En medio de la polémica por el proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno nacional, avanza el proceso de la designación para ocupar cargos que están vacantes en la Justicia Federal de Mendoza.

La convocatoria a la audiencia pública para poner en consideración los pliegos de los candidatos elegidos por Alberto Fernández es un paso más en esta suerte de primera cruzada que tuvo a Mendoza como escenario.

Una de las primeras medidas tomadas por Alberto Fernández fue frenar el procedimiento legislativo, anularlo y comenzar uno nuevo; esta vez, con los postulantes que, para el presidente, eran los más indicados.

En esta nueva selección, se entiende, participaron diferentes actores que llevaron al primer mandatario a tomar una decisión; desde magistrados conocidos, pasando por la ministra de Justicia Marcela Losardo, hasta la opinión de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, conocedora de los pasillos el fuero federal en la provincia.

Uno de los cargos que más tiempo lleva vacante es el de juez de Cámara para el Tribuna Oral en lo Criminal Federal 2. Ese lugar será ocupado, si el Senado así lo acuerda, por Pablo Salinas.

Se trata de un abogado más que conocido en Mendoza por su militancia en los organismos de Derechos Humanos. De hecho, ocupó el puesto de Coordinador y Director de esa área durante el gobierno de Celso Jaque. Como profesor universitario también se dedica a esa especialidad y a la cátedra de Problemática del control social y la violencia.

Salinas rindió para este cargo en el 2016. En los últimos años tuvo un rol protagónico como miembro del equipo de abogados querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Tiene  48 años, está casado y es padre de cuatro hijos.

El nombre de Susana Pravata comenzó a sonar allá por el 2015. Su caso se hizo conocido porque a pesar de ser la primera en orden de mérito del Consejo de la Magistratura provincial para un juzgado tributario vacante, en su lugar se eligió a Abelardo Nanclares, hijo de Jorge Nanclares, quien por ese entonces todavía era ministro de la Suprema Corte.

Pravata hizo presentaciones frente a lo que parecía una designación hecha a dedo y producto del nepotismo, y finalmente se convirtió en juez de Gestión Judicial Asociada Tributaria.

Tiene 53 años, está casada y es mamá de dos hijas. Toda su carrera como abogada estuvo vinculada con casos tributarios y previsionales. Entre 2002 y 2015 fue contratada por Asesoría de Gobierno por sus conocimientos en esta temática.

Es docente de posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo y está cursando un doctorado en la Universidad de Mendoza.

Rindió en la Justicia Federal en 2016 para ser la titular del Juzgado Federal de Primera Instancia 4 de Mendoza.

Pablo Quiros tiene 49 años, está casado, con 3 hijos y entró a trabajar a la Justicia Federal en 1993, en el Juzgado 1. Cuatro años más tarde, ingresó como auxiliar a la Cámara Federal de Mendoza, donde actualmente se desempeña como secretario de la Sala B.

Hace 20 años que trabaja como docente de la UNCuyo en la cátedra de Derecho de la Obligaciones. Fue secretario de Derechos Humanos de la Cámara Federal durante el proceso de enjuiciamiento de los ex jueces acusados por delitos de lesa humanidad.

En junio de 2018 rindió para convertirse en juez del Federal de Primera Instancia 2 de Mendoza.

Alejo Amuchástegui (46) llegó a Mendoza en 2010 como secretario letrado de la Defensoría para colaborar con los juicios de lesa humanidad en la provincia.

Hace 26 años que forma parte de la Justicia Federal, pero recién en 2009 pasó a trabajar en la órbita de la Defensoría. Optó por ese campo porque lo vive como un desafío donde puede ejercer mejor su vocación. Está casado y tiene 4 hijos.

Es doctorado en Derecho Penal y su trabajo de tesis fue sobresaliente con honores. Entre sus examinadores aparece el ministro de la Corte mendocina, Omar Palermo.

Rindió concurso el año pasado para ser designado Defensor Oficial ante los tribunales orales federales en lo Criminal de Mendoza.