La compra de alimentos para asistencia social con precios hasta 37% superiores a los del mercado generó un escándalo político que obligó al presidente Alberto Fernández a salir a respaldar públicamente al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

En concreto, los valores autorizados en el caso del aceite son un 37,6% más altos que los precios máximos dispuestos por el Gobierno. En azúcar la diferencia llega al 25% y en arroz es del 17%.

Las empresas

Las ​empresas que quedaron en la mira son Forain SA, Teylem SA, Copacabana S.A, Sol Ganadera SRL, M.H. Accurso SRL, Alimentos Generales SA. Ninguna de ellas elabora fideos y aceite.

En este sentido la diputada Graciela Ocaña prepara un pedido de informes en la Cámara para que el ministro  Arroyo brinde explicaciones. Entre otros puntos la legisladora quiere saber justamente “por qué se contrató a empresas comercializadoras y no a entidades productoras” de los alimentos.

Según publica Infobae, en Sol Ganadera SRL y Alimentos Generales SA se repite un directivo y los domicilios (Avenida Corrientes 1327 4 piso). En ambas aparece el nombre de Federico José Toscano: gerente de la primera, apoderado de la segunda.

Copacabana SA está a cargo de la familia Assisa: uno de ellos, Osvaldo Jorge, fue presidente y ahora es secretario de la Unión de Empresas Proveedoras del Estado.

“Teylem SA, tiene oficinas en San Martín 66, piso 4 departamento 410, mientras que en la oficina contigua se ubican las oficinas de Forain SA, ambas con el mismo teléfono”, agrega el medio. Las dos empresas integran el llamado “Grupo L”, que dirige Víctor Lusardi, un proveedor del Estado cercano al macrismo. 

Además Teylem y Copacabana -que a su vez está vinculada societariamente con Alimentos Generales- “fueron denunciadas en la Justicia por la supuesta compra fraudulenta por parte del gobierno de Vidal de un lote de pan dulces que se repartieron en la Navidad de 2016”, señala un artículo del diario Clarín.

La denuncia

Por el hecho ya fue presentada en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas una denuncia por “malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración”. Lo hizo la abogada Silvina Martínez, ex directora de la Inspección General de Justicia (IGJ), quien además pidió que se haga cuanto antes un allanamiento en la sede del ministerio, “a los fines de obtener toda la documentación necesaria a los fines del progreso de la investigación”.

“El Gobierno admitió que pagó precios más altos por estos productos y lo justificó por la urgencia para concretar las compras. Claramente no es entendible la supuesta justificación. Basta con recorrer en forma virtual cualquier supermercado minorista para acceder a los mismos productos a la mitad de precio y de primeras marcas”, razona la abogada Martínez en su denuncia, según difunde el portal Perfil.

“En el marco de la contratación por emergencia, no hay licitación pública, es contratación directa. El Estado le tiene que mandar por mail a tres proveedores que están inscriptos dentro del registro de proveedores. O sea que fue el propio Estado el que eligió a los tres proveedores que correspondían al mismo grupo empresario. Hay algún funcionario que mandó el mail a tres proveedores sabiendo que detrás de estos proveedores estaba la misma persona, el Grupo L”, explicó la abogada que también es denunciante contra el kirchnerismo en las causas Hotesur y Los Sauces junto a Margarita Stolbizer.

En el canal de noticias TN mencionaron a la funcionaria que habría autorizado la compra de los alimentos a los proveedores del mismo grupo empresario. Según informaron, se trata de Cecilia Lavot, secretaria de Gestión Administrativa.

La postura de Fernández

“Creo en la honestidad de Daniel Arroyo”, dijo Fernández sobre el titular de la cartera de Desarrollo Social, que dispuso abrir una investigación para saber qué pasó con esa operatoria.

Según explicó el Presidente, “las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios y la cartera de Desarrollo Social tuvo que enfrentar el dilema entre alimentar a la gente y pagar más, o no hacerlo”.

“Esto habla de la cartelización de ciertos sectores”, dijo Fernández, que de todos modos dejó claro que “si hay acto de corrupción” vinculado a esta compra será “el primero que lo va a perseguir”.

“No tengo ninguna intención de apañar a un corrupto”, dejó claro.

Dijo también que le pidió al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que esta compra “sea devuelta, pese a que ya se recibió parte de los alimentos, ya que aún no se pagó”.

“Ninguna compra se puede hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija“, afirmó el Presidente. Agregó que “no puede ser que alguien se le plante al Estado y le diga no te vendo si no me pagás lo que quiero”