Hace unos meses, Omar Palermo, uno de los ministros de la Suprema Corte, anunciaba la iniciativa del máximo tribunal de hacer públicos todos los fallos en materia penal. Además de transparentar y garantizar de ese modo el acceso a la información, la decisión sirvió para seguir de cerca el accionar de los jueces, parte fundamental en cualquier política criminal.
Las demoras procesales o la prisa para resolver expedientes sin estudiarlos en profundidad y sin analizar cada una de las pruebas contenidas son algunas de las tantas maneras de denegar justicia. Pero son, fundamentalmente, dos maneras de “colaborar” con la inseguridad. Y aquí no se trata ni de garantismo ni de mano dura. Esto tiene que ver con la responsabilidad con que los magistrados deben hacer su trabajo: la difícil tarea de ser justos en un contexto y en un tiempo determinados.