“Creo indispensable reunirme con usted para formular en conjunto un plan de diez años de duración que involucre a más de un gobierno y que dé seguridad a los mendocinos sobre el funcionamiento del Estado y de los servicios básicos, posibilitando un horizonte donde, pese a las dificultades, podamos pensar en crecer”.

El recorte entrecomillado es parte de una carta que, en octubre de 1995, dos meses antes de asumir la Gobernación luego de ganar las elecciones de mayo de ese año, enviaba Arturo Lafalla a los candidatos con los que había competido y a los que se había impuesto. Sus adversarios habían sido Víctor Fayad, quien lo había enfrentado llevando como referente a la Presidencia nada más y nada menos que a José Octavio Bordón, el Pilo, quien había enfrentado valientemente a un Carlos Menem que lograría la reelección presidencial gracias a los efectos todavía provechosos y beneficiosos de una convertibilidad que había logrado el milagro de que los argentinos nos olvidáramos de la hiperinflación de fines de los 80 y de la inflación, propiamente dicha. Claro que, al poco tiempo, los desajustes de un plan que no fue revisado ni modificado ni aggiornado a los nuevos tiempos de fines de la década, comenzaría a mostrar indicios de fatiga y a hacer agua por los costados, lo que le costaría al poderoso menemato de entonces la derrota en las elecciones, con una pobreza en aumento y un proceso de desigualdad social que emergía con brutalidad como pocas veces había sucedido en el país.

Pero, en Mendoza, Lafalla, como diputado nacional y electo en las provinciales, se preparaba para asumir la Gobernación imaginando años muy complicados por delante, producto de la crisis que se avecinaba y de un endeudamiento por poco descontrolado de casi 1.000 millones de dólares que le dejaría Rodolfo Rolo Gabrielli, su compañero peronista, como herencia. Lafalla completaría, al final del mandato en 1999, el glorioso
período del peronismo al comando de la provincia que pasaría a la historia como “el equipo de los mendocinos”.

El nuevo gobernador pedía ayuda. La carta tenía como destino a sus vencidos. Además de a Fayad –quien decidió no asistir aduciendo que el pueblo le había asignado a Lafalla la responsabilidad de gobernar y de tomar las decisiones, con lo que él no tenía nada que hacer en ese encuentro, pero en su remplazo acudieron José Genoud y Néstor Piedrafita–, fue enviada a Carlos Balter, el representante del viejo PD, que respondió de buen grado y quien asistiría al convite acompañado por Gabriel Llano, presidente del partido por entonces.

Aquel gobernador reconocía la crisis y pedía ayuda, como está dicho. Se diferenciaba de su antecesor, el Rolo Gabrielli, “no para exonerarme”, aclararía, en tono de confesión, Lafalla, del gobierno que sucedía y del que había formado parte, sino más bien para tomar distancia de una forma y un modo de conducción al que le había costado reconocer errores y fracasos, pese a que, así y todo, lo hecho le alcanzaría para cederle el bastón de mando a otro peronista como Lafalla. Las invitaciones también tuvieron otro destino, además del político partidario, como al sector de las fuerzas productivas, económicas y empresariales de la Mendoza de entonces, como la FEM y la UCIM, entidades que todavía hoy mantienen su vigencia y presencia, pero que en aquellos años pisaban fuerte, con gran poder de influencia.

Lo interesante de todo es que, a casi 30 años de ese acontecimiento de la historia reciente de la provincia, los problemas que señalaba Lafalla y que para resolverlos pedía ayuda pese a haberse impuesto claramente en las elecciones a gobernador, siguen ahí, más vivos y coleando que nunca, incluso, algunos de ellos, agravados.

El nuevo gobernador proponía que entre todos se diagramara un plan de acción con el compromiso de ser cumplido, con metas y objetivos claros, durante los siguientes cuatro años: “Un plan común para diez años y un plan para la emergencia”, diría Lafalla algunos años más tarde en su libro Utopía y realidad, testimonio de un gobernador (1995-1999), que vio la calle en el 2010.

“Quería debatir y acordar con los otros referentes políticos un acuerdo programático de diez años y propuse quince puntos básicos y ocho medidas para la emergencia”, explicó Lafalla. Y si bien los invitados acudieron a la cita, ninguno quiso comprometerse con el plan y mucho menos formar parte de un gabinete, porque Lafalla, además, les ofrecía sumarse al Gobierno en lugares clave. Sí le respondieron que podían acompañarlo a hacer gestiones ante la Nación para conseguir algún salvataje especial y también lo torearon –como lo hiciera Balter- con el endeudamiento provincial y la apertura de los datos y números para estudiarlos. “Fui un ingenuo”, concluyó casi con amargura el ex gobernador. “Los mendocinos no toman sus decisiones teniendo en cuenta el largo y mediano plazo y con miras al interés general, sino que deciden en función de sus intereses inmediatos, vinculados con el ejercicio del poder”, escribió Lafalla.

Los planteos que describía Lafalla tienen mucho, pero mucho que ver con los problemas actuales no resueltos e, incluso, agravados:

  • 1) mayor equidad social, esencialmente en nutrición y escolaridad;
  • 2) sistema único de salud;
  • 3) establecer un mecanismo para el desarrollo provincial teniendo en cuenta las particularidades de cada oasis;
  • 4) destinar 33 por ciento del presupuesto a la educación y vincularla con el sector productivo;
  • 5) determinar prioridades en el aprovechamiento del recurso hídrico;
  • 6) consolidar un sistema productivo;
  • 7) incentivar la integración económica, cultural y física con Chile;
  • 8) diseñar una estrategia de acción con los legisladores de Mendoza en defensa de Mendoza en los pactos fiscales y en la discusión por la coparticipación;
  • 9) fortalecer y modernizar el Poder Judicial y las instituciones de control del Estado;
  • 10) acordar la reforma de la Constitución;
  • 11) refinanciar la deuda pública;
  • 12) crear un fondo único de financiamiento del Estado;
  • 13) garantizar el equilibrio presupuestario;
  • 14) instaurar un mecanismo que garantice la conducta ética de los funcionarios y demás que se dediquen a los quehaceres del Estado.

Aquel punteo de urgencias y asuntos a resolver también incluía un programa para lo que sería un tema clave de la discusión que se avecinaba, la privatización de EMSE y OSM que permitirían, a la postre, la construcción del dique Potrerillos.

El tiempo pasó, y los dramas continúan ahí, quizás con más complejidades. De todas maneras, la gestión de Lafalla alcanzaría a reconocerse como la única política de Estado de la política contemporánea: la de la reforma en seguridad de 1998. Luego de eso, Mendoza ha navegado entre olas más o menos agitadas, para alcanzar tierra e internarse en esta meseta chata con leve pendiente descendente, pero constante y duradera.