Javier Milei viene de señalar en Davos, centro del Foro Económico Mundial, que su gobierno ya ejecutó más de 13.500 reformas estructurales en la economía y el sistema impositivo. Un número que impresiona y que pudo haber sorprendido a propios y extraños de la comunidad libertaria, tan cercana ella a los efectos sobrecargados de histrionismo. De igual forma, se sabe, desregulación, apertura, ajuste fiscal, eliminación de controles y retiro del Estado forman parte del núcleo duro de un programa que, a más de dos años de iniciado, logró ordenar algunas variables macroeconómicas clave. Sin embargo, cuando el foco se corre hacia el empleo, las empresas y la actividad real, el balance aparece mucho más áspero y lleno de claroscuros. Un poco más abajo, en la micro, en el área de la economía cotidiana, en el nivel de la gente el impacto de los cambios sólo se ha percibido en el control de la inflación lo que no es poco y que el resultado de las urnas ha reconocido. De igual forma hay gusto a fósforo y el dejo de esperanza sigue rodeado de fuertes incertidumbres.
¿Cuánto de ese shock reformista ha llegado efectivamente a la calle? Desde diciembre de 2023, el Gobierno avanzó con una agenda inédita de reformas vía decretos, un intento de ley ómnibus que se desguazó en el camino, desregulaciones sectoriales y una poda única del gasto público que en el primer mes de gestión ya superaba el 30 por ciento de un año a otro. El superávit fiscal y la fuerte desaceleración de la inflación se convirtieron en los principales activos. También mejoraron algunos indicadores financieros y se estabilizaron expectativas de largo plazo en sectores puntuales como energía y minería.
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El serio problema del plan y al que se enfrenta el gobierno libertario es que tal normalización macroeconómica no ha logrado traducirse en una recuperación sólida del empleo formal ni en un rebote generalizado de la actividad productiva. La economía se ordenó “desde arriba”, el mercado laboral paga todavía uno de los pesos más fuertes del ajuste mientras que ante al dilema o a la encerrona coyuntural, el oficialismo responde con las reformas estructurales por venir, como la laboral ya en el camino parlamentario; la tributaria para mediados de año quizás, y la previsional por la que se espera mejores tiempos por venir.
Entre noviembre de 2023 y fines de 2025, la Argentina perdió alrededor de 276 mil puestos de trabajo registrados. Está clara que mucho del empleo perdido estaba sostenido por un modelo ficticio, irreal, montado sobre una estructura más que endeble dependiente de un Estado y de un sistema o modelo en descomposición.
La mayor parte de esa caída se dio en el sector privado, con más de 194 mil empleos asalariados perdidos, concentrados especialmente en empresas grandes de sectores beneficiados y protegidos. Hay informes no desmentidos oficialmente que indican que el 67 por ciento de los empleos menos se dieron en empresas de más de 500 trabajadores.
El ajuste obviamente pasó por el Estado. Hasta noviembre de 2025 se contabilizaban más de 60 mil desvinculaciones en el sector público, incluyendo administración central, empresas estatales y organismos descentralizados. La caída en el empleo en casas particulares, con cerca de 15 mil puestos menos ha tenido el efecto de un termómetro directo del deterioro del ingreso y del consumo.
Los especialistas sostienen que lo que opera, además de un cambio en las reglas de juego, especialmente para las empresas, es un cambio profundo en la estructura de negocios para los sectores tradicionales. Desde el inicio de la gestión Milei hasta comienzos de 2026, cerraron alrededor de 21.000 empresas, lo que equivale a casi 30 cierres por día. Podría ser peor. El 99,6 por ciento de los cierres lo concentra el sector Pyme. Todo cruje en medio de las transformaciones. El escenario de apertura comercial, caída del consumo interno, aumento de costos y la retirada de políticas de sostenimiento muchas de ellas propias de un populismo que buscó sometimiento, más que ninguna otra cosa, dejó a miles de pequeñas y medianas empresas sin margen de maniobra.
La radiografía del impacto ha quedado a la vista. Industria, construcción, comercio y transporte concentraron las mayores caídas de actividad y empleo. La construcción ha estado a la cabeza: la paralización de la obra pública provocó la pérdida de más de 80.000 empleos directos a nivel nacional. En Mendoza, según el gremio que los representa, la pérdida ha sido de unos 800 empleos.
En el otro extremo, minería, energía y el campo muestran un comportamiento distinto. Los economistas explican el fenómeno en que se trata de sectores más vinculados al mercado externo, con menor dependencia del consumo interno y directamente alineados con el modelo de apertura y desregulación que propone el Gobierno. Allí aparecen buenas señales e incluso de crecimiento moderado, aunque con bajo impacto inmediato en el empleo masivo.
En Mendoza, el impacto del ajuste no fue neutro, aunque se ha comportado de manera sensiblemente distinto al nacional. Al cierre de 2025, la provincia registra unas 35 mil personas desocupadas, con una tasa cercana al 6,2 por ciento. La caída del empleo golpea especialmente a industria, agro y construcción.
El caso de la vitivinicultura condensa muchas de las tensiones del modelo, aunque sufre por la caída sostenida del consumo a nivel global. La caída del consumo interno, además, la retracción del mercado y ciertos cambios regulatorios profundizaron una crisis que ya venía de arrastre.
Hacia fines de 2025, el consumo de vinos blancos cayó 9,9 por ciento y el de tintos 1,4 por ciento de acuerdo con datos oficiales. Bodegas históricas enfrentan serios problemas financieros, mientras que ha crecido la incertidumbre de cara a la vendimia 2026.
El Gobierno sostiene que el verdadero punto de inflexión llegará con la reforma laboral y la reforma tributaria de fondo, aún pendientes. Sin esos cambios estructurales, argumenta, el mercado de trabajo seguirá reaccionando con lentitud y las inversiones no terminarán de despegar.
Mientras tanto, hay una mirada inequívoca: la macro se ordenó, pero el empleo no repunta. Las reformas existen, el shock fue real, pero la economía cotidiana —la del trabajo, las empresas y las provincias— todavía espera su turno.