Amenazas, golpes y el temor de sufrir más hechos de estas características en los próximos días si no hay protección en el complejo Penitenciario Federal NºVI de Luján, donde pasan sus días desde principios de agosto del 2020.
Así fueron las últimas horas de dos de los procesados con prisión preventiva que tiene la instrucción por el asesinato más conmocionante de los últimos años en Mendoza: el de Diego Aliaga.
Los hermanos Lucas y Gastón Curi denunciaron al personal penitenciario por violencia física y psicológica durante una requisa y esto dio el puntapié inicial para que las defensas, a cargo de Pablo Cazabán y María Elena Quintero, interpusieran el lunes un habeas corpus en el juzgado federal de Marcelo Garnica.
Básicamente, los Curi contaron que temen por su vida, que son perseguidos y que sufrieron maltratos físicos en su celda, además de insultos varios. Lo ratificaron este martes durante una audiencia que se celebró en los Tribunales de calle Pedro Molina, en la que se le dio intervención a la fiscalía.
De acuerdo con fuentes judiciales y de la prisión ubicada en Cacheuta, “todo tiene que ver con todo”; es decir, que las agresiones pueden ser porque su padrastro es Diego Alejandro Barrera, también acusado en el expediente por el crimen de Aliaga y uno de los testigos fundamentales que tiene la investigación contra el juez federal Walter Bento. “Les van a seguir haciendo la vida imposible si no los sacan de allí”, afirmaron fuentes judiciales a El Sol.
En detalle
En junio del año pasado, el fiscal federal Fernando Alcaraz dio por terminada la instrucción por el crimen del ex despachante de aduana e informante policial Diego Aliaga.
Se conoció, después de su violenta muerte, que este hombre de 51 años era el presunto facilitador de una banda que lideraría el titular del Juzgado Federal Nº1 y se dedicaba a sacar presos con la complicidad de algunos abogados y hombres fuertes del hampa local a cambio de miles de dólares.
Ver también: Terminó la investigación por el asesinato de Diego Aliaga
Ese expediente tiene cinco detenidos con prisión preventiva, entre ellos, quien era socio de Aliaga –Barrera– y su familia, es decir, su mujer, Bibiana Sacolle, y los hijos de ella, Lucas y Gastón Curi; además de un empleado que trabajaba para la pareja, Yamil Washington Rosales.
Todos pasan sus días en situación de encierro procesados con la medida que afecta la libertad pero en cárceles diferentes. Barrera está en San Felipe, de Ciudad, (también porque su vida estaba en riesgo en el complejo federal) y su familia en Luján. Arriesgan prisión perpetua si son hallados culpables de la batería de delitos que les endilgó Alcaraz, teniendo como base un secuestro extorsivo seguido de un homicidio.
De acuerdo con la presentación a la que accedió El Sol, personal penitenciario federal realizó el recuento y encierro de internos este lunes a las 19.30 en el módulo 5B. Acto seguido, los guardiacárceles subieron a la celda 55, donde se encuentran alojados los hermanos Curi y personal de requisa se quedó en la puerta.
Como la celda estaba cerrada, abrieron el ingreso y tres penitenciarios tomaron el control de la habitación. En ese momento, detallaron los hermanos, fueron agredidos físicamente.
A Gastón lo agarraron de los brazos y le colocaron la cabeza contra la pared. A su hermano, Lucas, le hicieron lo mismo. “Les pegaron en los gemelos, en las canillas y le golpearon la frente contra la pared”, señala el habeas corpus presentado por la abogada María Elena Quintero, en representación de Gastón Curi.
“Qué te crees, vos, flaco, Carmelita descalza, esto no es un hotel, es una cárcel, así que no se hagan los locos, que la van a pasar muy mal, yo acá estoy cumpliendo órdenes”, describió el denunciante (sobre lo que le habría dicho un uniformado).
Contó que los penitenciarios buscaban drogas y otras cosas y que, ante la respuesta de que no tenían nada, continuaron a golpeándolos, además de tirarles todas las pertenencias personales y también les rompieron un mate y el cable de la radio, detallaron.
La letrada Quintero explicó que estos hechos sólo los vivieron los hermanos Curi. Y que, antes de irse, uno de los guardias los amenazó: “No saben dónde se están metiendo, cancheritos, ya van a ver adónde terminan ustedes”.
Quintero señaló en la presentación que Gastón Curi puso en conocimiento de la situación al encargado del módulo porque a su hermano lo habían golpeado fuertemente en la cabeza (donde tiene una cirugía de vieja data) y pidió que lo llevaran a sanidad para que lo viera un médico, debido a una inflamación en el sector.
Sin embargo, el responsable le respondió con una amenaza, se desprende del escrito: “Ustedes me chupan un huevo, no me vas a decir vos cómo hacer mi trabajo, si no hay sangre yo no voy a llamar a nadie. Vos no tenés ni un conocido en el juzgado, entonces ya vas a ver lo que te va a pasar”.
Para la defensa de los procesados se está frente a un caso de gravedad y pidieron respuesta ante el juzgado. Este martes se realizó una audiencia y la Justicia comenzó a investigar el caso.
Por eso solicitaron que se remitan al juzgado las grabaciones del módulo 5B desde las 19 en adelante para analizar cómo sucedieron los hechos. Además, también se pidió el listado del personal de requisa que procedió al encierro del citado pabellón y se les efectúen estudios médicos a ambos imputados.
El caso
Ambos sospechosos están detenidos desde el lunes 3 de agosto del 2020, cuando efectivos de Investigaciones de Mendoza irrumpieron en diversos domicilios del Gran Mendoza con órdenes de captura en mano. Seis días antes, Diego Aliaga fue asesinado por causas poco claras en un lugar no determinado entre Guaymallén y Capital.
La investigación del fiscal Fernando Alcaraz sostiene, básicamente, que hubo conflictos entre los socios Barrera y Aliaga (estaban en proceso de potenciar una clínica para personas con discapacidad en una propiedad de Rodeo de la Cruz, entre otros negocios) y que todo terminó trágicamente.
La familia del ex despachante de aduana denunció ante la Justicia provincial la desaparición y, a las pocas horas, recibió un llamado extorsivo en el que le exigían un millón de dólares a cambio de volver a verlo con vida.
Pasaron pocas horas y Barrera terminó preso con su familia. Las pruebas lo complicaron. Y semanas después, Rosales se quebró y confesó que el cadáver del también informante policial había sido trasladado y enterrado en Costa de Araujo, en Lavalle.