El ministro (nos conformaremos con llamarlo así) se sabe un sobreviviente. “No desde ahora”, aclara, sino, incluso, desde antes de que se iniciara el mandato de Alberto Fernández. Reconoce que “ella” nunca lo quiso en su cargo y que superó “de milagro” la limpieza que ejecutó con el armado electoral. “Apenas pasó el escobillón, en cualquier momento se viene con una topadora”, se ríe por no llorar y señala la salida de su despacho: “Como dice Alberto cuando habla de la pandemia, la puerta está cada vez más cerca”.
Este ministro no es el único cuya presencia en el Gabinete pende de una hilacha. Los funcionarios que no responden a Cristina Fernández tienen la certeza de que la cacería no terminó, sino que está de licencia hasta el fin de la campaña. El gabinete económico, el grupo de autoayuda de los miércoles, es el lote más acosado por la vicepresidenta.
Martín Guzmán regresó de Italia a comienzos de mes con un acuerdo cerrado con el FMI. Fernández de Kirchner se negó a que avance con la firma. El día del cierre de listas dio una señal inequívoca de su resistencia. En el acto de presentación de los candidatos porteños y bonaerenses anticipó que el gobierno no podría utilizar el dinero que el Fondo girará a todos los países miembros para atender a las urgencias que provocó la pandemia. Los Derechos Especiales de Giro se emplearán, en cambio, para hacer frente a los vencimientos que hay por delante con el propio organismo.
“En un punto nos aliviamos, porque llegamos a creer que nos iba a llevar nuevamente al default”, reconoce el ministro. Pero el mensaje de la vicepresidenta dijo mucho más: habrá acuerdo, pero no por ahora. Nadie paga si el plan es romper. Pero nadie paga si no es para posponer un entendimiento. Si hubiera acuerdo, el dinero del FMI podría utilizarse efectivamente para volcarlo al consumo y a la emergencia social, como lo expresaron los senadores que le responden. Pero ella no quiere pagar el costo de votar (en realidad, hacerle votar a los legisladores comandados por su hijo Máximo) un plan de ajuste. Menos en campaña.
En medio de la primera ola, el Gobierno envió una ley al Congreso para asegurar que toda renegociación de deuda deba pasar por el Parlamento. La norma apunta en tres direcciones. En principio, busca comprometer a la oposición en la movida. Los otros dos expresan las desconfianzas internas. Por un lado, asegurarse que el acuerdo reciba la bendición del ala kirchnerista del Frente de Todos. Pero al mismo tiempo, la ley le deja a la vicepresidenta la última palabra al momento de resolver una negociación. Como sin ley no hay acuerdo, actúa como garantía de que cualquier pacto será el que ella quiera. O no será.
Por más que lo intente, el Presidente no puede disimular las tensiones que crecen en el Gobierno a medida que se acercan el vencimiento con el FMI y el primer turno electoral. Pero sabe que después de las urnas se desatará nuevamente la discusión por el Gabinete que, no se trata de una pulseada por los nombres, sino por la dirección de la gestión.
Alberto Fernández tenía decidido posponer hasta diciembre los cambios de funcionarios involucrados en las listas. Pero el episodio Rossi y los tironeos pendientes con sus funcionarios y los que se desataron por las vacantes hicieron cambiar los planes. Desde la Casa Rosada afirman que el Presidente comenzará con las designaciones cuando complete el aislamiento que se autoimpuso al regresar de Perú.
El capítulo que tiene al ministro de Defensa como protagonista es otra muestra del poder que ejerce la vicepresidenta sobre el Gabinete. Agustín Rossi fue impulsado por el propio Presidente a buscar un acuerdo electoral con el gobernador Omar Perotti. La negociación fracasó, y el ministro saliente jura que el jefe de Estado nunca le puso como condición para ser candidato que debía abandonar el gabinete. Se enteró de la novedad por TV.
Alberto Fernández improvisó una “regla ética” cuando su ministro se convirtió en un incómodo adversario de la “unidad”. Sin acuerdo con Perotti, Rossi decidió enfrentarlo en las PASO y con él, también a la vicepresidenta, que sí logró sellar la paz con el gobernador de Santa Fe. Emisarios de la dupla presidencial intentaron persuadir a Rossi, pero el ex jefe de la bancada kirchnerista de Diputados optó por mantener una disputa con quien él cree que es el verdadero adversario de la Casa Rosada en esa provincia.
No es una sorpresa que entre el gobernador de Santa Fe y la vicepresidenta no hay ninguna afinidad. Basta con repasar alguno de los temas que ocuparon la atención de ambos durante el último año y medio y se observará que siempre quedaron en veredas opuestas: la fallida estatización de Vicentin, el futuro de la Hidrovía, el cierre a las exportaciones de carne, los cambios al régimen de biocombustibles.
Pero a diferencia de Rossi que quiere recuperar terreno en el armado peronista de su distrito, el pragmatismo de la vicepresidenta aconsejó no adelantar en septiembre y noviembre las discusiones de 2023. No sólo quiere fuera del Gobierno a los “funcionarios que no funcionan”, Cristina Fernández también está dispuesta a apartar a cualquiera que interfiera en su estrategia, en su forma y camino para construir poder.
El ministro repite una teoría que deambula como un fantasma entre los funcionarios que no reportan sus actos en el primer piso del Senado. “La mitad del mandato será de la otra mitad de la fórmula”, resume. Y le quita relevancia a la designación de los funcionarios que llegarán al Gobierno para ocupar las sillas vacantes: “Puede haber nombramientos para bajar la tensión, para desviar la atención, pero los que no sean de ella no vamos a durar mucho”. El ministro que ve muy cerca la puerta de salida está convencido, en realidad, que cuando el Presidente lo defiende se está defendiendo a sí mismo porque, como medio Gabinete, sabe que detrás de la cortina de su baño está escondido el mismo fantasma que amedrenta a los demás.