Son varias las enseñanzas que ha dejado el paro agropecuario, para todos. Después de la espontánea movilización ciudadana en todos los centros urbanos del país de fines del 2001 y comienzos del 2002, que terminó con el gobierno inoperante de Fernando de la Rúa, hasta ahora, el pueblo no se había visto motivado ni mucho menos interesado en expresarse masivamente o preocuparse por el rumbo del país. En mayor o menor medida, el paro y sus consecuencias, como la falta de alimentos en todo el país, obligan a poner las barbas en remojo a los gobiernos en todos sus niveles, desde el Ejecutivo nacional, pasando por los gobernadores de provincia, hasta los intendentes.

    Se produjo un punto de inflexión, además de develar que ya no le alcanza a la Nación con manifestaciones prepotentes de poder para silenciar críticas o apagar malestares varios. No alcanza con el uso indiscriminado de la billetera gubernamental cuando la sociedad muestra su descontento y amenaza con mover las tarimas en donde se asientan los representantes del poder político. Así como Cristina no tenía, como quedó al descubierto, una política agropecuaria definida, clara y diferenciadora entre grandes y pequeños actores, en las provincias, al menos en Mendoza, sucedió lo propio.

   Cristina venía usando el mismo método que su marido para acumular recursos que abultaban el superávit fiscal con el sostenimiento de las retenciones sobre la exportación de granos. El aumento del impuesto sin distingos para el caso de la soja, como está claro, fue lo que activó el conflicto.

    Pero, sin entrar en las cuestiones puramente técnicas que en alguna medida se conocen, se descubrió que el único objetivo que tiene aquella medida es la recaudación de recursos que, al menos hasta ahora,nunca fueron utilizados para equilibrar los desajustes en las economías regionales ni para compensar con obra pública o con la construcción de escuelas, hospitales, caminos, puentes, tendidos eléctricos, infraestructura social básica y planes de viviendas, a aquellas zonas del país que no cuentan con las ventajas comparativas de la Pampa Húmeda.

    Sin el aumento de casi 10 puntos que el Gobierno de Cristina había dispuesto en las retenciones en aquella resolución del 11 de marzo, la Nación extraía de las exportaciones de soja unos once millones de dólares. Con el aumento, se calculaba que se recaudarían 1.500 millones de dólares más. Otros números dan cuenta de que las retenciones generaron una baja del pago del impuesto a las ganancias del orden de los siete mil millones de pesos. Al pagar más retenciones, las ganancias se vieron disminuidas y las provincias acusaron el impacto, porque Ganancias es uno de los impuestos que se coparticipa.

    No sólo perdieron Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, las principales productoras de soja del país; el resto de las provincias también, por la naturaleza del impuesto. Por supervivencia política, la Nación deberá cambiar su estrategia, aunque no esté convencida de ello y no entre en la filosofía del matrimonio Kirchner. Los hombres del campo, en especial los pequeños y medianos, demostraron que el poder absoluto de los K tiene fisuras y que se puede trasponer la barrera que los mismos Kirchner han impuesto y vivir para contarlo, y se puede poner las cosas patas para arriba, obligando a un rediseño estratégico para abordarlo.

    Ya no le alcanza a la presidenta con decir que los hombres del campo son golpistas y que los medios también lo son, porque reflejan opiniones o visiones distintas de las del régimen. Porque la democracia se ha consolidado en el país y porque la sociedad, gobernada por los Kirchner, está tomando conciencia de que puede hacer sentir su voz bien alto, dominando el terror que impone quien hace creer que se vive de su voluntad y gracia. Los días de crisis también sirvieron para que algunos gobernadores, corridos por el espanto, es cierto, se animaran a enfrentar con fuerza y firmeza al poder central y a reclamar por sus economías regionales, por sus productores y por los desajustes que existen desde tiempos ancestrales entre el interior y el puerto.

    Ya no será lo mismo ni debe ser lo mismo luego del paro agropecuario. Porque si los sojeros, tamberos y ganaderos consiguieron compensaciones en los fletes por estar a determinados kilómetros de los puertos, no se entiende por qué esa medida no debe comprender a los productores mendocinos, por ejemplo.Como también, el subsidio de la tasa de los créditos del Banco Nación o el financiamiento necesario para mejorar los caminos productivos del interior de la provincia.

    Lo de Celso Jaque –más allá de haber quedado políticamente, y con convicción, más cerca del lote de gobernadores que fueron mostrados como rebeldes, lo que les dio un aire de más o menos independencia del poder central– tuvo que ver con que no tenía otra salida. Mendoza no resiste tener un gobernador decididamente alineado con Buenos Aires si eso no redunda en beneficios concretos. O se ponía al frente del reclamo agropecuario provincial o ese reclamo amenazaba con provocarle fuertes dolores de cabeza, sumados a los que ya tiene en tan poco tiempo de gobierno.

   Pero, fueron los intendentes, además, los que empujados por el malestar general, llevaron a Jaque a responder en esa línea. O, al menos, a actuar en esa línea, porque la Nación no ha respondido nada en concreto todavía. Cinco años después de la llegada del kirchnerismo al poder se anuncia el análisis y estudio de un plan estratégico para el campo para los próximos cuatro años. Demasiado tiempo perdido. O quizás, visto de otro modo, el tiempo que pasó es lo que le llevó a parte de la sociedad descubrir que la única estrategia que había estaba destinada a unos pocos.