Al analizar el particular momento económico de la Argentina, los economistas —casi sin distinción— coinciden en un punto central: sin confianza no habrá éxito en el plan de estabilización que ha encarado la administración de Javier Milei. Sin confianza, las inversiones necesarias no llegarán porque el riesgo país continúa en niveles demasiado altos; sin inversiones no habrá más producción; y sin producción no se generará la riqueza indispensable para aspirar a salir de la categoría de país pobre en la que hoy se encuentra la Argentina.
La confianza se construye sobre varios pilares: reformas estructurales —en especial la laboral y la impositiva— que garanticen reglas de largo plazo; una conducta ejemplar en el manejo de los recursos públicos y el control del gasto; y, sobre todo, una decisión cultural de los argentinos de preferir el peso por sobre el dólar como instrumento de ahorro. Esa variable, muchas veces subestimada, es clave para determinar el nivel de actividad económica.
En esa línea, el consultor Ricardo Arriazu plantea la necesidad de “desconurbanizar” la economía para imaginar una Argentina futura apoyada en la riqueza minera y energética de Los Andes y en el potencial agroindustrial de la Pampa Húmeda. En Mendoza, en tanto, los economistas Gustavo Reyes y Jorge Day (IERAL) advierten que la provincia difícilmente revierta más de una década de decadencia sin una nueva reforma del Estado. Esto implica reducir su estructura, trasladar al sector privado funciones hoy ineficientes, avanzar en una baja gradual de Ingresos Brutos en un plazo de cinco años y redefinir el destino de las exportaciones, dejando de depender de socios tradicionales en crisis para explorar mercados más dinámicos.
A ese diagnóstico suman una advertencia: apostar exclusivamente a la minería —como algunos sugieren— podría exponer a la provincia a la volatilidad de un sector que depende del ciclo global de liquidez, hoy atravesado por la guerra, la incertidumbre y la inestabilidad. A la vez, señalan la necesidad de mejorar la capacitación laboral y reducir los elevados niveles de litigiosidad, incluso considerando los avances logrados con el sistema de conciliación vigente.
El último informe anual del IERAL sobre la economía mendocina que Reyes y Day presentaron este martes refuerza ese cuadro. Mendoza, como la Argentina, enfrenta el desafío de frenar una caída que ya acumula quince años, con una pérdida cercana al 10 por ciento del ingreso per cápita (medido por PBG) entre 2011 y 2025. En el último año, el empleo asalariado privado registrado cayó 0,3 por ciento; la morosidad creció en torno al 4 por ciento, liderada por las familias (9,5 por ciento) frente a las empresas (2,5 por ciento); y si bien en 2025 la actividad creció 3,5 por ciento, lo hizo por debajo del promedio nacional (4,4 por ciento). Un dato no menor: el año cerró en positivo, pero con un segundo semestre marcado por el estancamiento.
Como todas las provincias, Mendoza navega al ritmo de la macroeconomía y cuenta con herramientas limitadas para escapar de esa dependencia. En el actual contexto global, no aparecen oportunidades extraordinarias para la provincia, aunque sí para la Argentina en su conjunto, impulsadas por la demanda de energía, petróleo, gas y el potencial minero.
En clave local, sin embargo, no todo es negativo. El IERAL identifica sectores con mejores perspectivas para 2026: la venta de autos, el durazno en lata, el mercado inmobiliario, las ciruelas secas, el sistema financiero, las estaciones de servicio —por la suba de combustibles—, proveedores de obra pública, algunas bodegas que ganan escala en un proceso de concentración y la construcción privada.
Pero todo vuelve a la macro. Así como Mendoza crece menos que el país, la Argentina crece menos que el mundo. Con un riesgo país por encima de los 600 puntos, la inversión difícilmente se materialice. Arriazu lo sintetiza con crudeza: la Argentina no invierte, no genera empleo ni productividad. Es un país pobre en resultados, aunque no en potencial.
Mientras los argentinos sigan prefiriendo el dólar al peso, el crecimiento seguirá condicionado. Entre abril y diciembre de 2025 se compraron 31 mil millones de dólares para atesoramiento, y hoy esa demanda ronda los 2.700 millones mensuales. De sostenerse esa dinámica, no hay margen para una mejora relevante.
Se trata, en definitiva, de confianza. Una cuestión estructural que atraviesa tanto a la economía doméstica como a la nacional. En 2011, los argentinos mantenían en pesos el equivalente al 10 por ciento del PBI. Hoy, apenas el 3,5 por ciento. Si en 2026 se lograra subir medio punto —al 4 por ciento—, implicaría una señal concreta: más confianza, más reservas y más inversión.
Pero nada de eso ocurrirá sin confianza. La de las familias. Y la del país.