La funcionaria de la Policía Federal Argentina que fue detenida la semana pasada tras protagonizar un presunto allanamiento trucho en una vivienda de Godoy Cruz fue finalmente imputada por exacciones ilegales y recuperó su libertad bajo caución. El fiscal de Delitos No Especializados Juan Carlos Alessandra dispuso una fianza de 800.000 pesos y la obligación de presentarse semanalmente ante el Ministerio Público mientras avanza la investigación.
El caso involucra a Melisa Evelyn Bonilla, de 41 años, cabo con funciones de citadora judicial, quien el pasado martes 4 a las 18 llegó en una camioneta Ford Ranger blanca presuntamente sola hasta una vivienda de la manzana J del barrio Huarpes II, en Godoy Cruz. Testigos le tomaron la patente.
Sin orden judicial ni chaleco antibalas, ingresó al domicilio identificándose como integrante de la fuerza y comenzó a exigir dinero a la dueña de casa, una mujer de 53 años, y otros presentes, tal como sostiene la investigación. Según la denuncia, Bonilla le habría dicho: “¿Dónde está la droga? Me van a tener que dar 300.000 pesos por semana porque ustedes venden droga. Si no tenés plata, dame lo que tenés en el negocio”.
¿Allanamiento trucho? Qué pasó con una policía federal que terminó detenida en Godoy Cruz
Una funcionaria de la Policía Federal Argentina quedó bajo investigación judicial y administrativa luego de protagonizar un presunto allanamiento trucho en una vivienda de Godoy Cruz. La mujer, que tiene estado policial pero cumple funciones civiles, habría intentado extorsionar a una…
Los presentes se negaron a entregarle dinero y llamaron al 911 luego de que la encerraran en un baño. Después de varios minutos de tensión, personal de la Comisaría 52 llegó al lugar y entrevistó a los denunciantes como a la propia Bonilla, quien admitió pertenecer a la Policía Federal, exhibió su credencial identificatoria y reconoció que no contaba con ninguna orden de allanamiento, se desprende de las actuaciones.
La imputación por exacciones ilegales que impuso Alessandra se encuadra en el artículo 266 del Código Penal Argentino, que reprime con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años al funcionario público que, abusando de su cargo, solicite, exija o haga pagar o entregar indebidamente una contribución, un derecho o una dádiva. La norma también prevé una multa de dos a cinco veces el monto de la exacción intentada.
Por lo que detallaron las fuentes, los investigadores buscan ahora determinar si Bonilla actuó en soledad o si contó con el apoyo de otras personas. Para ello, ordenaron peritajes sobre el teléfono celular de la funcionaria, que fue secuestrado durante el procedimiento junto con otros elementos oficiales: una campera, un chaleco y una gorra con insignias de la Policía Federal, y su credencial.
Lo que llamó la atención de los pesquisas es que el extraño hecho ocurrió precisamente cuando la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) y la propia Policía Federal desarrollaban allanamientos legítimos en una causa por tenencia de drogas con fines de comercialización en distintos domicilios de Godoy Cruz y Capital. “Aprovechó esa movida para meterse”, detallaron fuentes del caso, sugiriendo que Bonilla habría intentado sacar rédito de la confusión que generaban los operativos oficiales en la zona.
Tres detenidos tras un operativo donde desarticularon una organización narco
Un trabajo conjunto entre la Policía Federal Argentina y la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) de Mendoza permitió desarticular una organización dedicada al fraccionamiento y venta de drogas en distintos puntos del Gran Mendoza. El operativo culminó con tres detenidos y…
Esa jornada, un trabajo conjunto entre ambas fuerzas había permitido desarticular una organización dedicada al fraccionamiento y venta de drogas en distintos puntos del Gran Mendoza. El operativo culminó con tres detenidos y el secuestro de más de tres millones de pesos, además de cocaína, marihuana y teléfonos celulares, en siete allanamientos ejecutados.
El hecho revelado por este diario generó un fuerte revuelo interno en la fuerza federal, ya que Bonilla cumplía funciones como citadora judicial, es decir, pertenece al personal civil administrativo y no contaba con facultades operativas para realizar procedimientos.
Tampoco llevaba arma reglamentaria ni elementos de protección. Paralelamente a la causa judicial, la Policía Federal inició un sumario administrativo a través de Asuntos Internos para determinar su responsabilidad disciplinaria.