Francisco el Chato Álvarez sólo estuvo en la cárcel poco más de dos meses por estar acusado de ser parte del llamado Bentogate.

El abogado que asesoraba y compartía negocios con Diego Aliaga, el señalado nexo de una presunta organización dedicada a sacar presos a cambio de miles de dólares –liderada el titular del Primer Juzgado Federal, Walter Bento, de acuerdo con la hipótesis principal de la causa– fue detenido en Capital Federal el 13 de diciembre y terminó procesado en tres casos de cohecho desde el 14 de febrero, cuando se conoció una resolución del juez de la causa, Eduardo Puigdéngolas.

Sin embargo, tres días después de ese fallo que dio a conocer este diario, el mismo magistrado hizo lugar a un pedido de la defensa para que continúe en situación de encierro pero en su domicilio, fuera de los barrotes de la penitenciaría.

Álvarez logró el beneficio de la detención en su hogar luego de un pedido de su abogado, que no tardó en reaccionar luego que el juez Puigdéngolas no lo procesara como uno de los integrantes de la asociación ilícita.

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De acuerdo con fuentes judiciales, para el magistrado que tiene a cargo la causa no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento de la instrucción y tampoco arriesga una pena elevada en caso de ser hallado culpable en un hipotético juicio oral.

Debido a esto, determinó que deje la prisión federal de Cacheuta, donde ingresó luego de haber estado algunas horas en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz –primer destino cuando lo trajeron desde Buenos Aires– y la U-32, el centro de detención temporal de los Tribunales de calle Pedro Molina y España, para seguir sometido a proceso con domiciliaria.

Las fuentes agregaron que se le fijó una caución real de 5 millones de pesos a cambio de acceder al beneficio.

Esto se le sumó a los más de 15 millones de pesos de embargo que le trabó el magistrado cuando lo procesó con prisión preventiva.

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El fallo de Puigdéngolas generó la rápida reacción de fiscalía, a cargo de Dante Vega, que apeló al no estar de acuerdo con los argumentos esgrimidos. 

El Ministerio Público no sólo cuestionó la domiciliaria del Chato, sino también que el juez le haya dictado la falta de mérito como sospechoso de integrar la asociación ilícita.

Con las cartas jugadas, será la Cámara Federal de Apelaciones la que termine de resolver la cuestión de fondo en los próximos días.

Fuentes consultadas por El Sol señalaron que “es muy posible” que el tribunal de alzada de un giro en la causa y procese al Chato Álvarez como integrante de lo que se considera una banda a pesar de lo que entienda el juez de la causa pero “poco probable” que retorne a la cárcel, como se encuentran actualmente –salvo el juez Bento, que tiene fueros– otros letrados como Luciano Ortego y Jaime Alba.

Estos hombres son considerados por la fiscalía piezas fundamentales en la estructura delictiva y por eso recaen sobre ellos acusaciones de las más pesadas.

Causa compleja

El llamado Bentogate tiene más de 25 procesados. Entre ellos se destacan el juez Bento, los citados abogados –además Martín Ríos y Matías Aramayo, quienes declararon como arrepentidos y recuperaron la libertad–, el comisario José Moschetti y el señalado malviviente Walter Bardinella Donoso, la punta del iceberg, como lo llaman los investigadores.

Gracias a un teléfono que le secuestraron a este hombre en marzo del 2020, la Policía contra el Narcotráfico (PCN) descubrió que mantenía conversaciones con diversos personajes del ámbito judicial federal de la provincia.

Entre ellos se destacaban Diego Aliaga –asesinado en julio de ese mismo año–, abogados, policías y otros personajes del hampa.

El entrecruzamiento de datos e información que recolectaron los detectives permitió conocer que existían presuntos arreglos entre los representantes legales, Aliaga y el juez Bento para que ciertos detenidos –mayormente, acusados de contrabando– accedieran a beneficios en los procesos que se seguían contra ellos, como detenciones domiciliarias, cambios de calificaciones, faltas de mérito y hasta sobreseimientos.