Después de más de medio año de búsqueda, uno de los acusados de matar a Micaela Reina en el 2007 en Guaymallén se entregó ante las autoridades. Se trata de Ramón Duarte, sobre quien pesaba un pedido de captura desde el año pasado.

En 2020, la Suprema Corte ordenó que el hombre enfrente nuevamente el juicio por el abuso sexual y asesinato, junto a su ex pareja y madre de la niña, Marta Reina. Ambos había sido absueltos en 2014.

A comienzos de este año, la Justicia había solicitado la detención de Duarte y Reina después de que no los encontraron en sus respectivos domicilios, cuando fueron a notificarlos por la realización del nuevo debate. 

La defensa de la mujer aclaró que se encontraba trabajando y que por eso no había tenido contacto con la notificicación. Pero la situación de Duarte no fue la misma y durante varios meses no se supo nada sobre él, hasta que hace casi una semana (el martes 29) se presentó en una sede judicial. 

Sin embargo, el imputado fue liberado a las pocas horas. El motivo fue que se puso a disposición de las autoridades y explicó que se había mudado hace algún a San Luis, por lo que ya no tenía el mismo domicilio. 

Así, se demostró que no hubo una situación de fuga y no quebrantó la ley, por lo que no había motivos para mantenerlo tras las rejas.

Ahora, con los dos sospechosos formalmente notificados sobre la decisión del máximo tribunal, el fiscal en jefe de Homicidios solicitará luego de la feria judicial que se fije fecha para una audiencia preliminar, en la que ofrecerán las pruebas a utilizar en el juicio. 

Esto debido al tiempo que pasó desde el inicio de la investigación y la posibilidad de que algunos testigos hayan fallecido, o no puedan presentarse por algún otro motivo. De esa forma, la Fiscalía buscará, de alguna manera, actualizar el material probatorio que tiene disponible.

En paralelo, se deberá definir la situación del padre de la niña, Alejandro Prádenas (51), quien fue condenado por el crimen de la niña en otro debate realizado en 2009.

Si bien ese fallo fue ratificado en su momento por la Corte en 2010, elevando incluso la pena de 6 a 15 años de prisión, los defensores Gabriela Massad y Ariel Civit, presentaron ante los jueces supremos un pedido de revisión, después de que ordenaran volver a juzgar a Duarte y Reina. 

Los letrados sostienen que deben considerar a su cliente inocente por falta de pruebas y que Duarte no fue condenado anteriormente debido a un error judicial: justamente porque ya se había condenado a otra persona por ese hecho. 

Una investigación plagada de irregularidades

Fue la tarde del 17 de mayo de 2007 cuando el cadáver de Micaela Reina fue hallado en el interior de una pileta de una bodega de calle Sarmiento, en Guaymallén. 

Un grupo de indigentes que se reunía en ese lugar a consumir bebidas alcohólicas, fue quien divisó el cuerpo de la menor y dio aviso a las autoridades. 

Entre ellos se encontraba Apolo Jacob Díaz, quien fue el encargado de llamar al 911. Esa situación fue suficiente para que los detectives del caso ordenaran su detención como principal sospechoso.

El hombre quedó comprometido por un cotejo de ADN sobre los restos de fluido seminal que se encontró en el joggin que vestía la víctima cuando la mataron.

La prueba genética se trasformó en el centro de la polémica durante el primer juicio que tuvo el caso, cuando se solicitó la nulidad del peritaje, ya que el fiscal Alejandro Iturbide -actual jefe de Delitos Contra la Integridad Sexual– jamás le notificó a la defensa sobre la medida.

Tras eso, el entonces fiscal Especial Eduardo Martearena –ahora juez Tribunal Penal Colegiado– solicitó realizar una nueva extracción de sangre a Díaz para repetir el cotejo y se demostró que no había ADN del indigente en la ropa de la niña, por lo que recuperó la libertad en 2010, tras pasar varios años injustamente encarcelado. 

Dos años después, la causa había vuelto a cambiar de fiscal, ya que Santiago Garay “heredó” el expediente. Fue allí cuando se profundizó la línea investigativa que apuntaba contra Reina y Duarte.

A los detectives les había llamado la atención que la mujer se casó con Duarte en plena investigación por el crimen de su hija. Por ese y otros motivos, intervinieron sus teléfonos y de las escuchas surgió que mantenían una relación previa al asesinato. 

Fue así que una serie de pruebas comenzaron marcar a Duarte como el autor del hecho de sangre. 

En primer lugar, el abono de colectivo de la niña marcó que su último recorrido fue hasta una parada ubicada cerca de la casa del hombre.

Además, se habían hallado artículos escolares de la menor cerca de ese domicilio y se constató que los rastros genéticos en el pantalón de la víctima pertenecían a Duarte. 

Esas pruebas motivaron la captura de Duarte y Reina en diciembre de 2012. Tras la detención, el hombre confesó que había mantenido relaciones sexuales con la niña y que la madre “la entregaba”. 

Pese a que ambos estaban comprometidos en el expediente, en noviembre de 2014 la Séptima Cámara del Crimen, que estaba presidida por Gabriela Urciuolo e integrada por Agustín Chacón y Alejandra Mauricio, los absolvió.

Ese fallo fue casado por Guzzo y en octubre del año pasado la Corte, integrada por Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio, resolvió repetir el debate.