La Fiscalía de Estado, que conduce Fernando Simón, actualmente tiene en total 7.579 juicios activos en su haber. De ese total, 4.714 se registraron en los últimos diez años.

La tarea principal del organismo es defender el patrimonio del fisco. Para realizar este trabajo, Simón tiene a su cargo 126 empleados, de los cuales 64 son abogados.

Sentencias ganadas y perdidas (periodo 2017-hasta el 26 de junio 2020)

En los últimos cuatro años hubo 2.144 sentencias donde el Estado ganó el 42,7% de las demandas, perdió el 38,5% y el 16,3%% fueron parciales.

En detalle

En lo que va del año, el número de las demandas ha bajado considerablemente como consecuencia de la paralización de actividades por la pandemia de coronavirus. Hasta el mes de junio, solamente se recibieron 78 demandas contra el Estado cuando en todo el 2019 la cifra fue de 694 juicios.

En el primer semestre del año pasado ingresaron 393 demandas, mientras que en el mismo periodo de este año el número cayó a 96. La baja más notoria se dio en este mes, ya que el año pasado ingresaron 90 denuncias contra 9 de este 2020.

“Evidentemente si se compara con un año normal, ese número no es nada. La diferencia es brutal por la pandemia”, explicó el coordinador del organismo, Luciano García Bistué.

Este año el Estado deberá pagar 156 causas que se perdieron. Para eso, Simón solicitó $230 millones en el presupuesto pero solamente se aprobaron $148 millones. Habitualmente sucede que se otorga menos de lo solicitado pero luego, a lo largo del año, se van ampliando las partidas para cumplir con los pagos.

“Todos los años dan un monto y cuando se agota se pide refuerzo. Por la pandemia, los plazos administrativos estaban suspendidos y ahora se empezó a pagar”, explicó el funcionario.

Ola de demandas

Durante el periodo 2010-2020, hubo años donde el pico subió considerablemente. El crecimiento exponencial se dio cuando se pasó en 2015 de 428 a 791 demandas en 2016, en el año 2017 fueron 825, en 2018 subió a 938, el 2019 cayó a 694, y este año solamente se contabilizan 78 por la pandemia.

Un dato del año anterior -que hizo incrementar los números- es que habitualmente ingresaban al ente de control unos 30 juicios anuales de entidades públicas contra administraciones y organismos estatales. Sin embargo, ese año ingresaron 700 demandas por cobros de facturas. La mayoría eran de Aysam contra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), en lugar de llegar las denuncias contra los adjudicatarios. Es por eso que desde la Fiscalía de Estado tuvieron que intervenir para llamar a las partes para conciliar y encontrar una salida a la ola de juicios entre organismos públicos.

Denuncias

Entre las demandas más usuales se encuentran los juicios por apremio, accidentes, amparos, acciones procesales administrativas, reclamos salariales, accidentes de trabajo, acciones de inconstitucionalidad, amparos sindicales, daños y perjuicios por accidentes laborales, entre otras.

Asimismo, entre los organismos que más denuncias recibieron en la última década, está a la cabeza el Poder Ejecutivo con 568 juicios, seguido de la Dirección General de Escuelas con 444 juicios, en tercer lugar, la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) con 254 demandas, luego sigue la Municipalidad de Guaymallén con 246 y el Ministerio de Seguridad con 245 denuncias.

Juicios

Para tener una idea, este año el Estado pagará juicios que van desde cifras ínfimas como $180 hasta casos donde superan ampliamente el millón de pesos.

Un caso de estos es el juicio por apremio de Pablo Frassinelli (2018-03337767), que fue multado con mil pesos por el Tribunal de Cuentas.  El hombre en cuestión era empleado del hospital Scaravelli donde hubo una denuncia por una compra irregular.

Aparentemente fue notificado  en un domicilio distinto del que vivía, por lo que no hizo el pago. Finalmente, ganó el juicio y el Estado deberá pagarle $180 más intereses de honorarios a su abogada, Ana Castro.

Un ejemplo de un monto abultado es el de Juan Carlos Trujillo (2019-01278539), que inició una demanda contra el Estado por publicidad que no le habían pagado. A raíz de eso, se le abonó lo adeudado y la sentencia salió por los intereses que generó la demora. Es por eso que cobrará $1.335.073 más intereses.