En diciembre del año pasado, una mujer llamó a la Policía Federal para hacer una denuncia. Se la notaba molesta y triste al mismo tiempo. Tenía un motivo: su hijo llevaba varios meses recuperado del consumo de estupefacientes pero, en los últimos días, había recaído.
Ella quería sacarlo de ese mundo pero no lo lograba porque la droga estaba a su alcance. En la comunicación, esta madre evidenciaba la bronca contra una familia del barrio La Estanzuela, Godoy Cruz. La culpaba de venderle la cocaína al muchacho. Y aportó un apellido que resultó ser conocido para los detectives: “Pizarro”.
Así nació la investigación local más importante de los últimos años contra una señalada banda narco, después de la caída de Sandra Jaquelina Vargas, la Yaqui, también con base en el oeste godoicruceño.
El viernes 5 de mayo en la madrugada, después de más de cuatro meses de seguimientos, los policías federales irrumpieron con órdenes de allanamiento en domicilios del citado complejo y también en otros de Guaymallén, el Municipal y el Paraguay. Las medidas de este tipo se prolongaron días después.
Secuestraron autos de alta gama, motos, dinero (más de $2 millones entre moneda local y estadounidense), alhajas de oro, armas, proyectiles, celulares, cocaína (casi tres kilos), entre otros elementos, y detuvieron a seis acusados, entre ellos, cuatro familiares de lo que luego se conoció como el clan Pizarro. Esta semana siguieron los secuestros: dieron con otra camioneta y un auto que estaban en un taller godoicruceño
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Lo cierto es que, llegar a capturar a la organización sospechada de venta de drogas en el Gran Mendoza, no fue una tarea sencilla. Un cuerpo de policías trabajó día y noche para sostener con pruebas –y que la Justicia federal liberara las órdenes de allanamiento–, que los Pizarro vendían drogas y adquirieron diversos bienes muebles e inmuebles con la plata que juntaban.
La clave
Una de las pruebas más importantes que tiene la causa que lidera el juez Walter Bento son filmaciones. Los pesquisas colocaron una cámara frente a una de las propiedades de los sospechosos y registraron cómo se realizaba la venta de cocaína.
Entre otros elementos, la Justicia sostiene las acusaciones contra Hilda Pizarro, sus hijos Jonathan Moncho y Johana Castro, Vanesa Videla (pareja del Moncho) y su hermano Walter, y Martín Quintero, con estas imágenes.
El aparato estuvo días apuntando hacia la esquina del domicilio. Ningún Pizarro lo notó. Tampoco los soldaditos que “trabajaban” para ellos. Es más, no hacía falta remplazarle la batería porque se abastecía con la corriente del tendido eléctrico.
Por ejemplo, supieron que, en una noche durante los fines de semana, podían a llegar a realizarse unas 80 transacciones de venta de cocaína. Cortaban las calles y la zona estaba liberada. Esto no era del agrado –sostienen los detectives– de la señalada jefa de la organización, Doña Hilda. Pero la tentación era demasiada: llegaban costosos autos con compradores de la alta sociedad.
Confirmaron que vendían bolsitas de diez gramos del polvo blanco a razón de $1.700 cada una. La adición no es difícil: podían juntar en una jornada $136 mil.
Por motivos que son reservados, la investigación contra los Pizarro tuvo que terminar antes de tiempo. El objetivo era dar un golpe más grande. En total, le contabilizaron veinte quiosquitos para vender drogas, principalmente cocaína. No todos pudieron ser allanados, de allí que el secuestro de la droga no superó los tres kilos.
Además de toda esta prueba, que se encuentra analizando el juez Walter Bento, los uniformados secuestraron una importante cantidad de títulos de viviendas y automotores. Dieron hasta con papeles de autos que no fueron secuestrados.
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Estos documentos forman parte del causa para una de las imputaciones: lavado de activos. Se trata de una calificación que podría mantenerlos varios años tras las rejas. En promedio, una persona acusada de venta de drogas recibe, si es hallada culpable en un juicio oral, entre 6 y 8 años de cárcel; pero, sumando el lavado de capitales, los años podrían duplicarse.
Este fue el caso de la Yaqui Vargas, que con escasa droga incautada recibió 15 años de cárcel por sumar el blanqueo de dinero que viene de lo ilegal.
