Es muy probable que, con la subjetividad del caso, Mendoza no esté tan bien como el gobierno de Alfredo Cornejo dice que lo está al evaluar muchas variables como la del empleo y su calidad; o la del impacto de esa “famosa” reducción de impuestos desde casi diez años a esta parte; o analizado desde el alto nivel de institucionalidad que diferencia a Mendoza respecto del concierto nacional; o bien desde la supuesta baja o disminución de la litigiosidad laboral que permitiría atraer inversiones de la mano de la seguridad jurídica, o que en efecto como provincia estamos mejor preparada que sobre nuestras competidoras porque contamos con una diversificación tal de la economía que hacen a la provincia atractiva por sí misma; y unas cuantas cosas más que se podrían sumar en una lista interminable.
Quizás no sea tanto lo bueno que se quiere mostrar y se defiende por sobre lo malo, como Cornejo y compañía dicen que lo es. Ahora bien: lo que efectivamente sí ha pasado fue una inusual transformación del Estado desde el 2015 y de ahí en adelante cuando se implementó una política de ajuste en general y sobre los gastos que posibilitó –ese ha sido su gran logro– salvar la ropa de Mendoza, mantenerla en pie aunque fuese a duras penas y evitar un colapso que podría haber posicionado a Mendoza al nivel de otras que hoy lucen hundidas y sin rumbo, viviendo a expensas de recursos nacionales como la coparticipación casi en un ciento por ciento y con perspectivas lastimosas.
No en estos términos estrictamente, pero sí como resultado de una interpretación amplia es a lo que se llega después de analizar casi 250 fojas insertas en filminas: una descripción de la Mendoza que tenemos, casi una síntesis explicativa contenida en el último informe anual del IERAL que lleva por título Anuario Mendoza 2024 y perspectivas 2025 que se dio a conocer este martes. El estudio es el número 20 consecutivo realizado por el centro de investigaciones de la Mediterránea que en Mendoza tiene como caras visibles a los economistas Gustavo Reyes y Jorge Day.
La provincia es un compendio interminable de luces y sombras, navegando por mares más o menos turbulentos que es en lo que se convirtieron los años, muchos de comportamientos raros como ha sido el 2024 para este informe del IERAL y que bien pueden justificar que Mendoza es en verdad la más pobre de las ricas y la más rica de las pobres.
En los últimos quince años a Mendoza le ha ido peor que a muchas provincias con las que sus ciudadanos se comparan, tomando como patrón de medida el poder de compra del salario privado, quizás el punto de referencia más sensible de todos: cuánto se gana y qué tanto se puede hacer con lo que se gana. El estudio de Reyes y compañía ratifica aquello que nuestra situación es más paupérrima que la de Córdoba por ejemplo y que la de nuestras vecinas San Juan y San Luis.
¿Cuál es la razón por la que se produce tal situación? Lo que producimos, nuestras monedas de cambio, el vino y el petróleo convencional que han estado y están a la baja. Neuquén, por caso, ha volado en la última década con el no convencional de Vaca Muerta y las descomunales inversiones que ha recibido por parte de YPF y el resto de las compañías atraídas por ese manantial de oro negro que se encuentra debajo de su suelo. A San Juan le ha ido mejor que a Mendoza porque le lleva más de una década de ventaja en la explotación del negocio minero aún sin tener en producción ninguno de sus yacimientos de cobre. Mendoza, recuerda el trabajo, encara este 2025 casi con las mismas proyecciones del 2024, sin cambios bruscos en su economía, aunque con las mejores perspectivas hacia el futuro una vez que pueda colocar en explotación una parte de los recursos de su economía tan diversa: la minería, por caso, la que ha comenzado a estar en el foco como uno de los motores a futuro de la economía, pero para lo que hay que esperar para ver resultados.
Un dato que sigue extendiendo la preocupación por lo que ocurre en Mendoza se asienta en torno al alto nivel de litigiosidad en el mundo de las relaciones laborales. Por algo Cornejo, en sus últimas y continuas giras al exterior en donde ha promovido la minería en la provincia, ha puesto el acento en ese aspecto puntual. Mientras Cornejo ha dicho que las cámaras de conciliación laboral han mejorado sustancialmente la situación evitando que las causas lleguen a los tribunales y así se resuelva todo relativamente rápido, el anuario recuerda que la provincia se encuentra entre las que tienen mayor nivel de conflicto: 19 conflictos laborales cada 1000 trabajadores, sólo arriba de San Luis y Santa Fe que tienen números peores. Y en cuanto a la siniestralidad laboral, 52 cada 1000 trabajadores, Mendoza está al tope de todas, o en el último lugar de la tabla, como se lo quiera ver.
Como está dicho, este trabajo, como los anteriores, recuerda que en el 2015 las cuentas fiscales comenzaron a mejorar ubicando a la provincia por arriba de las mejoras conseguidas en el ámbito nacional. Se redujo el gasto público notablemente, como así también comenzó un esfuerzo sistemático por bajar las alícuotas de IIBB hasta este momento en el que Mendoza logró de alguna manera empardar el promedio nacional. El ajuste fue notable, por caso, en la partida de gastos de personal, la que a lo largo de los últimos años ha alcanzado el 50 por ciento menos de lo que se gastaba en el 2015, casi alcanzando la línea o el nivel del salario promedio del sector privado de la provincia. Ahora bien, los ingresos de la provincia no han mejorado producto del pobre desempeño de su economía y por la propia baja de IIBB. La cantidad de empleo público orilla los 97 mil puestos de trabajo, un 2,6 por ciento menos que lo que había en el 2015, un 4,7 por ciento del total de habitantes que tiene la provincia.
Para el 2025, Mendoza mantendrá más o menos los mismos niveles de comportamiento que ha tenido su economía en el 2024. Recuperará parte de la actividad, de acuerdo con el estudio del IERAL, siempre y cuando mejore en aspectos clave como la eficiencia y una menor burocracia entendida en menos trámites. Menos impuestos, más desregulaciones, más inversiones públicas en aspectos estratégicos, menos inseguridad, mejor infraestructura y más inversiones privadas. Por ahí pareciera pasar la fórmula, de complejo cumplimiento y aplicación, pero sin otras alternativas.