Eran las 4.17 del lunes 6. Un primer terremoto de magnitud 7,8 sacudía una vasta zona poblada por decenas de ciudades comprendidas entre Siria y Turquía. La inmensa mayoría de los casi 13 millones de personas afectadas por el sismo dormía. Nueve horas más tarde, en la misma zona, otro movimiento, pero de magnitud 7,5, volvía a sacudir la región. Entre ambos sacudones, alrededor de 6.000 edificios sólo en Turquía se desplomarían como un mazo de naipes.

A diez días de la tragedia, unas 40.000 personas perderían la vida: se calcula que no menos de 35.000 en territorio turco, y el resto, en Siria. Una cruzada internacional de salvataje uniría fuerzas para concentrarse en las zonas del desastre para dar ayuda humanitaria a las víctimas e intentar rescatar a la mayor cantidad de supervivientes que se pudiese.

Este miércoles, pasado el mediodía argentino, la Policía Federal daba la más que grata noticia de que la brigada nacional de expertos, con dos perros, enviada a Turquía había logrado rescatar con vida en Hatay (una de las ciudades más afectadas) a tres personas, dos adultos y un niño, tras casi 240 horas enterradas en una montaña de escombros, hierro y cemento. Un verdadero milagro, de entre unos cuantos que se han contabilizado, por suerte, en medio de tanta desazón, y de los que han sorprendido y enternecido al mundo entero.

Las cientos de imágenes y videos de confección casera, tomadas con celulares, que mostraron cómo se fueron desplomando los pocos edificios que habían quedado en pie algunas horas después de los sismos, encendieron las primeras luces de alarma en los departamentos de justicia turcos: el hecho, las formas y las extrañas características de cómo se venían abajo, desplomados verticalmente, con todos los pisos amontonados unos sobre otros sin dejar al descubierto, casi, algunos vestigios de lo que serían las columnas de contención y de sostén, dio paso de inmediato a la creación de una unidad especial para investigar posibles irregularidades y negligencias en la construcción de los edificios derrumbados. Tan es así que se han llegado a librar más de 110 órdenes de detención, mientras que el sábado, la policía turca detuvo a 14 personas en las provincias de Gaziantep y Sanliurfa involucradas en la construcción de los edificios. Y el viernes, en el aeropuerto de Estambul, las fuerzas de seguridad lograron atrapar, cuando intentaba huir a Montenegro, a otro constructor turco de un exclusivo edificio residencial que se derrumbó con más de 100 personas en su interior en Hatay, según lo informado por el diario español El Mundo.

De acuerdo con lo que está trascendiendo de la megainvestigación especial en marcha, los edificios se habrían construido sin seguir los criterios más estrictos de calidad y seguridad, pese a que así se promocionaron, y en otros se ha llegado a comprobar que se eliminaron pilares para ganar espacio en las viviendas, afectando la resistencia estructural. Según afirman los medios turcos, las detenciones son parte de los primeros pasos para detectar responsabilidades en un momento en el que arrecian las denuncias y sospechas de corrupción y de escaso control oficial sobre las construcciones.

La conmoción de lo ocurrido en Turquía y Siria ha llegado, en alguna medida, al Gobierno mendocino bajo la forma y modalidad de la prevención y la revisión de los procedimientos y códigos que se aplican. Mario Isgró, el ministro de Infraestructura, ha reconocido la intención de hacer un barrido por todos los departamentos para contar con información precisa de lo que está ocurriendo en el territorio con la aplicación de los códigos de construcción. Como los municipios son autónomos, cada uno de ellos define sus propias políticas y medidas en materia de edificación y excepciones, y la idea de Isgró es extender en todo el territorio un código único. “Para que todo el mundo sepa qué cosas se deben cumplir mínimamente y con eso, además, evitar demoras en los procesos”, según ha reconocido a este diario.

Pese a los avances, en Mendoza todavía persisten construcciones vulnerables a los sismos. Están esparcidas en todos los departamentos, pero en particular en Godoy Cruz, parte de Capital y Guaymallén.

El relevamiento que se ha intensificado en las últimas semanas no sólo apunta a unificar el código de construcción, sino a detectar las razones por las que las aprobaciones de los planos se demoran más de lo aceptable y a evitar la proliferación de las construcciones clandestinas, las que, una vez detectadas, dicen en el Gobierno, ya es tarde, muchas veces, para frenarlas: “Mucho más cuando estas construcciones ya están habitadas”, amplía Isgró.

En Mendoza, según el funcionario, desde el 2018 se aplican normas internacionales para la construcción, aprobadas especialmente en los países que cuentan con zonas sísmicas, como es el caso del oeste argentino y, particularmente, en nuestra provincia y San Juan. Se trata de un conjunto de normas específicas que han surgido del Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC) con la misión de “investigar, desarrollar, actualizar y difundir los reglamentos y códigos que regulan la seguridad, durabilidad y calidad de las estructuras y construcciones que se hacen en Argentina”.

Isgró prepara una reunión con la UTN, la UNCuyo y los geólogos e ingenieros de Mendoza para estos días y con la participación de los municipios, también, con el fin de comenzar a discutir los primeros esbozos de lo que sería la unificación de un código de construcción con vigencia en toda la provincia.