El Tribunal de Gestión Asociada Nº1, a cargo de la jueza civil María Paz Gallardo, comenzó a recepcionar por escrito los alegatos en el juicio de Extinción de Dominio contra el ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos y su esposa, Claudia Sgró. Y a mediados de octubre podría haber sentencia.

En plena pandemia de coronavirus y cuando la Justicia está funcionando a medias, a través de audiencias virtuales, el proceso por los presuntos hechos de corrupción del ex cacique de Guaymallén se encamina a ser el primer debate de este tipo en el país en arribar a una sentencia.

Lobos y su pareja están sospechados de delitos contra la administración pública en el ámbito penal, que derivaron en una acción de Extinción de Dominio, por lo que de comprobarse que los bienes patrimoniales del matrimonio provienen de hechos delictivos, su capital podría ser decomisado por el Gobierno de Mendoza.

La ley de Extinción de Dominio establece que estos bienes pueden ser rematados y utilizados para la construcción y reparación de establecimientos escolares, como una manera de resarcir a la ciudadanía del perjuicio económico por la mala administración del erario público en beneficio de la clase política, entre algunas de las figuras previstas en la norma.

Los fiscales civiles del Ministerio Público Fiscal –en representación al Gobierno de Mendoza- sostuvieron la acusación que tiene sustento en dos causas penales: la de enriquecimiento ilícito (elevada a juicio) y la de fraude a la administración pública (con sentencia apelada en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza).

Además, del caso Lobos, el Ministerio Público Fiscal trabó otra demanda contra miembros de la organización kirchnerista Tupac Amaru, tomando como base las causas iniciadas por presuntas irregularidades en la construcción de viviendas de planes federales.

El patrimonio de un ex funcionario público 

El proceso de Extinción de apunta a decomisar dos vehículos (una camioneta VW Amarok y un Peugeot 308 Feline), la vivienda en la que reside Lobos junto a su familia en un barrio privado en Buena Nueva y un callejón comunero. También está bajo la lupa un departamento de Sgró y un cuatriciclo que todavía no se pudo embargar.

El monto de este patrimonio asciende a los 4 millones de pesos y no está actualizado el avalúo fiscal.

La presunción es que el ex jefe comunal justicialista empezó a hacerse de estas propiedades y vehículos desde su ingreso en la política en 2003 hasta llegar a la intendencia y que se benefició de esa actividad, a partir de hechos ilícitos.

Por mencionar una de las causas, la Justicia comprobó que hubo fraude en la administración pública, en una maniobra en la que hacían pasar a empleados personales, como trabajadores del municipio.

La defensa de Lobos y de su esposa 

Los abogados del dirigente peronista sostienen que la Extinción de Dominio es inconstitucional, al entender que viola los principios del derecho a defensa y de un juicio justo, amparándose en que ninguna de las causas penales por presuntos hechos de corrupción tienen un fallo firme.

Una, todavía no tuvo un debate y la otra, fue apelada a la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, la jueza civil determinó que el planteo de inconstitucionalidad lo resolverá a la hora de dictar sentencia.

En abril del año pasado, la Legislatura de Mendoza adhirió al  Decreto de Necesidad y Urgencia 62/ 2019 del ex presidente Mauricio Macri y dio lugar a la creación de la Ley 9.151, después de un tratamiento con voces a favor y en contra.

Ficha limpia 

Recientemente, la Cámara de Diputados provincial dio media sanción a la norma que deja fuera de las listas y de cargos públicos a aspirantes con sentencias penales en primera instancia.

Tras una discusión acalorada entre el oficialismo, impulsor de la iniciativa, y el justicialismo –que pedía que los fallos estuvieran firmes, es decir que fueran cosa juzgada para sacar del juego a los políticos con antecedentes penales- el Senado tratará el próximo 13 de octubre el proyecto.