La organización criminal vinculada a secuestros y asaltos a mano armada en zonas rurales del Gran Mendoza, que fue desbaratada en parte en la jornada de este miércoles en Maipú después de más de quince allanamientos, venía siendo seguida desde hace algún tiempo por la Justicia y la Policía provincial.

El secuestro extorsivo de una mujer de 26 años –hija de un empresario mendocino cervecero– permitió detener a cuatro sospechosos de la peligrosa gavilla, que estaría integrada por, al menos, 11 sujetos. La mujer fue liberada sana y salva el martes a las 22 después de que se pagara parte de lo exigido y volvió con su familia, tal como relató el jefe de la Policía, Roberto Munives.  

Dos de los arrestados, para sorpresa de algunos detectives, son policías de Maipú.

Se trata de un auxiliar y un inspector identificados con los apellidos Amaya y Luna, respectivamente. El primero presta servios en la UMAR maipucina y el segundo, en la Comisaría 49ª. 

Ambos fueron arrestados mientas trabajaban y quedaron a disposición del fuero federal por el secuestro de la mujer, por el que pidieron 1 millón de pesos por el rescate, y de la Fiscalía Especial por diversos atracos a mano armada. 

A pocas horas de las detenciones, trascendió que los delincuentes se movían con total impunidad, debido a que tenían una radio Tetra que “había desaparecido de la Comisaría 49ª” hace algún tiempo.

Con esto, estaban al tanto de las conversaciones policiales por la frecuencia y sabían por dónde escapar cada vez que cometían un robo. De acuerdo con la información a la que accedió El Sol, podría haber más personal policial involucrado y se sigue la pista de otros miembros del hampa mendocina, que tenían con los contactos para poder desligarse cada vez que eran investigados. 

La organizada banda venía cometiendo robos en zonas rurales de Maipú y Guaymallén, con botines que superaban los 100 mil pesos. Es más, para escapar, utilizaban los autos de las víctimas. Desaparecían “en cuestión de segundos”, después de cada hecho. Esto, porque tenían el aparato con el sistema de comunicación con el que cuenta actualmente la policía. 

El lunes ingresó un llamado denunciando el secuestro de una mujer de 26 años, hija de un ejecutivo de la empresa Quilmes, y sosteniendo que se pedía un millón de pesos para el rescate. Comenzó a intervenir la Justicia federal y, en conjunto con la provincial, iniciaron las tareas correspondientes para intentar desarticular la organización.

Así fue que, tras el pago de más de medio millón de pesos, se ordenaron los allanamientos que dejaron cuatro detenidos.