Trece personas comenzaron a ser juzgadas este martes por integrar una organización criminal dedicada al cambio ilegal de divisas, el lavado de activos y el pago de sobornos a la cúpula de la Policía Federal en Mendoza. Sin embargo, gran parte del proceso se resolvió rápidamente para buena parte de los acusados, luego de que el fiscal federal Federico Baquioni acordara juicios abreviados con las defensas de varios de los involucrados.
Este acuerdo será homologado por el Tribunal Oral Federal N°1, integrado por los jueces María Paula Marisi, Alejandro Waldo Piña y Daniel Alberto Carelli, en los próximos días, detallaron fuentes consultadas por El Sol.
Las penas más severas recayeron sobre quienes, de acuerdo a la instrucción, encabezaron la estructura delictiva. Nicolás Ernesto Bazán acordó 6 años de prisión y una multa de 106.930.900 pesos por ser jefe y organizador de una asociación ilícita que funcionó entre 2020 y 2022, y que utilizó siete joyerías como fachada para realizar operaciones de cambio de divisas sin autorización.
Entre los comercios implicados están Stefano Canella (con sucursales en Galería Tonsa, Catamarca, Rivadavia y Las Heras), Vía Roma (9 de Julio y Espejo) y la Casa del Tesoro (San Juan 1163), todos en Ciudad de Mendoza.
Además del cambio ilegal de divisas, el esquema incluyó exportaciones de oro hacia Chile, préstamos de dinero con intereses y la adquisición de bienes muebles e inmuebles con fondos ilícitos, como bares, boliches y la producción de eventos musicales, se desprende del acuerdo que hizo el Ministerio Público.
Además, será condenado por el delito cohecho, por el pago de sobornos al entonces jefe de la Policía Federal local, Dino Enzo Rossignoli, quien también está en el banquillo, pero prefirió no aceptar el procedimiento abreviado y será juzgado por el TOF junto con otros dos procesados.
Otro de los cabecillas, Renzo Fabio González, acordó también una pena de 6 años de cárcel y la misma multa económica. Confesó ser jefe y organizador de asociación ilícita, lavado de activos y tenencia simple de estupefacientes. En su domicilio se hallaron sustancias ilegales durante los allanamientos realizados en 2022.
El padre del líder, Ernesto Esteban Bazán, recibirá 3 años de prisión en suspenso y una multa de cinco millones de pesos, por integrar la asociación ilícita, participar secundariamente en el lavado de dinero y coautoría en el delito de cohecho.
“Hoy puede que llueva, metete las mesas”: así advertía a los cueveros el comisario federal preso por coimas
El comisario Dino Enzo Rossignoli estaba lejos de ser un pronosticador del tiempo. No tenía idea sobre cómo leer un radar de contingencias climáticas. Era el titular de la Policía Federal de Mendoza y su principal función consistía en dirigir y…
Otros ocho imputados serán sentenciados a tres años de prisión en suspenso, en todos los casos con multas de cinco millones de pesos. Se trata de Félix Masera (integrante de la asociación ilícita y partícipe secundario en lavado de activos), Andrés Francisco Bauco (coautor de asociación ilícita, coautor de cohecho y partícipe secundario en lavado de activos), Juan Manuel Moral (coautor de asociación ilícita y partícipe secundario en lavado), Alejandro Agustín Moral (coautor de asociación ilícita y partícipe secundario en lavado), Marcelo Eduardo Salcedo (miembro de la asociación), Ángel Alberto Fava (comisario retirado y miembro de la asociación) y Roberto Antonio María Bustos (coautor de asociación ilícita).
De acuerdo con la información a la que accedió este diario, tres de los imputados decidieron no aceptar el procedimiento abreviado: el excomisario Dino Enzo Rossignoli, acusado de recibir coimas para proteger las actividades delictivas de la banda; la contadora María José Degregorio Flores, sindicada como pieza clave en la maniobra de blanqueo de dinero; y Eduardo Ezequiel Fernández Olmedo, alias “Palermo”, a quien se le atribuye haber participado en el pago de sobornos. Para ellos, el juicio continuará por la vía ordinaria.
El caso expuso una estructura criminal con ramificaciones comerciales, institucionales y financieras. Según la acusación fiscal, el grupo llegó a crear sociedades como Golden Coffee, Stefano Canella y Vía Roma S.A.S. para canalizar fondos ilegales, mientras que los pagos al exjefe de la Policía Federal les aseguraban impunidad.
El inicio de la megacausa de lavado y coimas
Hace tres años, la megacausa por coimas, venta ilegal de divisas y lavado de activos sumó pruebas de importancia que reflejaron la dimensión de un engranaje delictivo que operaba desde el microcentro mendocino. El punto de quiebre fue el miércoles 6 de julio del 2022, cuando efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) desplegaron 22 allanamientos en joyerías, bares y oficinas sospechadas de servir como fachada para el funcionamiento de cuevas financieras. El objetivo fue desarticular un circuito paralelo de cambio de moneda extranjera, evasión fiscal y blanqueo de capitales.
Los efectivos llegaron hasta estos locales a partir de una serie de datos que revelaban que no eran lo que aparentaban. En lugar de dedicarse a la venta de alhajas o el rubro gastronómico, como figuraba en sus registros oficiales, estos comercios servían como pantalla para operaciones clandestinas vinculadas al mercado negro de divisas y oro.
Los principales apuntados fueron desde el primer momento Nicolás Bazán y Renzo González, dos jóvenes que, con un crecimiento patrimonial acelerado y ostentoso en redes sociales, llamaron la atención de los investigadores.
Vestimenta costosa, joyas, viajes y vehículos de alta gama se repetían en sus perfiles de Instagram. El estilo de vida no coincidía con la actividad económica que decían tener, por lo que la PCN comenzó una serie de tareas de inteligencia y vigilancia para confirmar las sospechas.
Así fue como se comprobó que los locales vinculados a las razones sociales Stefano Cannella y Vía Roma no registraban mayor movimiento comercial en su rubro específico, pero sí en otro: eran cuevas donde se realizaban operaciones de cambio no registradas y de alto volumen.
El operativo dejó resultados contundentes. Se incautaron 4.100.000 pesos, casi 50.000 dólares, 7.480 euros, 19 máquinas de contar dinero, dos armas de fuego, 21 cartuchos calibre 9 mm, 41 equipos electrónicos, 11 equipos informáticos, cuatro balanzas de precisión, 100 gramos de cannabis, seis plantas de marihuana, dos dosis de MDMA (éxtasis) y cuatro cartuchos vaporizadores con tetrahidrocannabinol (THC).
Pero lo que más llamó la atención fue la documentación encontrada: en particular, un cuaderno al que los investigadores bautizaron como “el libro de las coimas”, donde se detallaban entradas y salidas de dinero, y se mencionaba incluso a la Policía Federal como un gasto fijo mensual.
La causa avanzó rápidamente. En septiembre de ese mismo año, fueron detenidos Bazán, González y un tercer sospechoso de peso: Dino Rossignoli, quien era el máximo responsable de la Policía Federal de Mendoza.
En total, 15 personas terminaron procesadas por diversos delitos. Entre ellos, policías que presuntamente prestaban servicios de custodia a las cuevas, una contadora que habría colaborado en el armado de la ingeniería financiera y otros hombres acusados de ser parte del circuito de lavado.
Los cuadernos con las coimas a la Policía Federal de Mendoza
El expediente iniciado en la Justicia por el pago de sobornos al jefe de la Delegación Mendoza de la Policía Federal contiene pruebas firmes contra los principales sospechosos de integrar una presunta asociación ilícita que mantenía un mecanismo aceitado para operar…
El análisis posterior de los teléfonos y documentos secuestrados permitió identificar nuevas conexiones con el mundo financiero informal. Según confirmaron fuentes de la investigación, Bazán y sus socios mantenían vínculos con otros operadores cambiarios que también habrían tenido relación directa con Rossignoli.
Este avance fue fundamental para que el viernes 19 de abril del 2023 se ordenaran nuevos allanamientos en la Galería Tonsa, principalmente, tras la ampliación de imputaciones.
Las medidas buscaron establecer el entramado completo de un sistema delictivo que habría funcionado con múltiples niveles de complicidad, donde la protección policial, la utilización de fachadas comerciales y la falta de controles permitieron el movimiento constante de millones sin declarar.
Debido a esto, Rossignoli deberá afrontar otro debate por una veintena de casos de cohecho, debido a que Bazán y González no habrían sido los únicos que pagaban sobornos para mantener sus actividades ilegales en el microcentro.