Tras el bochazo de la Legislatura al proyecto de ley de reestructuración sanitaria, el Gobierno va tras la firma de un pacto con los demás partidos políticos para elaborar una nueva norma que logre el consenso y pueda traspasar de manera más sencilla el filtro legislativo. La idea que tiene en mente el ministro de Salud, Sergio Saracco, y que sería comunicada por el propio gobernador Celso Jaque, es firmar un pacto similar al educativo que prevé la sanción de una ley antes de fin de año que le dé un nuevo marco al sistema de salud.

    Así, no sólo los partidos políticos aportarán, porque también podrán opinar las organizaciones sociales y diferentes actores del sistema, generando una nueva ley que aporte cambios al sistema sanitario para los próximos 30 años. Pero a diferencia de la norma anterior, que se archivó en la Cámara Alta, esta irá a la Legislatura fraccionada, porque se entregará a los legisladores cada uno de sus artículos para que puedan ser revisados con anterioridad en las comisiones de salud de las cámaras. Según Saracco, ya está terminado el análisis de todos los centros asistenciales de la provincia y están detectadas todas las dificultades para comenzar a trabajar.

    El ministro admitió que ya se conocen las debilidades de todo el sistema sanitario, mientras participaba de un desayuno de trabajo con la prensa al que también asistieron todos los referentes de su cartera. Según coincidieron el titular de la cartera y el subsecretario de Planificación y Control, Ricardo Landete, hay muchos centros asistenciales del sector público y privado que están trabajando fuera de regla. Esto es, sin las necesidades mínimas de equipamiento, o sin baños de acceso público. Mientras que otros no cumplen con la reglamentación de residuos patológicos, entre otras cosas (ver aparte).

    Esta afirmación surge a pocos días de la muerte de tres personas en el Sanatorio Argentino, en San Martín, a raíz de un incendio que no logró ser controlado a tiempo. Según el ministro, esta clínica había sido revisada por última vez en el 2006 y estaba dentro de la reglamentación que establece un control cada tres años de gestión. Según Saracco, una ley de reestructuración sanitaria también se necesita para corregir estas anomalías porque la Ley de Habilitaciones Sanitarias es de 1990 y algunas cosas no se pueden cumplir.

DIFERENTES. Otro de los problemas que se intentará solucionar con la nueva ley es la creación de un nuevo nomenclador para las obras sociales. Es que en la actualidad a las prepagas les cuesta más barato pagarle al Estado por la atención de sus pacientes en centros estatales que en los privados. Esto se da porque el nomenclador del ámbito oficial es del 2002 y el de las privadas está actualizado, por lo que las diferencias en los precios de las prestaciones son abismales, teniendo en cuenta la inflación que también golpeó duro al sector de la salud en los últimos años.

NEGATIVA. El responsable del área sanitaria se encargó de reiterar una y otra vez que, a pesar de las sospechas difundidas por legisladores y gremios, el Gobierno no pretende manejar los fondos de la Obra Social de los Empleados Públicos( OSEP). Es que uno de los aspectos más discutidos de la ley de reestructuración sanitaria que se mandó al archivo es que no estaba claro qué pretendía manejar el Gobierno de esta institución. Es que la misma dispone de un porcentaje de la torta nada despreciable, porque este año contará con 400 millones de pesos y tiene bajo su dominio a 20 por ciento de la población.

    Sin embargo, el ministro Saracco, repitió que son las políticas públicas de salud las que se intentan unificar junto a Pami, Osep y la cartera que él conduce.