A poco de cumplirse 106 años de un hecho histórico para las universidades Latinoamericanas, cabe hacer una reivindicación a la Reforma Universitaria de 1918, en un contexto donde, bajo excusas de auditorías, demora de transferencias presupuestarias, ajustes financieros y altas tasas inflacionarias, asistimos a constantes avasallamientos y actos de autoritarismo al sistema universitario argentino y a la educación pública, gratuita y de calidad.
Reivindicación, a esa lucha contra antiguas estructuras establecidas, contra “una Universidad conservadora y un régimen académico vetusto que llevó a la mediocridad a la enseñanza superior de la época: cerrada y combativa desde la religión hacia la ciencia” y en esa misma lucha, conquista una nueva universidad, iluminando con el pensamiento crítico e independiente no sólo las aulas argentinas, sino también a las de América Latina, expresando en el “Manifiesto Liminar” sus postulados base: plena Autonomía e independencia de los gobiernos nacionales de turno; integrar un Cogobierno con los claustros de la propia academia (estudiantil, docentes, graduados y no docentes); Publicidad de sus actos; Docencia Libre; Libertad de Cátedra; Concursos con jurados y participación estudiantil; Educación Laica y para todos; Investigación como función inherente a la universidad; Extensión y compromiso social.
Es también conocido, como el proceso de democratización social y política más amplio que estableció una nueva forma de relacionarse el poder político, las instituciones universitarias y los sectores sociales en ascenso, basado en una mayor presencia y participación en la vida interna de las universidades, desarrollándose una noción de “autonomía” asociada inicialmente al cogobierno universitario que dictaba sus propias normas, sin la intromisión de factores externos a las Instituciones. Concepto que se va sedimentando por diferentes acontecimientos políticos, educacionales y perspectivas filosóficas, jurídicas y políticas que le fueron dando diferente sentido y expresión histórica.
Lo que se intenta apuntar en esta columna, es que lo sucedido en la Ciudad de Córdoba el 15 de junio de 1918 provocó en la República Argentina un fuerte cimiento, para entender que por más generaciones de ciudadanas/os que vengan, por más golpes de Estado que existan o gobiernos dictatoriales que sucedan bajo regímenes democráticos o constitucionales, la Educación Pública argentina en general y el sistema universitario en particular fue, es y será una política pública de Estado que la sociedad argentina está dispuesta a defender, cuidar y mantener.
A lo largo y a lo ancho de la historia política argentina, hemos observado constantes ataques de grupos, que por conservadores, autoritarios o populistas, han intentado entrometerse en nuestras universidades con: imposiciones de autoridades, cesanteando docentes, prohibiendo el ingreso a estudiantes a casas de estudios: persiguiendo por pensar distinto, deteniendo ilegalmente con el terrorismo de Estado, arancelándola, reduciendo su presupuesto y por último intentando “voucherizarla”, o lo que es peor impidiendo que cualquier ciudadano de mundo que quiera habitar el suelo argentino, pueda desarrollarse en ellas, en contradicción con el Preámbulo y la Constitución Nacional.
La marcha del último martes, en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad inundó las calles de todas las provincias argentinas de ciudadanas y ciudadanos, muchos de ellos no universitarios, que la ven de esa manera: como una política de Estado que debe continuar siendo pública, gratuita, inclusiva y de calidad; que a las Universidades Nacionales debemos respetarlas porque son “Autónomas” y porque tienen su propio gobierno, independientemente del régimen político, gobierno o momento histórico que la contextualice; que hay que auditarlas, sí como se vienen haciendo por orden constitucional a través del artículo 85 de la Constitución Nacional: Congreso de la Nación y Auditoría General de la Nación (que audita a todas las entidades que reciben presupuestos del Estado y que son “autónomas”) y la ley nacional 24.156, artículo 118, periódica y externamente, pero de manera constante y con mecanismos internos, también;
Como dijo la riocuartense Piera Fernández de Piccoli, presidente de la Federación Universitaria Argentina, en el acto de cierre en Plaza de Mayo, ese histórico día: “… Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y más universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Nuestras universidades son el dispositivo que le permite a la Argentina, desandar las desigualdades estructurales y emprender el camino del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libre…”.
Que quede bien en claro. No es la economía, ni son las auditorías. Porque si hay algo en que nos vamos a encontrar es en terminar con los corruptos, malversadores de fondos y deshonestos de la vida y de la cosa pública, pero en lo que no vamos a estar nunca de acuerdo es en el avasallamiento y manoseo de las universidades autónomas, su crítica desmedida y desprestigio y atropello constante que sufre la educación pública, por parte del autoritarismo de hoy, pero también del populismo de ayer.
*El autor es profesor universitario y concejal de Godoy Cruz.