Durante años el debate sobre la Justicia ha atravesado las distintas épocas del país. Ya sea por reformas que no llegan a buen puerto por la falta de consenso político, ya sea porque cubre los vacíos de la política para resolver problemas -tal como ha ocurrido recientemente con las clases presenciales- y, no menor aún, por sonados escándalos que tienen a sus principales referentes como protagonistas.
Se ha hablado, de la misma manera, de la crisis de la Justicia. Una cuestión que, en una gran medida, está marcada por la conducta de los magistrados. El comportamiento de los hombres que tienen sobre sus espaldas la decisión de otras vidas, su libertad, su encierro, debe ser proba. Prácticamente sin manchas. No es simplemente un ideal. Es una de las piedras angulares en las que se sustenta la posibilidad que tienen todos los ciudadanos de recibir un proceso justo cuando acudimos a su institución.
Pero en lo concreto, hay ejemplos de que esto no ocurre así. El ejercicio de ese poder republicano está teñido en ocasiones de connivencias que enlodan la transparencia de los procesos. Sujeto a sospechas que alteran finalmente el equilibrio de una democracia. Porque, aunque parezca obvio afirmarlo a la luz del más reciente escándalo que conmociona a los tribunales federales, si no contamos con magistrados que actúen de la manera más íntegra posible, no hay posibilidades de que una sociedad supere sus principales conflictos si se vulnera la igualdad de condiciones ante la ley.