El sueldo del gobernador de la provincia constituye, por lejos, una de las más grandes hipocresías mendocinas que abraza, sin lugar a dudas, un cierto dejo de demagogia que lejos está de esa imagen que la provincia quiere mostrar al mundo de austera y responsable institucionalmente. El gobernador de la provincia, si se quiere el gerente que ha elegido la mayoría de los ciudadanos para que administre, entre otras responsabilidades, un presupuesto cercano a los 800.000 millones de pesos, cuanto menos no debiese estar ganando los 900.000 pesos en bruto que se le liquidan mes a mes.

No sólo es hipócrita y demagógico, como está dicho, sino que, como efecto dominó, tal cifra está provocando desequilibrios y alteraciones que, como está ocurriendo en el ámbito de la salud pública, específicamente, podría afectar la provisión de ciertos servicios básicos, necesarios, indispensables que dependen de profesionales altamente capacitados y formados, a los que les impide cobrar más de lo que perciben por el hecho de que nadie puede tener un sueldo más alto que el del jefe de Estado.

Sabemos que Mendoza es poseedora de características propias que la elevan cualitativamente por sobre el resto en un gran número de ellas, partiendo por la imposibilidad de la reelección del gobernador que, a esta altura, pocos discuten y que verdaderamente la ha dejado a resguardo del establecimiento de feudos y de estilos mesiánicos, como los que florecieron en la Argentina y que actualmente gozan de buena salud en varios territorios. Esa es una cualidad que Mendoza comparte con Santa Fe, por caso. Y se le reconoce el valor de tal cláusula constitucional cuando la Corte de Justicia viene de suspender las elecciones del próximo domingo en San Juan y en Tucumán, en donde sus gobiernos y sus candidatos han forzado la interpretación de las posibilidades de reelección que les permiten sus propias constituciones para jugar con la retención del poder y, quién lo duda, ir detrás de eternizaciones que, al menos en la Argentina, no han dado buenos frutos. Para ello solo hay que ver lo que han dejado los casi 30 años en el poder de Gildo Insfrán en Formosa, la provincia más pobre de entre las pobres y cada vez más pobre.

Pero así también Mendoza hace alarde de otras supuestas virtudes que no son tales, como esa política de austeridad en los salarios públicos que, en concreto, lo que parece esconder es la incapacidad de darse una ley general de sueldos que supondría, ciertamente, la clara posibilidad de asumir costos altos.

Existe una visión más o menos extendida en la que se coincide y que sostiene que el gobernador debería estar ganando hoy lo que percibe por mes un juez de la Corte, en promedio, 1,5 millones de pesos. En Mendoza rige un tope salarial en el ámbito público para los tres poderes fijado por el sueldo del gobernador, con las excepciones que la misma norma estableció para magistrados, el fiscal del Estado, el asesor de Gobierno, el presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas, el contador y tesorero de la provincia, el superintendente y los consejeros de Irrigación porque tienen rango constitucional.

Pero en la provincia existen alrededor de 120 profesionales, todos de la Salud, con sueldos mayores al del gobernador que se verían afectados por el reciente fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la ley de topes del 2014. El mismo Ejecutivo ha adelantado que pedirá por excepción que no se les recorte el salario. Unos 29 de ellos podrían estar cobrando por arriba del millón de pesos de bolsillo. Son terapistas intensivistas que prestan servicios en el Gran Mendoza, y no son suficientes. Algunos de ellos podrían emigrar. Se trata de especialidades que, en el mundo, pareciera, según la gente de Ampros (el sindicato que agrupa a los profesionales de la salud), están siendo dejadas de lado por los mismos estudiantes. Con lo que el tope en Mendoza opera como un obstáculo más para un área ya de por sí crítica.

Y en verdad, el tope tampoco es el problema, sino el monto del salario del gobernador. La ley de tope ha sido, ciertamente, la única norma que se asemeja a una ley de sueldos en Mendoza, a la que la dirigencia tradicional le escapa por varias razones, como se niega la política a afrontar, muchas veces, la solución de los problemas cuando requieren medidas de fondo que no a todos dejan conformes. La ley de sueldos requeriría incrementar el sueldo del gobernador, y de ahí toda la escala, aumentando el gasto público en el área de recursos humanos que nadie estaría en condiciones de explicar.

Es cierto que se han dado algunos avances en el empleo público manteniendo más o menos sin cambios la cantidad de los mismos desde varios años a esta parte. También se incorporaron los concursos para los nuevos ingresos, lo que le ha dado mayor transparencia a los procesos. Y también es cierto que falta mucho más, como un control más fino en los organismos descentralizados, en los autárquicos y en los municipios, esos estados subprovinciales alejados de cierto escrutinio público. Y claro que es necesario mejorar la calidad del servicio, que no siempre la garantiza el equipamiento y la tecnología, sino, por sobre todo, la formación y la capacitación de los agentes públicos.

Los sueldos deprimidos afectan, de lleno, en la calidad del empleo público y en el servicio que se presta. Y no sólo es un fenómeno combinado que impacta en la salud. También lo hace en la seguridad pública y, principalmente, en la docencia. Con buenos incentivos reconocidos por todos, como el buen sueldo, no habría nada que explicar al momento de exigir la mejor educación para los chicos y un servicio de seguridad de excelencia, ambos compuestos por profesionales bien capacitados, altamente formados y por sobre todo, ajenos a las sospechas de corrupción que siempre suelen caer sobre ellos.