para contribuir a la claridad, celeridad, eficiencia y efectividad del trámite objeto de la presente norma legal.
  • Efectuar los relevamientos que estime necesarios y solicitar informes a los organismos públicos o privados, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos legales.
  • Gestionar los acuerdos y convenios necesarios, con los organismos técnicos que deban participar de la implementación de los procesos y procedimientos que se establecen.
  • Ofrecer respuesta a las consultas realizadas a través del sistema de Tickets del Gobierno Provincial –o cualquier otro sistema de consulta ciudadana que lo reemplace en el futuro-, como así también lo requerido por organismos oficiales, en relación a la administración y gestión de tierras fiscales.
  • Realizar todo lo atinente al cumplimiento de sus funciones, para lo cual podrá asistirse con el dictado de circulares que sólo tendrán eficacia y validez en el ámbito interno de su funcionamiento.

“Es lo que ya se venía haciendo en tierras fiscales, ahora lo estamos vinculando funcionalmente a la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial”, explicó una fuente oficial. “Tiene que ver como administramos parte de los bienes inmuebles del Estado provincial”, agregó.

La creación de esta unidad busca, de acuerdo con la opinión de los funcionarios, optimizar recursos humanos y físicos.