Tiene 46 años, estudios universitarios incompletos y un expediente judicial que pesa doble. Está detenido en el Complejo Penitenciario San Felipe de Capital desde hace más de un año y este martes el juez Ramiro Salinas decidirá si, además de los tres años de prisión que ya acumula por estafar a decenas de inversores, debe cargar, al menos, con nueve años por los delitos que, según la fiscal que lo investigó, cometió en el dormitorio de su propia casa por violencia sexual.
Inicialmente, el lunes 23 de febrero, este empresario (se reserva su identidad para proteger a la denunciante) se sentó ante la jueza Miriam Nuñez y admitió haber montado una maniobra piramidal. La promesa era simple y tentadora: entregá dólares, invertí en siembra de ajo y zanahoria, y esperá la ganancia.
Lo que nunca llegó fue la cosecha. Tampoco el dinero. Los pagarés vencieron, los contratos de deuda quedaron en papel y al menos diez causas judiciales se acumularon en la Fiscalía de Delitos Económicos.
Se habló de más de cien damnificados, algunos vinculados al ámbito de los Tribunales Federales y organismos del Estado. Las sumas entregadas oscilaban entre cinco mil y diez mil dólares, aunque varios inversores aseguraron haber puesto mucho más.
La fiscal Mariana Pedot y la defensa cerraron un acuerdo de juicio abreviado. Tres años de prisión efectiva. La jueza homologó el fallo y, con eso, cerró una investigación que se había iniciado más de tres años atrás, cuando este diario reveló el esquema fraudulento.
Sin embargo, el estafador no salió de la sala hacia la libertad. Quedó detenido por otra causa. Una mucho más oscura.
Según la acusación que sostiene la fiscal Gabriela Cháves, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, entre los primeros días de junio y fines de agosto de 2023, abusó sexualmente de quien era su pareja en el dormitorio del hogar que compartían en Dorrego, Guaymallén.
En el debate presidido por el juez Ramiro Salinas la fiscalía aseguró que obligaba a la mujer a acostarse sin ropa interior, la amenazaba con frases como “dale, con qué empiezo” o “sacate la ropa o dejo la luz prendida y me quedo despierto como un centinela”, entre otras frases.
Cuando ella se negaba, la obligaba también a realizar otros tipos de actos sexuales. En al menos dos ocasiones la accedió carnalmente contra su voluntad, relató la mujer, y la fiscalía dio por comprobado.
Uno de esos hechos ocurrió durante un ataque de ira porque su hijo había dejado una hoja en blanco en el cuaderno escolar. El niño estaba en el comedor mientras todo sucedía en el dormitorio.
Las intimidaciones para someterla sexualmente seguían un patrón reconocible: “Por dónde empiezo”; “por dónde sigo”; “por dónde termino”. Frases que la mujer entendía como “amenaza de violencia física, de destrucción del hogar, de consecuencias imprevisibles”, se desprendieron del proceso oral.
A principios de este mes, la fiscal Chávez presentó sus alegatos y solicitó que el empresario sea condenado por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y coacciones, todos en concurso real y en contexto de violencia de género. La pena pedida: 9 años de prisión.
La querella, en representación de la denunciante y a cargo de las letradas María Eugenia Moyano y Mariela Alejandra Ponce, adhirió a lo solicitado por el Ministerio Público.
La defensa, encabezada por Pablo Guida, también expuso sus argumentos y entendió que su cliente era inimputable, pidiendo, en su defecto, que sea absuelto por la duda. El juez tendrá la última palabra este martes y dará a conocer el fallo.