Todo indica que será muy difícil reconstruir la confianza en un país que luce roto en gran medida. Esta expresión, la de “luce roto”, usada aquí caprichosamente, evita caer en ese tono absolutista y determinante de quien no está capacitado o no puede atender o tolerar otras miradas y opiniones porque, posiblemente, haya quienes lo vean desvencijado y fuera de juego, pero no decididamente acabado como otros. Como sea, el trabajo hacia delante de reconstitución de la credibilidad, sumado a la esperanza colectiva, aparece cada día más lejano tanto para quienes creen en el modelo actual del Frente de Todos en el poder o en el que enarbola la oposición.

Esto se presenta de tal manera porque, para los defensores del autodenominado progresismo, hoy al frente de la administración del país, con ese permanente acoso hacia el capital y a los poseedores del mismo, a los que considera en buena medida enemigos de los intereses populares, no se les está respondiendo como se espera: la situación no sólo no mejora, sino que todos los indicadores se han ido degradando desde que arrancara el gobierno, a fines del 2019.

Y, para quienes están identificados con las ideas de la oposición en general, para las del liberalismo económico y las del establecimiento de un escenario donde el desarrollo sea la meta de todos, con un Estado que se ocupe de controlar y regular los abusos, o que simplemente prefieren y quieren otra cosa, sólo les queda seguir penando el día a día, alimentando la esperanza de que cada jornada que pasa los está acercando al día en que se vuelva a abrir la posibilidad de elegir un cambio.

No sólo hay problemas que se desprenden de la praxis económica que multiplican la incertidumbre. A eso se le ha sumado toda esa serie de medidas que, según los especialistas, tienen muy bajo impacto en las cuestiones de la macro. Pero son decisiones de alto impacto y de una marcada raíz provocadora que sólo estarían produciendo más tensión no sólo entre la dirigencia, oficialista y opositora, sino en los niveles de la grieta. Los dichos de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, contra los que viajan a la exterior, a quienes apunta como los que se llevan por puro placer nomás y frivolidad los dólares que necesita el país para producir, sólo se justifican en ese plano en el que decide jugar, una vez más, el kirchnerismo, entre buenos y malos, ellos y nosotros, los ricos versus los pobres, los desalmados e insensibles chetos contra los pobres de toda pobreza que están en esa situación porque un señor rico de clase media alta les arrebató lo que les correspondía.

Son declaraciones injustificadas desde el impacto real que tiene el gasto en el exterior por viajes y en tarjetas de crédito frente al movimiento de la macroeconomía. Lo propio sucede con la otra decisión que tomó el Central de no permitir la compra en cuotas en los freeshops. Es decir, el Gobierno conduce su particular batalla para estabilizar la economía en dos planos: en el real, con las medidas de todos los días vía resoluciones, decretos y demás, y en el simbólico, que le permite mantener viva la confrontación de clase. Se trata de un comportamiento que impresiona. No hay triunfos concretos ni avances ni mejoras para el primer plano y, por el segundo, sólo consigue alimentar la ira y el odio.

Uno de los aspectos, de todos los que reflejan los diferentes indicadores económicos y sociales que se estudian y se siguen en Argentina, quizás más observado, sea el de la pobreza. Es allí, en ese punto, donde no se han registrado avances. La salida de la pandemia dejó al descubierto un costado de la pobreza que no estaba oculto, pero que sí se agravó: ha sido el universo de los trabajadores pobres.

Como en cualquier sociedad, la Argentina tiene o cuenta con trabajadores pobres. La diferencia de otros tiempos con el actual es que ese segmento se ha engrosado: hay más personas que con trabajo son pobres. El punto es que, en el último tiempo, ese porcentaje se ha duplicado o más. Se trata de un indicador que puede jugar en contra de los intereses electorales del gobierno.

Según el último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) en el 2021, “el 12,6 por ciento de las personas con pleno empleo en Argentina son pobres”, lo que significa que hubo una mejora respecto del año anterior, el 2020, cuando ese porcentaje había llegado a 15,4 por ciento. Pero, comparado con los niveles del 2018, hay un aumento: en ese año era de 11,3 por ciento y mucho más respecto del 2011, casi diez años atrás, cuando el porcentaje de personas con pleno empleo pobres era de 6,1 por ciento.

Siguiendo con atención el indicador de pobreza, bien se puede construir un escenario hipotético de cuál podría ser la respuesta social frente a un cronograma electoral. Por caso, el país registra cerca de 45 por ciento de pobres en la actualidad. En el 2019, antes de la pandemia y en medio del proceso electoral que le daría el triunfo al kirchnerismo por sobre el gobierno de Cambiemos, la pobreza era de 39,8 por ciento. Pero, en el 2017, luego de que aquella gestión que comandara Mauricio Macri ganara las elecciones de medio término, los niveles de pobreza estaban en 28,2 por ciento, el piso de aquella administración.

En los últimos diez años no sólo la pobreza fue creciendo en Argentina, siguiendo el rumbo de una economía que se fue descomponiendo. La clase media se ha ido achicando. Es en esa clase donde se puede observar casi en tiempo real ese fenómeno que va ganando volumen de manera constante: el de los pobres con trabajo que van ensanchando la base de la pirámide social de forma muy preocupante y que han dejado muy atrás en el tiempo, al punto de configurar sólo un recuerdo lejano y en sepia, el de Argentina, aquel país de la clase media más pujante, formada y orgullosa de América latina.