El crimen resonante, el termómetro social que aumenta, la Policía que detiene inmediatamente a los presuntos autores, presentándolos como trofeos de guerra, y la posterior liberación de los mismos por falta de pruebas. La fórmula utilizada por el Ministerio de Seguridad y la Justicia se convirtió en rutina durante algunos de los últimos homicidios que estremecieron a la provincia y generaron protestas sociales contra las autoridades de esa cartera.

“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”, reza el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En Mendoza, al menos cuatro homicidios en el lapso de un año aumentaron la espuma social y la respuesta a corto plazo siempre fue la misma: capturar a personas con antecedentes policiales y anunciar que el hecho estaba cerca de ser esclarecido. Pero con el paso de los días, los fiscales a cargo de las causas no logran recabar las pruebas necesarias para elevar el expediente a juicio y los presuntos asesinos recuperan su libertad.

A pocos días del asesinato de Luis Néstor Berardy (47), el hombre que fue baleado durante un asalto en un minmarket en Dorrego, y tras las fuertes críticas del gobernador Francisco Pérez a fiscales y jueces por una supuesta “inoperancia”, repasamos el desarrollo de las investigaciones de otros crímenes resonantes.

Caso Prado

Las constantes protestas sociales tras el asesinato del médico Sebastián Prado (36), el 6 de septiembre del año pasado, hicieron tambalear al Ministerio de Seguridad, en ese entonces encabezado por Carlos Aranda.

La muerte del traumatólogo tuvo varios factores que lograron que la sociedad se sintiera tocada. No ocurrió en una zona marginal, si no en la puerta de la casa del galeno en la Sexta Sección. Tuvo como víctima a una persona de clase media y padre de familia. Y por último, pero más importante, se trató de un intento de robo de un vehículo, como los que se informan a diario en los partes policiales en cualquier punto de la provincia. La sensación de que le podría haber ocurrido a cualquier ciudadano desató las manifestaciones que estuvieron encabezadas por los familiares de Prado.

El 24 de septiembre se capturó en un allanamiento a Ismael Pipi Merlo (26), un joven que tenía antecedentes por robo con el uso de arma de fuego. El hombre había sido delatado como la persona que ayudó a escapar en una moto al autor de los disparos fatales, identificado como Jonathan Jhonny Morales, con un prontuario simular a su presunto cómplice.

Sin embargo, el fiscal Daniel Carniello no pudo comprobar la versión a través de las pruebas, que no determinaron fehacientemente la autoría de los acusados. Morales fue liberado el 27 de ese mismo mes y Merlo, tres días después.

Caso Pelegrina

Gustavo Enrique Pelegrina (29) murió el 26 de diciembre cuando miraba la final de futsal de la Liga Mendocina de Fútbol en el polideportivo Poliguay, en Guaymallén, donde se generó un enfrentamiento armado entre facciones de Atlético Argentino e Independiente Rivadavia, según sostiene la investigación.

Similar al caso Prado, los familiares de la víctima, también padre de familia, encabezaron distintas movilizaciones que se desarrollaron en Rodeo de la Cruz, localidad donde residía.

Cuatro días después de que una bala ingresara por la nuca del hombre y le quitara la vida, personal de la Dirección de Investigaciones realizó doce allanamientos en las calles 3 de Febrero, Vicente López y Planes, Pedro B. Palacio, Huarpes y Bandera de los Andes, entre otras.

Tras los procedimientos, quedaron 14 aprehendidos y varias motos fueron secuestradas, noticia que inundó las páginas policiales de los principales matutinos provinciales al otro día. Sin embargo, ninguna de esas personas quedó detenida y fue liberada a las pocas horas.

Recién en los primeros días de diciembre, tras la investigación desarrollada por el fiscal especial Daniel Carniello, se logró atrapar a un menor de 15 años y luego cayeron otros tres jóvenes que quedaron imputados por el homicidio.

Caso Moreira Acosta

El conflictivo barrio Santa Teresita de Las Heras fue el lugar donde se montaron una serie de operativos el 1 de noviembre, donde quedó aprehendido Pablo Olmedo (27), tras un llamado anónimo que lo habría delatado ante las autoridades policiales.

Rápidamente fue sindicado como el autor de la muerte de José Moreira Acosta (47), un taxista había sido ultimado un día antes en la intersección de Ejército Argentino y 12 de Octubre, del barrio Aeronáutico. Las autoridades del Ministerio de Seguridad incluso afirmaron que la víctima tenía un frondoso prontuario y horas después debieron desmentir la información.

Tras el hecho, los colegas del hombre realizaron una multitudinaria movilización donde solicitaron que el gobernador, Francisco Pérez, firmara un decreto para tomar medidas en seguridad. Las marchas mantuvieron en vilo al Ejecutivo provincial, que impulsó un proyecto para adaptar los vehículos para que sean más seguros para el chofer.

En tanto que Pablo Olmedo quedó libre tras dos días de detención ya que las pericias que ordenó el fiscal departamental, Fernando Giunta, arrojaron resultados negativos. La causa luego pasó al fiscal especial Santaigo Garay.

Caso Derpich

Los pasillos de los tribunales provinciales se vieron conmocionados tras el asesinato de Marcos Derpich (45), abogado de reconocida trayectoria en el Poder Judicial, ultimado de un disparo cuando circulaba en su camioneta por el Corredor del oeste y Gorriti, el 9 de agosto pasado.

La mañana posterior al homicidio dio lugar a una contradicción entre los investigadores judiciales del hecho –el fiscal departamental Horacio Cadile y el de Delitos Complejos Santiago Garay- y las autoridades policiales. Desde el Ministerio de Seguridad aseguraban que la víctima tenía drogas en el interior del vehículo y que no se trataba de un crimen en ocasión de robo, cuando la versión de la causa en mano de los fiscales se inclinaba justamente hacia la arista opuesta.

Esa misma noche, Alejandro Nano Chacón (19) y su hermano de 17 años eran los apuntados. Los jóvenes fueron atrapados en el barrio Parque Sur, cercano al teatro del hecho, cuando el crimen de Derpich estaba en boca de toda la sociedad. Sin embargo, las pericias y los cotejos con las huellas dactilares levantadas en la Suzuki Vitara donde el letrado fue baleado no coincidían, el 14 de agosto recuperaron la libertad.