“Asesinos de mala madera”, fue el nombre que le designó la Fiscalía de Homicidios a la investigación por el asesinato de Juan Carlos Moya, el carpintero asesinado durante un asalto a fines de 2017 en su casa de Guaymallén. Tras una larga instrucción, que se extendió a lo largo de más de tres años y medio, los tres imputados que tiene la causa llegaron al juicio por jurados en su contra.
Se trata de Diego Norberto Vildoza Soria (44), un conocido personaje del hampa local; Francisco Javier Agüero Toledo (50), alias Toro o Torito, y Lucas Sebastián Villanueva Figueroa (39), quien era vecino de la víctima.
Los tres se sentaron por primera vez en el banquillo de los acusados, por el delito de homicidio criminis causa –matar para ocultar otro delito– en calidad de coautores, calificación con la que arriesgan como única pena la perpetua.
Pese a eso, en los alegatos de apertura que se desarrollaron la tarde de este lunes en los Tribunales provinciales, la defensa de uno de los acusados ya adelantó que propondrá otra hipótesis, por lo que los jurados probablemente deberán decidir entre diferentes calificaciones a la hora de decidir sobre la culpabilidad de los tres detenidos.
Aunque desde la Fiscalía –representada por Fernando Guzzo y Gustavo Pirrello– sostuvieron que cuentan con pruebas contundentes para demostrar la participación de los tres sospechosos en el hecho de inseguridad que terminó con la vida de Moya.
Básicamente, se tratan de escuchas telefónicas previas al asesinato, cotejos de ADN y la palabra de los testigos presenciales: el hijo y la esposa de la víctima.
Así las cosas, se espera que el martes continúe el debate, presidido por el juez técnico Gonzalo Guiñazú, día en que comenzaran a desfilar los primeros testigos que tiene la causa.
El dato del dinero y la llamada que inició todo
Durante los alegatos de apertura, el fiscal Pirrello, quien estuvo a cargo de la instrucción desde el inicio, realizó un breve reconstrucción de los hechos que desembocaron en el crimen del carpintero.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los pesquisas de Homicidios, el 4 de noviembre de 2017, a las 12.56, Toledo mantuvo una comunicación con Vildoza y le consultó si había hablado con Villanueva.
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Momentos después, a las 13.17 de ese mismo día, Vildoza mantuvo una llamada con Villanueva, en la que este último le comentó que su vecino (Moya) había cobrado una importante suma de dinero por un trabajo de carpintería que realizó para el dueño de un conocido corralón de la zona.
Al día siguiente, según esa versión, los tres imputados junto a Miguel Ángel Toledo –cuarto presunto partícipe que se encuentra prófugo– llegaron a bordo de Ford Fiesta Kinetic blanco hasta el domicilio del carpintero, en calle Gutemberg al 900, en el distrito de Belgrano.
Dos de ellos, Agüero y Donoso, descendieron del rodado y tocaron la puerta de la vivienda, donde funcionaba el taller de carpintería. Cuando los atendió el hijo de la víctima, le dijeron que buscaban a su padre para pedirle un presupuesto por unos muebles, surge de la investigación.
Acto seguido, ambos le apuntaron con armas de fuego al joven y lo introdujeron a la fuerza hasta la habitación matrimonial, donde Moya estaba descansando junto a su esposa.
Allí le exigieron el dinero y ante la resistencia del carpintero, Agüero efectuó dos disparos que acabaron con su vida, relató el representante del Ministerio Público.
Tras dejar sin vida a Moya, los dos maleantes se dieron a la fuga a bordo del Ford Fiesta, junto a los dos cómplices restantes, agregó.
Pirrello destaco que esa reconstrucción se realizó a partir de las escuchas telefónicas a Vildoza, de quien se halló ADN en el Ford Fiesta, que fue secuestrado días después del hecho de sangre.
Mientras que en el arma que se le cayó a los autores en la escena, también se encontró una huella de Agüero, prueba que lo coloca como el autor de los disparos para la Fiscalía.
Teniendo en cuenta esas y otras pruebas, Pirrello adelantó al jurado que solicitaran un veredicto de culpabilidad contra los tres acusados.
Las estrategias de los defensores
Luego, fue el turno de Pablo Cazabán, en representación de Vildoza. El letrado explicó que su cliente no tuvo ningún tipo de participación y que podrá demostrarlo a lo largo del debate.
No obstante, cuestionó la imputación con la que llegó Vildoza a juicio y propuso una nueva hipótesis. Sostuvo que, en caso de que los jurados consideren que su representado estuvo presente en el hecho, no fue con la intención de matar, sino para concretar un robo.
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Esto lo sostuvo a través de la propia reconstrucción que realizó la Fiscalía, en la que Pirrello detalló que Vildoza esperó en el auto y que fueron Agüero y Toledo quienes ingresaron a la casa y asesinaron a la víctima.
En ese sentido, consideró que a lo sumo a su cliente se le debería culpar por la planificación del robo.
Por su parte, Glenda Wagnest, defensora de Agüero, ofreció una coartada con la intención de desacreditar la principal prueba que tiene la Fiscalía contra su cliente: la huella hallada en el arma.
Para eso, hizo hincapié en el caso del policía Ricardo Riquelme, quien fue asesinado en setiembre de 2018 y es sobrino del Torito.
Al parecer, un año antes de ser ultimado, el efectivo atravesaba problemas de adicción, por lo que le habían retirado la pistola policial. Pese a eso, portaba un arma de dudosa procedencia.
Según la abogada, dos días antes del crimen de Moya, Agüero le sacó los cargadores y 20 balas de ese arma a su sobrino “para evitar una tragedia”. La misma quedó arriba de una heladera de una vivienda familiar, por lo que pudo haber sido manipulada por varias personas.
Wagnest agregó que se solicitó un cotejo del resto de las huellas que se hallaron en el cargador –cuatro en total– pero que la Fiscalía se negó a realizar esa medida.
Asimismo, sostuvo que las características de Agüero no coinciden con las descritas por los testigos presenciales, es decir, por el hijo y la mujer de Moya.
Para finalizar, aseguró que el día del hecho de sangre Agüero estaba trabajando en Blanco Encalada y que tiene testigos que lo acreditan. Así como también un recibo por el pago que recibió por las labores de esa jornada.
Por último, fue el turno de Guillermo Nievas, abogado de Villanueva, quien resaltó que no existen huellas, rastros genéticos, ni cámaras que coloquen a su cliente en la escena.
Además, explicó que la geolocalización de su celular lo sitúa en la zona del asalto letal porque era vecino de la víctima, pero que no tuvo ningún tipo de participación.
También explicó que en la llamada que mantuvo Villanueva con Vildoza, le comentó lo del cobro del dinero “como pasa siempre”.
Tras la breve exposición, indicó que solicitará la absolución de su representado.