La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó este miércoles por la tarde que la pistola calibre 9 milímetros con la que una estudiante de 14 años se atrincheró y disparó dentro del colegio Marcelino Blanco de La Paz pertenece a su padre, un comisario en actividad con prestación de servicios en la provincia de San Luis.
“Todo forma parte de la reconstrucción del hecho. Autoridades judiciales están trabajando en el caso. No sabemos si ha sido víctima de un delito. No podemos decir nada de eso. No sería oportuno. Hay que proteger el interés superior de niños y adolescentes. Eso es superior a todo”, sostuvo la funcionaria, quien pidió cautela en la difusión de detalles sobre la investigación.
El episodio ocurrió por la mañana y se extendió por más de cinco horas, hasta que la alumna entregó la pistola a los negociadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), que habían llegado en helicóptero para intervenir en la crisis. No hubo heridos y toda la comunidad educativa integrada por 200 personas, entre alumnos, docentes y no docentes, fue evacuada a tiempo.
La causa quedó a cargo de la fiscal Penal de Menores Griselda Digier, quien ordenó peritajes sobre el arma y próximamente se realizará de una reconstrucción para determinar los motivos que llevaron a la menor a actuar de esa manera.
Justamente, la pistola reglamentaria utilizada por la menor era uno de los principales ejes de la instrucción. Los pesquisas iban a intentar determinar cómo llegó a manos de la alumna y si conocía sobre su funcionamiento, debido a que, por las imágenes a las que tuvieron acceso, sabía cómo manejarla y accionarla.
Una vez que depuso la actitud, la adolescente fue trasladada al hospital de La Paz, donde recibió asistencia médica y contención psicológica. “La niña está siendo atendida por profesionales”, informó la ministra, quien agregó que posiblemente luego sea derivada al Notti de Guaymallén.
La investigación continuará con declaración de testigos (principalmente compañeros de su curso, policías y docentes) y del entorno familiar, principalmente sus progenitores, debido a que buscarán conocer cómo tuvo acceso al arma de fuego.
Como tiene 14 años, se trata de una joven inimputable pero, de todas formas, será sometida a diversos tratamientos de contención y psicológicos que están previsto dentro de la ley.
También los investigadores comenzaron a realizar un trabajo en redes sociales y medios de prensa, con el objetivo de adjuntar como pruebas los videos que fueron registrados por otros alumnos en el interior del establecimiento educativo y que se viralizaron en cuestión de minutos. Fueron los propios estudiantes los que enviaron las imágenes a sus familiares y también los llamaron para contar lo que estaba sucediendo.
Por lo que detallaron fuentes judiciales y policiales, no existían antecedentes de violencia o denuncias de la menor por hechos específicos en el interior del colegio, pero destacaron que podría haber mantenido algún tipo de conflicto con una docente y un compañero.