Una investigación federal expuso una maniobra de extrema gravedad dentro del Complejo Penitenciario Provincial de La Rioja, donde menores de edad eran utilizados para el ingreso de estupefacientes a la cárcel. El caso derivó en tres allanamientos simultáneos, dos de ellos dentro del penal y otro en un asentamiento de la zona norte de la ciudad.
El operativo fue llevado adelante por la Policía Federal Argentina tras una denuncia anónima que alertó sobre una situación de vulneración y maltrato infantil. De acuerdo con la pesquisa, una mujer habría obligado a uno de sus hijos a introducir drogas al establecimiento penitenciario, donde luego eran distribuidas y comercializadas.
A partir de esa información, los investigadores desarrollaron tareas de inteligencia que incluyeron vigilancias encubiertas, seguimientos y recolección de pruebas, lo que permitió reconstruir el funcionamiento de una organización que se valía de menores para sortear los controles de seguridad del penal.
Como resultado de los procedimientos, los niños fueron puestos bajo resguardo por personal especializado, que activó los protocolos correspondientes para garantizar su protección y preservar su integridad física y psicológica, en el marco de una causa sensible por la presencia de víctimas menores de edad.
La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal de La Rioja, a cargo de la fiscal Virginia Carmona, con intervención del Juzgado Federal conducido por Daniel Piedrabuena.
Los operativos estuvieron supervisados por el subcomisario Cristian Nieva, jefe de la Policía Federal en la provincia, y contaron con la colaboración de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, encabezada por María Belén Carrizo.