La historia de Nicolás Stevan Ardila Pérez tiene un antecedente que vuelve especialmente llamativa su última y reciente detención: el colombiano de 36 años ya había sido condenado en Mendoza por una causa vinculada con drogas y expulsado del país. Sin embargo, volvió ilegalmente a la provincia y, según la investigación que acaba de avanzar en el Ministerio Público Federal, habría retomado el negocio de los estupefacientes con una identidad diferente.
La caída se produjo durante el fin de semana en un departamento interno de calle San Martín al 978, en Godoy Cruz, a pocos metros del Hospital Español.
Allí, efectivos de la Policía contra el Narcotráfico (PCN) encontraron dos ladrillos de cocaína que pesaron 2.111 gramos, más de 10.000 dólares (parte de lo que acababa de cobrar de una venta), dinero argentino y elementos que forman parte de la pesquisa.
El procedimiento también terminó con la detención de Kevin Garro, un joven oriundo del barrio Parque Sur, a quien los investigadores interceptaron después de que saliera del inmueble con otros dos panes del mismo polvo blanco con la ya famosa marca del delfín. La sospecha es que había concurrido al lugar para adquirir la droga, se desprende de las observaciones que realizó la PCN.
Este lunes, la Justicia Federal dictó la prisión preventiva de ambos hasta el 22 de febrero por pedido de la fiscal de la causa, María Eugenia Abihaggle. Ardila Pérez quedó imputado por comercio de estupefacientes, mientras que Garro enfrenta una acusación por tenencia de drogas con fines de comercialización.
Los dos fueron trasladados al penal federal ubicado en Cacheuta.
La investigación, que se había reactivado tres meses atrás a partir de distintas informaciones sobre una presunta actividad de venta de drogas, no está cerrada del todo: promete abrir nuevas líneas. Los pesquisas buscan determinar si el colombiano actuaba por su cuenta o si formaba parte de una estructura con otros integrantes.
Qué descubrieron los investigadores
Los efectivos de la PCN comenzaron a reconstruir los movimientos del departamento después de recibir información que vinculaba a Ardila Pérez con la comercialización de drogas. Durante semanas observaron el inmueble ubicado en calle San Martín, departamento 5, y siguieron los movimientos de las personas que llegaban hasta allí.
La vigilancia permitió detectar una secuencia que llamó la atención de los policías. Un Ford Taunus se estacionó cerca de la propiedad, sobre calle Tropero Sosa. De ese vehículo descendió un joven que ingresó al complejo de departamentos.
Permaneció unos 20 minutos en el interior. Previamente, advirtieron que hablaba por teléfono. Después salió y se dirigió nuevamente hacia el auto.
Los efectivos ya tenían identificado el movimiento de Ardila Pérez en esa zona y decidieron esperar a que el visitante se retirara del lugar para intervenir. Cuando Garro se encontraba en el vehículo, lo interceptaron y realizaron una requisa.
El procedimiento permitió encontrar dos panes de cocaína: uno se le cayó durante la intervención y el otro lo llevaba oculto entre sus prendas, a la altura del pantalón. La sustancia fue sometida a un test orientativo de campo que arrojó resultado positivo para cocaína.
A partir de ese hallazgo, la fiscalía federal a cargo de Abihaggle dispuso avanzar sobre el departamento vigilado. Los efectivos ingresaron y encontraron a Ardila Pérez.
El nombre que despertó las sospechas
En un primer momento, el hombre aseguró llamarse Jorge Vidales Mosquera. Para respaldar esa identidad, presentó documentación y una licencia de conducir que certificaban esos datos filiatorios.
Sin embargo, las verificaciones realizadas por los pesquisas no coincidían con esa versión. El nombre que había proporcionado no registraba un ingreso al país, un dato que despertó sospechas y llevó a profundizar las averiguaciones sobre su verdadera identidad.
Fue entonces cuando el hombre terminó reconociendo que era Nicolás Stevan Ardila Pérez, nacido en Bogotá el 17 de marzo de 1990,
La identificación permitió conectar el procedimiento actual con un antecedente judicial que consideraron relevante: la detención que el colombiano había sufrido en Mendoza en 2020, cuando viajaba en un colectivo internacional rumbo a Chile.
Durante el allanamiento, los policías secuestraron otros dos ladrillos de cocaína, con un peso total de 2.111 gramos. También incautaron 10.900 dólares, 42.400 pesos argentinos, un teléfono marca iPhone, una balanza digital, un reloj y documentación.
El hallazgo de la balanza y el dinero, sumado a la presunta entrega de droga a Garro, formó parte de los elementos que la fiscalía deberá analizar para sostener la hipótesis de comercialización.
El antecedente del 2020: pastillas y LSD
Para encontrar el primer capítulo judicial de esta historia, hay que retroceder al 25 de febrero de 2020. Aquella tarde, personal del Escuadrón 27 Uspallata de la Gendarmería Nacional realizaba controles en el puesto fijo de Punta de Vacas, sobre la ruta hacia Chile.
En ese lugar, los efectivos inspeccionaron un colectivo de la empresa chilena Tur Bus que viajaba desde Mendoza hacia el país trasandino.
Durante el control de los pasajeros, uno de los ocupantes llamó la atención de los gendarmes: estaba sentado en una butaca distinta de la que figuraba en su pasaje y, según quedó asentado en el expediente, al advertir la situación se hizo el dormido. Era Ardila Pérez.
Los gendarmes revisaron una mochila que tenía entre las piernas y encontraron una cartuchera transparente con envoltorios, además de una bolsa con pequeñas pastillas rojas en forma de estrella. La inspección continuó con una requisa personal en presencia de testigos.
En el bolsillo izquierdo del pantalón llevaba dos planchas de troqueles que presuntamente contenían ácido lisérgico y un envoltorio con una sustancia en polvo blanca amarronada que podía ser MDMA.
Los análisis preliminares de campo arrojaron resultados positivos para distintas sustancias. El recuento consignado en las actuaciones detalló 406 dosis de anfetamina, 400 pastillas de éxtasis, 1.013 troqueles de ácido lisérgico y 18,8 gramos de MDMA.
El hallazgo motivó su detención y el inicio de una causa federal. La Justicia lo investigó por la tenencia de esas sustancias y, según información a la que accedió El Sol, terminó condenado y expulsado de la Argentina.
Ese operativo lo había puesto bajo la lupa por el traslado de una cantidad importante y variada de drogas sintéticas. Seis años después, su nombre volvió a aparecer en una investigación por presunta comercialización de cocaína en Mendoza.