En medio de la fuerte repercusión que generó la decisión de quedarse con Vicentin, en las últimas horas el gobierno puso en marcha una estrategia dialoguista y solicitó que sea la Justicia quien defina el alcance que tendrá la intervención a la empresa dispuesta por el presidente Alberto Fernández hasta tanto se concrete la expropiación anunciada.

Tras haber intervenido la compañía -en concurso de acreedores desde febrero con una deuda $ 99.345 millones- como primer paso para después expropiarla, la Casa Rosada comenzó a tender puentes para encontrar una solución amigable. Incluso este jueves el presidente Alberto Fernández recibirá este jueves a los directivos de la empresa agroexportadora.

En la reunión, que se desarrollará en horario y lugar a definir aún ya que depende de la agenda del jefe de Estado, participará el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli.

El encuentro entre el jefe del Estado y el nieto del fundador de la agroexportadora, que se encuentra en concurso de acreedores, se da tras la comunicación telefónica que mantuvieron ambos ayer miércoles y de que, también, los interventores tuvieran su primer contacto con directivos de compañía.

Fernández contó que mantuvo “una muy buena charla con Sergio Nardelli, uno de los dueños de Vicentin”, a quien le dijo que lo que buscaba el Gobierno era “preservar la empresa en manos argentinas” y que esto “no debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es rescatar a una empresa de la quiebra”.

Al gobierno le sorprendió el fuerte rechazo que generó en el sector empresario en general la idea de la expropiación. También desde el ámbito jurídico salieron a advertir que violaba la independencia de poderes y hubo reclamos políticos pero no solo desde la oposición, sino también desde sectores hasta ahora venían jugando como aliados del Frente de Todos, como el ex ministro Roberto Lavagna. Pero lo que sacudió a la Quinta de Olivos fue la reacción popular en Avellaneda y Reconquista, las dos ciudades santafesinas que tienen su vida económica marcada por Vicentin.

Por todo ello, según aseguraron fuentes del sector al diario Clarín, la expropiación podría mutar en un salvataje consensuado de la empresa en el que la asociación con YPF Agro sea una pieza central.

Vicentin también pidió que sea la Justicia quien defina el alcance de la intervención. “La compañía hace saber que, con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, ha tomado contacto con los representantes de la intervención dispuesta por el Decreto 522/2020 a fin de que con la insoslayable participación del Juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin S.A.I.C. (Fabián Lorenzini), se defina y determine el alcance de la intervención dispuesta”, dijo la compañía en un comunicado.