En la Unidad Fiscal de Homicidios y también los policías que trabajan en Investigaciones, consideran que Pablo Andrés Vallejos es uno de los delincuentes más agresivos de los últimos años. Y su larga lista de antecedentes así lo demuestra: está vinculado a robos agravados, un asesinato y hasta tiroteos con uniformados. Los pesquisas consultados sostienen que “es un motochorro agresivo que no paraba de cometer delitos”.

Desde el 23 de febrero, Pablito Vallejos –así lo llaman en su entorno– está internado en el Hospital Central. Se cruzó a tiros con policías después de intentar robar un auto y balear en el rostro a una abogada del Senasa en la puerta de un domicilio de Villa Nueva, Guaymallén, y recibió un disparo que ingresó por una axila. 

Está en coma. Corre riesgo su vida y permanece con custodia uniformada porque se encuentra en calidad de detenido por orden de una fiscal. Las pruebas en su contra por una serie de hechos ocurridos entre noviembre y fines de febrero son contundentes y por eso decidieron que policías y penitenciarios lo custodien en el sector donde se encuentre.  

En las últimas horas, como reveló El Sol, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo le endilgó cinco robos y también el crimen del chapista Luis Alberto Reymond. Este último hecho ocurrió en noviembre del año pasado en Las Heras y fue el puntapié inicial para profundizar los trabajos de campo. 

Ver también: El caso del motochorro que está grave y todos los robos que le imputan

Mientras la instrucción de las causas avanza en el Ministerio Público, trascendió que la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de Mendoza pidió al Juzgado Penal Colegiado Nº2 la liberación de Vallejos mientras se encuentra en Terapia Intensiva del Hospital Central. 

La presentación, realizada por Romina Cucchi, subdirectora de Ejecución Penal del área, generó revuelo este jueves en los Tribunales locales, porque no es parte de la causa, es decir, no tiene competencia para pedir el cese de la detención del detenido. 

Tanto es así que sus argumentos llegaron hasta al máximo tribunal que preside Dalmiro Garay, debido a que el juez de primera instancia Gabriel Bragagnolo lo notificó administrativamente para que sea analizado porque la citada dirección depende de la Corte. 

Trascendió que la Sala Administrativa deberá revisar el pedido de Derechos Humanos. Y por eso Garay lo derivó a la Secretaría Legal y Técnica para que informe cómo proceder.

La polémica se instaló en el edificio de calle Patricias Mendocinas porque va en contra de la política criminal que mantienen actualmente las autoridades judiciales. Por eso es más que probable que termine siendo desestimado.

Es más, en el Ejecutivo miraban de reojo y esperaban la definición de la Corte, debido a que existe la posibilidad de que Vallejos quede en libertad antes de ser imputado –no lo han notificado por su cuadro– cuando fue detenido después de una serie de hechos graves de inseguridad.

La presentación de Cucchi señala que la Dirección de Derechos Humanos tomó conocimiento de que Pablo Vallejos continuaba internado en el Hospital Central en calidad de detenido permanente. “Y tomando contacto con esta oficina el área de Gestión de la Salud del Servicio Penitenciario, quien desconoce qué ha resuelto al respecto, se advierte que con fecha 13 de abril se ha declarado la incapacidad sobreviviente y suspensión del proceso penal sin resolver la situación de libertad del mencionado”, añade. 

Ante esto, “solicitamos se resuelva de manera urgente el cese de la detención de Pablo Andrés Vallejos”, reza el escrito firmado por Cucchi. 

Básicamente, desde Derechos Humanos entienden que el estado de salud del presunto delincuente, quien tiene pasado carcelario y venía generando terror en diversas zonas por la violencia de los ataques que se sospecha cometió, se agravó con el paso del tiempo y que mantenerlo en calidad de detenido implica restricciones de posibilidad de acompañamiento y cuidado de su familia, “así como de tomar decisiones respecto del lugar de internación” o “bien llevarlo a su domicilio”. 

Por último, señala: “Por lo tanto, la no resolución de su situación de libertad implica un agravamiento general de su salud, integridad física, dignidad y calidad de vida”. 

Casi al mismo tiempo que la Unidad Fiscal de Homicidios tomó conocimiento de la presentación de Derechos Humanos, ingresó un control jurisdiccional (un especie de pedido de revisión de las actuaciones) de la defensa de Vallejos, a cargo del defensor oficial Rubén Castro. Justamente, uno de los temas a tratar por el representante será el cese de la detención, apoyado por la petición de Cucchi. 

Lo cierto es que el caso Vallejos, como ya lo bautizaron en la Justicia, provocó un cimbronazo en la estructura investigativa de la causa y también en la Suprema Corte. Las próximas horas iban a ser clave para el futuro de la situación procesal de Vallejos en el expediente que instruye Lazo. 

Un homicidio y asaltos

Pablo Martín Vallejos, conocido como Pablito, está detenido desde el 23 de febrero. Se cruzó a tiros con policías luego de intentar robar el auto de una abogada en la puerta de la casa de la víctima, en Tropero Sosa y Pringles, en Guaymallén. 

La mujer, María Gabriela Morilla (42), recibió un tiro en la mandíbula y salvó su vida de milagro. Por su parte, Vallejos terminó siendo atrapado al recibir un balazo 9 milímetros en una axila. 

Con el paso de las semanas, mientras su estado de salud empeoraba en el Hospital Central, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo confirmó, gracias a una serie de pruebas, que este ex convicto había participado en el crimen durante un robo del chapista Luis Alberto Reymond (58) y de otros cinco hechos de gravedad. Todos relacionados con la sustracción de autos.