La defensa del ciudadano colombiano Larly Isidoro Céspedes Bernal, detenido en Mendoza desde fines del 2024 con su pareja y otros personajes y conocido como el “Patrón”, decidió llevar su situación ante la Cámara Federal de Casación Penal luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra provincia rechazara su pedido de excarcelación a fines del año pasado y confirmara que deberá continuar detenido.
El objetivo del acusado es que ese máximo tribunal penal del país revise la legalidad de la prisión preventiva y habilite su salida de la cárcel mientras avanza la instrucción, a cargo del Juzgado Federal Nº1.
Céspedes Bernal se encuentra detenido en una causa compleja en la que está acusado de liderar una organización criminal dedicada a la intermediación financiera ilegal, conocida como sistema de préstamos “gota a gota”, además de lavado de activos, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas de fuego.
Para los investigadores, no se trata de un actor secundario sino del financista y organizador de la estructura, con poder de decisión sobre el resto de los integrantes, tal como viene detallando este diario.
Del expediente se desprende que el grupo habría ingresado dinero de origen ilícito al país sin declararlo, para luego colocarlo en préstamos informales con tasas de interés elevadas. Las ganancias obtenidas eran reinvertidas en la misma operatoria o blanqueadas mediante la creación de sociedades tipo SAS, la apertura de comercios y la adquisición de bienes registrables en distintos puntos del Gran Mendoza.
Parte de esa actividad se habría encubierto bajo nombres comerciales y locales que funcionaban como fachada, entre ellos mueblerías utilizadas para otorgar créditos en efectivo.
La investigación agrega que Céspedes Bernal coordinaba el funcionamiento general del esquema: impartía órdenes, controlaba el flujo del dinero y recibía reportes del cobro de las cuotas. Para eso contaba con colaboradores de confianza y con una red de personas encargadas de la administración, el registro de los pagos y la entrega del dinero, incluso mediante moto deliverys. Varios de los vehículos secuestrados en la causa estarían vinculados directamente a estas maniobras.
Uno de los elementos centrales que justifican su permanencia en prisión es el hallazgo de armas de fuego y municiones durante un allanamiento realizado en su domicilio de Guaymallén. La pesquisa tiene a otros detenidos sospechados de integrar la red.
En ese procedimiento se secuestraron revólveres, una pistola calibre 9 milímetros y una importante cantidad de municiones de distintos calibres. Para los jueces Manuel Alberto Pizarro, Gustavo Castiñeira de Dios y Juan Ignacio Pérez Cursi ese material refuerza la hipótesis de que la organización utilizaba mecanismos de intimidación y coacción contra los deudores morosos, lo que agrevó el cuadro procesal.
La Cámara Federal de Mendoza consideró en el fallo de fines del año pasado que estos elementos, sumados al rol jerárquico que se le atribuye dentro de la organización, generaron un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación.
En particular, los magistrados señalaron que a la causa le restaba identificar y convocar a declarar a presuntas víctimas del sistema de préstamos ilegales, quienes podrían verse influenciadas o intimidadas si el imputado recuperara la libertad.
A esto se suma el riesgo de fuga, sustentado en la gravedad de los delitos imputados y en la expectativa de una pena que supera los cuatro años y medio de prisión efectiva en caso de ser hallado culpable. De recaer una condena, Céspedes Bernal no podría acceder a una pena en suspenso, un factor que -según el tribunal- incrementa las posibilidades de que intente sustraerse del proceso.
Pese a que la defensa invocó arraigo familiar, ausencia de antecedentes y buen comportamiento procesal, los camaristas entendieron que esas circunstancias no resultaron suficientes frente al entramado criminal que se investiga, la capacidad económica del grupo y el grado de avance de la causa. Por eso, rechazaron tanto la excarcelación como cualquier medida alternativa.
Con ese escenario, y con una resolución que se ventiló durante la feria, la defensa busca ahora que Casación Penal revise el caso y evalúe si la prisión preventiva se ajusta a los principios del nuevo Código Procesal Penal Federal.
Mientras tanto, tal como detallaron las fuentes consultadas por El Sol, Céspedes Bernal seguirá detenido, señalado como el presunto jefe de una organización que habría montado en Mendoza un sistema ilegal de préstamos, lavado de dinero y amenazas.