El Gobierno oficializó la desvinculación de Sergio Urribarri de la embajada en Israel. El exgobernador de Entre Ríos, condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción, había renunciado en abril pasado y aguardaba esta autorización para regresar al país.

A través del decreto 287/2022, publicado este martes en el Boletín Oficial y que lleva la firma del canciller Santiago Cafiero, se aceptó la renuncia del funcionario en el cargo de embajador ante el Estado de Israel y se estableció su traslado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En el documento se aclaró Urribarri será trasladado “desde la Embajada de la República ante el Estado de Israel al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto” y que “el gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35” de esa misma cartera.

Con esta publicación, se cierra el trámite administrativo que se aguardaba para que el funcionario abandone el cargo.

Desde la oposición le habían reclamado al canciller por el regreso de Urribarri al país. El malestar quedó evidenciado principalmente el 25 de mayo, cuando el exgobernador de Entre Ríos encabezó la celebración por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en la misión diplomática nacional en Tel Aviv.

Ante esa aparición oficial del exgobernador entrerriano, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto en la cámara baja para “promover el juicio político” contra su superior, Santiago Cafiero.

Urribarri, uno de los primeros embajadores políticos designados por la gestión de Alberto Fernández, fue condenado el 7 de abril a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos, luego de que la Justicia entrerriana encontrara al exgobernador peronista (2007-2015) culpable de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado.

En el debate se lo acusó de ser parte de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvíos de fondos. En medio de todo esto, la fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que integró el grupo de fiscales que el mes pasado logró la condena del exgobernador, fue destituida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos.

Goyeneche deslizó que se trató de “una venganza política” en la que “intervino el actual gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, pero también de un ejercicio de “prevención”, con el fin de “evitar que vuelva a pasar lo de la condena a Urribarri”.