Dos módulos del Complejo Penitenciario I, Almafuerte, en Cacheuta, alojarían más del doble de la cantidad de personas para las que fueron diseñados, según dos acciones de habeas corpus colectivo presentadas este miércoles ante el Juzgado Penal Colegiado Nº2. Los escritos describieron un cuadro de condiciones que califican como “supervivencia biológica” y tienen el objetivo de que la Justicia intervenga en la situación.

Según la denuncia a la que accedió El Sol, el módulo 2 Ala 3 tiene capacidad para 68 personas pero alojaría de manera permanente entre 165 y 170 internos. El módulo 4 Ala 1, diseñado para 72 plazas, contendría actualmente entre 120 y 150 personas.

En ambos casos, casi la mitad de los detenidos dormiría en el suelo de los pasillos, sobre colchones de estopa degradados o directamente con mantas, y habría solo tres duchas para más de 150 personas en cada módulo, agregan las denuncias.

Las presentaciones fueron realizadas por el abogado Mauricio Guzmán, quien sostiene que el hacinamiento superaría el 200 por ciento en el módulo 4 y el 250 por ciento en el módulo 2.

Los escritos remarcaron que proveer colchones en el piso no resuelve el problema, ya que los estándares internacionales exigen cama individual y espacio suficiente para cada persona privada de libertad.

El hacinamiento no sería la única irregularidad denunciada. Según los escritos, los familiares que van a visitar a los internos deben llegar la noche anterior y pasar horas a la intemperie, sin baños, sin agua potable, sin luz ni asientos.

El letrado relató que mujeres y niños se verían obligados a hacer sus necesidades en el campo que rodea al penal, pese a que el establecimiento contaría con un salón interno adecuado que las autoridades mantendrían cerrado hasta el horario de apertura oficial.

Una vez abiertas las puertas a las 8, los trámites administrativos en la conserjería demandarían hasta tres horas. Como la visita debe retirarse a las 14, sin excepciones, el tiempo real de encuentro entre los internos y sus familias quedaría reducido a una fracción del horario previsto reglamentariamente.

Los escritos también denunciaron que el Servicio Penitenciario retiró los casilleros donde los visitantes guardaban sus pertenencias antes de ingresar, lo que los obligaría a recurrir a un quiosco privado ubicado frente al penal que cobraría entre 1.000 y 5.000 pesos por custodiar llaves y celulares.

Quien no retira sus cosas antes de esa hora, debería volver al día siguiente. Las presentaciones apuntan a una presunta vinculación entre ese comercio y personal ligado a ex fuerzas de seguridad.

A través de su defensa, los internos le pidieron a la Justicia que fije un cupo máximo judicial para cada módulo, que ordene el traslado de quienes exceden esa capacidad a unidades con lugar disponible, y que obligue al Servicio Penitenciario a compensar el tiempo de visita perdido por las demoras administrativas. También entendieron que una inspección judicial in situ para verificar cuántas personas duermen en el suelo.