El jueves 6 de noviembre, El Sol publicó un informe sobre la circulación de un video de pornografía infantil en las escuelas primarias y secundarias del Gran Mendoza a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, y hubo conmoción en los docentes, los alumnos y en sus padres por la crudeza del contenido.
La noticia, que tuvo repercusión nacional, derivó a las pocas horas en una investigación de oficio del fiscal especial Santiago Maximiliano Garay, quien a su vez es el titular de la provincia de la Red de Puntos de Contacto contra la Pornografía Infantil. Como es casi imposible conocer desde qué teléfono celular fueron enviadas por primera vez las crudas imágenes, si fueron realizadas localmente o son extranjeras, el objetivo de la instrucción –que todavía sigue su curso– es la identificación de las personas que las reciben y luego reenvían, acción que está prohibida por el Código Penal, que prevé hasta cuatro años de cárcel para aquellos que incurran en ese delito.
El lunes por la mañana, la pesquisa de Garay tuvo resultados positivos en el departamento de Lavalle, donde se desarrolló un allanamiento y se detuvo a una mujer de 40 años por la distribución del citado video en el que se observa durante cuatro minutos a dos niños –una nena y un varón– de entre 4 y 6 años, realizando actividades sexuales frente a una cámara web.
Si bien la mujer fue liberada a las pocas horas porque se trata de un delito excarcelable, el fiscal la imputó formalmente y secuestró su teléfono celular y otros elementos de electrónica aptos para reenviar el contenido de pornografía infantil.
Se detuvo a una mujer de 40 años por la distribución del citado video en el que se observa durante cuatro minutos a dos niños –una nena y un varón– de entre 4 y 6 años, realizando actividades sexuales frente a una cámara web.
La medida solicitada por Garay –y confirmada por un juez de Garantías– se desarrolló luego de algunas semanas de instrucción, cuando un hombre se presentó a la Fiscalía Especial denunciando que había recibido el material prohibido en su cuenta de WhatsApp de un número desconocido. Como desconocía quién era el contacto y después de observar las imágenes, el hombre se dirigió a la Justicia para presentar la queja formal, ya que se trataba del video que había sido noticia hacía algunos días.
Recibida la denuncia, en la fiscalía iniciaron el seguimiento –a través de diversas tecnologías que permiten conocer desde dónde se realiza una llamada telefónica o se envía un mensaje de texto gracias a las antenas de celulares– del número “misterioso”. Así fue como dieron con una vivienda de la comuna de Lavalle. De esta forma, solicitaron la orden de allanamiento y fueron tras la persona que había reenviado el material prohibido.
Grande fue la sorpresa de los funcionarios judicial y policías cuando notaron que se trataba de una mujer, quien fue arrestada y llevada hasta la Fiscalía Especial. Allí, el fiscal le notificó la calificación que recayó sobre ella (ver aparte) y la mujer no declaró.
Para los investigadores se trató de un hecho inédito en la provincia, ya que no se conocen casos de detenciones e imputaciones por reenvío de imágenes de pornografía infantil a través de la aplicación WhatsApp.
Lo que viene y la advertencia
El próximo paso de la investigación de Garay será determinar si la mujer integraba alguna red de pederastas –de ahí el secuestro de su teléfono y de computadoras portátiles– o si recibió el material en su celular y lo reenvió sin otro fin.
De todas formas, los investigadores alertaron a la comunidad sobre el caso que terminó con una imputación: “Está prohibido y hay gente que lo desconoce, más en estos tiempos donde los celulares forman parte de la vida cotidiana. Si alguien recibe en su computadora o en su teléfono celular, como en este caso, material de pornografía infantil y lo reenvía, ya sea a un contacto a otro número, es un delito”.
Por esto destacaron el hecho de que el hombre que recibió hace pocos días las imágenes de un número que no tenía agendado, se dirigiera hasta la Fiscalía Especial para radicar la denuncia correspondiente.
De seis meses a cuatro años de cárcel
La detención de la mujer sospechada de reenviar material de pornografía infantil a través de su teléfono celular generó la imputación por violar parte del artículo 128 del Código Penal (delitos informáticos), que tipifica: “Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores”.
En su segundo párrafo, habla sobre la comercialización: “Será reprimido con prisión de 4 meses a 2 años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización”.
Por último, agrega en su tercer párrafo sobre el suministro: “Será reprimido con prisión de un mes a tres años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico
a menores de 14 años”.
Generó estupor en la comunidad educativa
Sorpresa en los estudiantes. Preocupación en los docentes y estupor en los padres. “El video de los nenes”, como llamaban en las escuelas a las imágenes que muestran a dos criaturas realizando actividades sexuales sobre una cama y frente a una cámara web generó un fuerte impacto en la comunidad educativa.
Tanto es así que los maestros de establecimientos capitalinos, godoicruceños y lasherinos –donde se detectó la grabación en celulares– se mostraron preocupados por las consecuencias que podrían generar en los estudiantes. Docentes consultados este diario señalaron que “los mismos niños” se mostraron horrorizados cuando lo vieron y explicaron que transmitieron que desconocían, en algunos casos, de donde provenía el material prohibido. A las pocas horas, desde la DGE, a través de la titular, María Inés Abrile de Vollmer, salió la respuesta y apuntaron a la familia.
“Lo que hacen los chicos con sus teléfonos o computadoras debe ser controlado por los padres”, señaló Abrile de Vollmer”.