Marcela Losardo es –o era– ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ya quedó claro que su deseo es renunciar a ese cargo y, de ese modo, hacerse a un lado y evitar quedar en el medio del embate de la Casa Rosada sobre el Poder Judicial. En otras palabras, no quiere participar en una iniciativa que no comparte.
Losardo no es del riñón kirchnerista. Su figura apareció en ese lugar, más que nada, por la cercanía y la confianza que tenía con Alberto Fernández. En el reparto de cargos inicial, el presidente logró ubicar a una persona de su entorno.
Su salida se da en un momento en el que, desde el sector más duro vinculado con Cristina Fernández, piden su cabeza por no compartir la idea que la vicepresidenta tiene de la Justicia a partir de su complicada situación procesal en varias causas. La ministra fue explícita en ese concepto y, a partir de allí, su permanencia en el cargo empezó a esfumarse. Sin apoyo incondicional, entendió que debía irse por su cuenta.
Su caso no desnuda un hecho nuevo pero confirma uno conocido: entre las prioridades del Gobierno nacional, la situación judicial de Cristina Fernández tiene un lugar destacado. Y no es un detalle menor, porque allí se centra parte de la agenda y del esfuerzo político del Ejecutivo, y dinamita la posibilidad de diálogo con la oposición para establecer acuerdos en los temas que más afectan a los argentinos.
La lista es conocida: pobreza, desempleo, inflación, inseguridad. El porqué es fácil de explicar: más allá de las falencias y los problemas estructurales que tiene la Justicia argentina, un ataque tan agresivo representa el riesgo de un asalto a uno de los poderes del Estado. Y los objetivos institucionales, si de verdad se busca mejorar la calidad y el acceso de la justicia, chocan de frente con motivaciones personales y partidarias.