El cruce de dos historias, el derrotero de la vacuna de Sinopharm y la discusión en torno a la presencialidad en las aulas, desnuda hasta qué punto las contradicciones de las políticas públicas pueden convertirse en un riesgo para la vida de los ciudadanos más vulnerables frente al virus.

Esta semana la Argentina recibirá un millón de dosis provenientes de China. Un millón de dosis que no ayudará para ampliar la población alcanzada por la vacuna sino que se utilizará para completar el esquema de protección de los que hasta ahora recibieron la primera parte del antígeno.

El Ministerio de Salud de la Nación resolvió aplicar la dosis de refuerzo, no por desconfiar de la eficacia de la vacuna de Sinopharm sino por una limitación del mercado. Por un lado, porque este antígeno es uno de los más caros del mundo y por otro porque para lograr más dosis de las contratadas, el tiempo de espera supera largamente los tres meses que la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) recomendó como plazo para deparar de segunda dosis de la primera.

En septiembre se cumplirá un año desde que la Casa Rosada inició las negociaciones formales con el gobierno chino para adquirir esta vacuna. Desde el primer momento, las autoridades de ese país pretendían que la Argentina se comprometiera con un contrato por unas de 30 millones de dosis. Pretendían una presencia fuerte en el “plan de vacunación más grande de la historia” argentina.

El otrora ministro Ginés González García tenía sobrados argumentos para decir que “no”. Por un lado, porque cada dosis de esa vacuna tiene un valor de 30 dólares, una de las más caras del mercado. En ese momento la Argentina apostaba todas sus fichas al convenio que terminó firmando en noviembre con AstraZeneca/Oxford y que permitiría acceder a 22,4 millones de dosis a 4 dólares cada una. Luego vendría el contrato con el Fondo de Inversión Directa Ruso que inicialmente prometía 20 millones de formulaciones a 9,9 dólares por unidad.

Los atrasos en los contratos firmados, en medio de la batalla global entre naciones y laboratorios por el acceso a las vacunas, obligó a la Casa Rosada a recurrir nuevamente al gobierno chino para comprar el antígeno descartado por ser caro. Entre febrero y marzo, la Argentina terminó comprando 4 millones de dosis que aún no sabe cuándo terminará de recibir. Esta semana se completará el 75% del contrato.

El primer embarque llegó el 25 de febrero, en un momento de gloria: el primer millón estuvo disponible junto a más de 1,2 millón de dosis de la Sputnik V. Momento de gloria pero también de incertidumbre. El antígeno de Sinopharm aún no se había autorizado para mayores de 60 y por esos días el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta necesitaba una herramienta para convencer a los docentes de su plan “aulas cuidadas” para el regreso a las escuelas. y como la necesidad tiene cara de hereje, la promesa de la vacunación en medio de la paritaria destrabó el inminente inicio de clases. Desde marzo se destinó medio millón de dosis para los docentes.

Hasta ayer se había aplicado el 87% de los dos millones de dosis de Sinopharm que importó el país. Y salvo 24 mil personas, las demás recibieron sólo una dosis. Ante la imposibilidad de conseguir a tiempo más dosis de este laboratorio, los 1.749.059 vacunados hasta el momento con una primera inoculación, comenzarán desde la próxima semana a recibir la segunda, de acuerdo con los plazos de separación entre ambas dosis previstos. Según la información que colecta Nación, en Mendoza se utilizó el 28% de las dosis de Sinopharm, 16.642 aplicaciones, en “personal estratégico” -entre ellos los docentes-, otro 13% en trabajadores de la salud, el 2% en personas de hasta 59 años con comorbilidades y el resto, más del 57%, en mayores de 60.

El mercado alteró el plan que acordó el Consejo Federal de Salud de privilegiar el alcance de más personas con la vacuna por medio del diferimiento de la segunda dosis. Pero no sólo el mercado alteró el plan de vacunación. También la política.

El programa de la “presencialidad cuidada” que presentó en febrero el Gobierno partió de una premisa: con protocolos, los espacios de aprendizaje son seguros. Y desde el inicio del ciclo lectivo el ministro Trotta repitió ante cada consulta que menos del 1% de la comunidad educativa había sido diagnosticado con coronavirus y que, lo más importante, no había evidencia de contagios en las aulas.

Pero Alberto Fernández le anuló los argumentos cuando decretó la suspensión de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El problema nunca fueron las aulas, justificó, sino la circulación de personas. La decisión presidencial borró de un plumazo el consenso que las provincias, junto a padres y docentes habían alcanzado en estos meses.

Fernández no sólo anuló la validez de la “presencialidad cuidada”, sino que al mismo tiempo confirmó que en medio de la escasez, dedicó un millón de dosis de vacunas (medio millón como primera dosis ya administrada y la otra parte como segunda dosis por inocular) a un grupo de personas que no es prioritario de acuerdo con el Plan Estratégico de Vacunación que se aprobó en diciembre. Vale recordar: personal de salud y los mayores de 60 están en la cima de las prioridades.

La decisión contradictoria cobra más fuerza cuando se contextualiza el estado de vacunación de los grupos priorizados. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, ya se vacunó el 72% de los mayores de 80 años. Restan 342 mil. Para ellos hay suficientes vacunas en stock. En estos momentos hay 1,65 millón de primeras dosis disponibles en el país en manos de las provincias o como resguardo estratégico de Nación. Ese monto también alcanza para cubrir a todos los adultos de entre 70 y 79 años que aún no recibieron ninguna dosis. Son 498 mil, el 21,5% del total. Las 830 mil dosis restantes se puede dedicar a los casi dos millones de personas de entre 60 y 69 años que forman parte del grupo de riesgo que corresponde vacunar.

Si el millón de dosis que se dedicará a los docentes se hubiera dispuesto para los mayores de 60, con el nuevo embarque, este grupo de riesgo estaría a menos de medio millón de dosis de estar totalmente cubierto. Pero deberán esperar a que el mercado y la política vuelvan a decidir. Hay medio millón de adultos mayores que estarán expuestos a la enfermedad por una decisión que fue tomada por criterios que luego fueron desechados por el propio Presidente de la Nación.

La nueva “presencialidad administrada” que analiza el Gobierno como alternativa al cierre total de las aulas tiene chances de ayudar a justificar la contradicción gubernamental. Aprovechando una resolución del Ministerio de Trabajo del mes de abril, evalúan en el Ministerio de Educación proponerle a las provincias que se convoque a los docentes vacunados, incluso en las provincias donde la circulación viral está en estado de alto riesgo, a sostener las aulas abiertas.

Aquella resolución del 8 de abril estableció que “los empleadores y las empleadoras podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores y las trabajadoras (…) que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas (…) independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación”.

La idea que se imaginan en el Gobierno nacional es sostener, al menos, la presencialidad para los estudiantes que cursan el último año del ciclo inicial, primario y medio, para los alumnos que inician el secundario y en especial, para aquellos que tuvieron un 2020 una trayectoria educativa débil, los que este año estarán condenados nuevamente al distanciamiento escolar y el abandono.

Sólo así, entienden, esas vacunas no se habrán usado en forma inadecuada.