La Asociación Bancaria de Mendoza pidió este martes una audiencia judicial urgente tras denunciar que, durante un registro ordenado por una jueza y realizado en su sede de Capital en una causa iniciada por el robo de un teléfono celular de alta gama en Las Heras, se recolectaron datos personales de manera indebida de varios trabajadores del sindicato, cuando el objetivo era dar con el aparato, que había emitido señal en la zona donde se encuentra el edificio.
La presentación fue realizada este martes a través de una acción de hábeas data para determinar qué información se obtuvo, con qué fin y dónde se encuentra almacenada, debido a que no formaba parte del acta de procedimiento que se adjuntó al expediente.
La historia comenzó el 18 de agosto a las 18.30, cuando una mujer denunció la sustracción de su iPhone 13 blanco mientras viajaba desde El Algarrobal en un colectivo de la línea 653 con dirección a la escuela Valle de Guantata, en el barrio Ujemvi de Las Heras.
La mujer formalizó la denuncia online afirmando que sospechaba de dos sujetos que podrían ser de origen colombiano y luego la amplió en sede judicial, entregando toda la información del dispositivo, principalmente número de línea y serie e IMEI. Esos datos permitieron rastrear los movimientos del celular, que se activó en distintos puntos de Ciudad en los días siguientes.
La denunciante fue realizando un seguimiento para comunicarlo después vía telefónica al Ministerio Público Fiscal, debido a que a la causa ya estaba en manos del fiscal Correccional Gustavo Stroppiana.
Relató que el 23 de agosto a las 8 se activó en un minimarket de calle Gutiérrez, entre Avenida España y Patricias Mendocinas. Luego, el 28 de agosto, el teléfono emitió una señal en la sede de un sindicato de empleados bancarios ubicada en Avenida España 1234.
Con ese dato, la fiscalía pidió un allanamiento pero la jueza de primera instancia Claudia Tula lo rechazó, autorizando solo el ingreso para un registro. El procedimiento se concretó finalmente el 1 de septiembre a las 9, encabezado por la ayudante fiscal Miriam Vargas y un par de policías. Habían querido hacerlo el sábado 30 de agosto, pero ese día no había actividad en la sede.
Al llegar el lunes, los efectivos detectaron que en el lugar se encontraban 22 trabajadores y que la mayoría que realizaba tareas administrativas. Pese al despliegue, la búsqueda del celular resultó negativa: el iPhone no fue hallado en el edificio.
Lo que encendió las alarmas fue lo que ocurrió después. Según el escrito que llegó a la Justicia, los policías solicitaron datos personales de todos los presentes, incluidos nombres completos, DNI, teléfonos, IMEIs y fotografías de sus dispositivos móviles.
Ninguno de esos datos fue consignado en el acta oficial del procedimiento, lo consideraron una omisión grave y prueba de que la acción fue irregular, tal como detallaron fuentes judiciales a El Sol.
La información reunida tampoco estaba autorizada en la orden de registro, que solo permitía la búsqueda del teléfono denunciado como robado. Debido a esto, entendieron que se trató de una recolección “masiva” e injustificada de datos sensibles que excedió por completo el objetivo de la medida. A eso se suma que el teléfono robado siguió emitiendo señales ese mismo día en otros sectores Ciudad.
Por ese motivo, presentaron a través del abogado Facundo Martearena, una acción de hábeas data ante el fuero penal colegiado. Pidió que se informe qué datos fueron tomados de los trabajadores, dónde están almacenados y para qué podrían usarse.
Además, solicitó que en un plazo de 48 horas se convoque a una audiencia oral para que la fiscalía y los policías expliquen el fundamento legal de esa recolección de información.