El conducir distraído, con sueño, bajo los efectos del alcohol, imprudentemente y con exceso de velocidad constituyen, para las estadísticas, los principales motivos que provocan la mayoría de los accidentes de tránsito en Argentina.

Algunos ocurren bajo todas esas circunstancias combinadas, en otros casos, alguna de ellas subyace. Son las mismas causas que aparecen en el mundo entero, en general y básicamente, cuando se buscan los porqué de la siniestralidad en las rutas y en las autopistas. Pero, la mayoría de los países, independientemente de las motivaciones que explican los accidentes viales, les exigen a sus conductores circular en vehículos bajo condiciones aptas, objetivo que se logra exigiendo lo que se denomina verificación o revisión técnica vehicular. En Europa, por caso, la verificación es tan importante que, ante un siniestro, cualquiera sea el nivel de gravedad, las compañías de seguro no responden si el vehículo en cuestión no ha pasado previamente por un proceso de revisión general de su estado, el que se exige, siempre de acuerdo con la legislación de cada país, cada dos años promedio.

Como, lamentablemente, nada escapa a la intencionalidad política, y desde que se instauró la grieta ideológica en la Argentina al momento de definir hasta las conductas y los modos de movimiento de la sociedad, hay que decir que nada es igual para todos sus ciudadanos y que las normas van cambiando según territorios, situaciones particulares, cuestiones geográficas y, desde ya que visiones políticas diferentes; no todo forma parte de un mismo patrón de conducta ni de normas al momento de ser exigidas.

El debate sobre la revisión técnica obligatoria en Mendoza lleva varios años. Ahora se ha agudizado porque el Gobierno informó que desde noviembre es exigible bajo sanción, lo que se entiende bajo los efectos del pago de una multa para el caso de que no se cumpla con ella. Mientras se mantuvo en el plano de la discusión puramente, o en tiempos de concientización, el drama no pasó a mayores. Hoy es un problema mayor para quien no haya cumplido con ella y se le haya exigido o para quien se precie de ser un conductor responsable y solidario.

La exigencia está siendo resistida por parte de la sociedad en Mendoza. No se sabe muy bien si es una mayoría o si se trata de una minoría ruidosa, como ha venido sucediendo para el caso del desarrollo minero. Quizás se trate de una manifestación a favor de que el Estado le dé garantía al ciudadano de que se están haciendo las cosas bien. Y como esas garantías no aparecen claramente, sino que más bien todo alrededor de la revisión técnica parece moverse en un terreno pantanoso y para nada confiable, el malestar subsiste por todo lo demás.

Tampoco ha sido explicado el porqué en Mendoza se optó por asumir un modelo nacional con diferencias cuando no parecen estar del todo justificadas. Por caso, el hecho de hacer exigible la revisión cada año después de los tres años de antigüedad de los vehículos cuando lo que rige a nivel nacional es cada dos años, como sucede en general en el resto del mundo. Digamos que ni el Gobierno ni mucho menos el debate legislativo ha dejado claro ese punto, como para que todos entiendan los motivos de tales decisiones.

El tema, como problema visible, viene siendo arrastrado desde algunos años a esta parte. Y seguirá en esa situación, irresuelto, por algún tiempo más, de acuerdo con lo dicho por el gobernador Rodolfo Suarez, el que parece dilatar una definición en cuanto al tiempo de vigencia de la revisión porque se lo han exigido desde sectores críticos a su gobierno. Y mucho más desde el interior de la coalición de gobierno, un asunto que, evidentemente, el Ejecutivo, este Ejecutivo, no está en condiciones de digerir.

Lo cierto es que, aunque en el mundo entero esté probado que la mayor incidencia en los accidentes de tránsito tiene que ver con cuestiones puramente humanas y no técnicas, las revisiones temporales no sólo son exigibles, sino que, por sobre todo, son aconsejables al momento de conducir un vehículo seguro.

Está claro, también, que los cuestionamientos que tiene el sistema en Mendoza se reproducen en otras partes del país. Es el caso de la Ciudad de Buenos Aires en donde se ha disparado una no tan inusual polémica sobre el sistema al haberse autorizado para el año que viene un incremento de 80 por ciento de los valores de la revisión.

Además de que se sospecha, como es habitual, de que se trata del mantenimiento de un “curro” de la política, hay quienes sostienen que el sistema no funciona y que no tiene sentido. Por caso, uno de los políticos de la oposición, proveniente del Pro, como Javier Iguacel, actual intendente de Capitán Sarmiento y aspirante a la Gobernación bonaerense, es quien encabeza una ofensiva para eliminar la revisión. Ante el aumento que se avecina en la CABA, Iguacel sostiene que, si llegara a la Gobernación, hoy en manos del kirchnerista Axel Kicillof, eliminaría la revisión vehicular porque los siniestros no tienen que ver con el estado de los vehículos, sino con actitudes “negligentes”.

Iguacel ha tomado un informe del Centro de Experimentación de Seguridad Vial (Cesvi), para asegurar que los accidentes se producen en un 89,5 por ciento por una distracción o por impericia. De acuerdo con lo que Iguacel posteó en su red social de Twitter, las estadísticas señalan que “la falla más común es la invasión de carril en un 44,2 por ciento, seguida de la distracción en un 14 por ciento y la maniobra abrupta en un 10 por ciento. Pero, también se registraron velocidades indebidas en un 9 por ciento, el no respeto a la señalización en un 6,9 por ciento, no respetar la prioridad de paso en un 6,5 por ciento, la distancia de seguimiento inadecuada en un 5,2 por ciento y el cansancio en un 2,7 por ciento”.

El asunto es que, aunque se trate de un tema cruzado por la grieta, es motivo de discusión en una Argentina a la que le cuesta dar garantías, seguridad en las decisiones y confiabilidad. En Mendoza, además, se suma algún grado de improvisación y falta de claridad.