Personal de la delegación San Rafael de la Policía Federal Argentina (PFA), junto a funcionarios de organismos nacionales, allanaron una finca ubicada en Real del Padre, donde rescataron a diez hombres que estaban sometidos a explotación laboral, informaron voceros de la fuerza.

El operativo fue parte de una investigación que se inició por una denuncia recibida a principios de mes en el Ministerio Público Fiscal de San Rafael, donde en forma anónima uno de los trabajadores que había escapado manifestó que el encargado de la finca lo había contactado para trabajar en las cosechas de peras y duraznos, ofreciéndole una muy buena remuneración económica que al cabo no resultó de esa manera.

El denunciante, oriundo de la provincia de Salta, expresó que el pago no fue el pactado, sino mucho menor y sobre todo las condiciones de hábitat eran muy precarias.

A partir de los datos aportados, se inició la investigación, a cargo de la brigada de la División Unidad Operativa Federal San Rafael, determinando con exactitud el lugar y la identidad de la persona denunciada, a la vez que, mediante “averiguaciones, seguimientos y filmaciones”, se estableció que el modus operandi era el de contactar trabajadores golondrinas provenientes del norte del país.

“Les pagaba el pasaje en micro con promesa de buen trabajo en la cosecha y que del sueldo le descontarían el costo de traslado”, se indicó, agregando que el denunciado tenía dos camiones con los que, junto a su hermano y su padre, trasladaba a los trabajadores a fincas cercanas.

Con esas pruebas, el Juzgado Federal de San Rafael, a cargo de Eduardo Puigdengolas, ordenó un allanamiento donde se logró el rescate de diez personas que se encontraban hacinadas y se alojaban en condiciones muy precarias. Asimismo se detuvo a un ciudadano boliviano y se secuestraron  $87.000, dos camiones, tres netbooks, una notebook, un teléfono celular, entre otros elementos.

El operativo se llevó a cabo con la asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, la Delegación local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Migraciones, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

Una vez que allanaron el lugar, los agentes constataron que “estas personas vivían en condiciones extremadamente precarias, ya que sus habitaciones no contaban con puertas ni ventanas y las aberturas del lugar se encontraban cerradas con nylon oscuro, lo que les impedía la vista al exterior y ni siquiera contaban con ducha para higienizarse”. Además, nueve de ellas no se encontraban registradas en el Ministerio de Trabajo.

El detenido de 26 años, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del juez Puigdengolas, que aguarda los informes policiales y de los demás organismos para formular la imputación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.